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Denuncia

Salió de penal y volvió a ser detenido acusado de golpear a su expareja en Bahía Blanca

Con una orden librada por el Juzgado de Garantías 4 a pedido de la Fiscalía 14 de Bahía Blanca, personal de la comisaría de la Mujer y de la Familia -junto a efectivos de la comisaría séptima- procedieron a detener al hombre en un operativo realizado en una vivienda ubicada en Estación Algarrobo al 2.400, de Bahía Blanca.

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Un hombre de 40 años que recuperó la libertad el pasado mes de junio, tras estar detenido por un hecho de violencia de género, fue detenido por orden de la Justicia acusado de agredir nuevamente a su expareja en una vivienda de la ciudad de Bahía Blanca, informaron hoy fuentes policiales.

Con una orden librada por el Juzgado de Garantías 4 a pedido de la Fiscalía 14 de Bahía Blanca, personal de la comisaría de la Mujer y de la Familia -junto a efectivos de la comisaría séptima- procedieron a detener al hombre en un operativo realizado en una vivienda ubicada en Estación Algarrobo al 2.400, de Bahía Blanca.

Según indicó un jefe policial, «se ordenó la detención de un hombre identificado como Luis Durán Guzmán, de 40 años. por el delito de lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con dos hechos de desobediencia y amenazas».

«Esta persona había recuperado la libertad en junio de este año de la unidad penal 4 de Villa Floresta, Bahía Blanca, luego de estar un año y 2 meses preso por lesiones leves contra su ex pareja», agregaron.

Ahora, luego de salir, la mujer volvió a denunciar al hombre, quien la habría amenazado y hasta golpeado en una vivienda de Bahía Blanca.

Por lo tanto, Guzmán ahora fue trasladado a una dependencia policial a la espera de ser indagado por la titular de la fiscalía 14 bahiense.

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Argentina

Jujuy: Morales instaló una «empresa de espionaje ilegal»

Así lo denunció la Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos.

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El-Argentino-Gerardo Morales

La Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos denunció hoy el funcionamiento de «una empresa de espionaje ilegal» en Jujuy, con participación de la justicia en el «armado de causas con hipótesis delictivas» y con infiltraciones de la policía en las organizaciones sociales, lo cual «están vulnerando las garantías y derechos constitucionales de la democracia».

En tal sentido, presentaron una denuncia penal en la fiscalía federal de Jujuy contra el ministro de Seguridad de la provincia, Luis Alberto Martín; el jefe de Policía, Héctor Herbas Mejía; el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía provincial, Marcelo Rodríguez; el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Diego Funes y del juez de Control en lo penal y Delitos contra la Administración Pública de Jujuy Rodolfo Fernández «por la presunta comisión de delitos de acción pública, por hechos violatorios de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional».

«La primera acción de esta empresa de espionaje fue infiltrar, ese es el primer hecho que denunciamos, la infiltración (en marchas y movilizaciones). Acá se persiguen a todos los opositores, no hay nadie en particular, se los persigue a todos», dijo a la prensa la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, en la CTA de Jujuy.

«Cometida la infiltración, el fiscal Funes solicita allanamientos, que también constan en la denuncia, y con eso va construyendo hipótesis delictivas de las que el juez de control toma intervención tres meses después», precisó.

Detalló que «se violaron dos leyes federales, por eso la competencia es federal y no pueden desestimarla», dado que «se realizaron tareas de espionaje ilegal sin denuncias previas que vinculen la comisión de una actividad criminal».

«Estas tareas de espionaje ilegal según los hechos y las pruebas que constan en esta denuncia fueron encomendadas a la Agencia de Delitos Complejos provincial», apuntó.

Consideró que «es importante que la población entienda cómo funciona esta estructura judicial policial que estamos denunciando; definitivamente una empresa de espionaje ilegal». Añadió que obedece a «una estrategia» del Gobierno para «el aniquilamiento del que piensa diferente, donde (el gobernador Gerardo) Morales debe ser también el garante de que se cumpla la Constitución Nacional en la provincia, con los debidos procesos, tratados internacionales, así como en todas las jurisdicciones del país».

Carpinetti indicó que toda esta estructura «constituyó una empresa de espionaje ilegal» y la fiscalía «debe investigar los hechos, abrir a prueba e iniciar con las testimoniales».

La denuncia se realizó en el marco de la cuarta visita de la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos a Jujuy con participación de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.

Durante su permanencia en Jujuy para hacer un relevamiento sobre vulneración de derechos, la Comisión visitó Tilcara y San Pedro de Jujuy y advirtió la presencia de un policía que los estaba espiando mientras tomaban las denuncias, dijeron.

«En San Pedro recepcionamos muchísimas denuncias de pequeños productores muy preocupados porque les están iniciando causas, algunos ya imputados, debido a que tienen una orden de desalojo de la tierra que ocupan para la agricultura familiar», relató la abogada del Ministerio de Justicia de la Nación Daniela Verón, integrante de la Comisión.

«Sufrimos un acto de espionaje ilegal, infiltración, en particular lo puedo comentar porque lo sufrimos, era un oficial de policía vestido de civil que también es ayudante de un fiscal», afirmó y dijo que «tras advertirle se retiró».

El referente del Movimiento Evita de Jujuy José Zurita indicó que la práctica del espionaje la «observan continuamente» a través de «la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy que va a las casas de los compañeros y compañeras y le pregunta a los vecinos si los conoce, qué hacen, de qué vive y trabaja».

También esto ocurre, dijo, en los comedores y merenderos donde hay niños y adultos mayores.

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