La “reevaluación” de la causa y cuatro nuevos testigos motivaron la libertad de L-Gante
Para el juez, las declaraciones de los nuevos testigos, realizadas a fines del mes pasado, fueron determinantes para ordenar la inmediata excarcelación del cantante.
El juez que anoche le otorgó la libertad a Elián Ángel Valenzuela, el músico más conocido como L-Gante que permaneció casi 100 días preso, tuvo en cuenta la declaración de cuatro nuevos testigos presenciales de la supuesta privación ilegítima de la libertad que protagonizó en mayo pasado en la localidad bonaerense de General Rodríguez, lo que motivó una “reevaluación” de la prueba que existía en el expediente y benefició al acusado con la excarcelación por el “beneficio de la duda”.
“Los testigos presenciales de los incidentes que dieron raíz a los hechos endilgados a Valenzuela, dan cuenta del estado de alcoholismo y exaltación en el que se habría encontrado el denunciante y su enemistad manifiesta contra el aquí imputado Valenzuela y sus amistades”, dice entre sus conclusiones el juez de Garantías Gabriel Castro.
Para el fiscal que investigó el caso, Raúl Villalba, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, L-Gante (23) está acusado por cuatro hechos: Las amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas en perjuicio de Darío Gastón Torres; la privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples de Rosa Catalina Passi; la tenencia simple de estupefacientes; y el encubrimiento agravado por el ánimo de lucro por tener en su poder un IPhone 12 Pro denunciado como robado.
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Sin embargo, para el magistrado, las declaraciones de los nuevos testigos realizadas a fines del mes pasado motivaron una “reevaluación” de la prueba y ordenó la inmediata libertad de L-Gante.
Tras la decisión del juez, el referente de la cumbia 420 abandonó alrededor de las 23 acompañado de un grupo de amigos la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes en la que estaba alojado desde el 6 de junio pasado.
Con una gorra blanca, una campera verde flúor y una barba candado, el músico explicó que aprovechó el tiempo detenido para “recapacitar”, cuidarse más, endurecerse “mentalmente”, “pensar de buena manera” y meterle “con todo” a la lo que más le gusta: “cumbia 420 para los negros”.
El juez Castro entendió que debía garantizarse el principio de “in dubio pro reo” (que establece que en caso que existan dudas se debe beneficiar al imputado) y “la regla general de que el acusado transite el proceso en libertad durante la sustanciación del mismo, y hasta tanto exista una condena en su contra; máxime, cuando las dudas advertidas tornan, a mi entender, que el actual encierro preventivo deviene injusto e irrazonable”.
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En sus conclusiones, además de la declaración de esos nuevos testigos, el magistrado evaluó una nueva declaración de la víctima Passi, quien -para el juez- incurrió en “múltiples contradicciones” respecto a su testimonio anterior.
“En la primera de ellas afirmó: ‘Me hizo subir a la camioneta’ y en su última declaración hizo saber que tras estar cinco minutos en la puerta de su casa subió a la camioneta porque tenía frío”, explicó Castro en su resolución.
Otro de los puntos importantes considerados por el juez fue el testimonio de Mayra Gimena Flores, expareja del hijo del denunciante Torres, quien aseguró que la víctima se subió por sus propios medios a la camioneta de L-Gante y sin ser amenazado por el músico de cumbia.
“Todo ello conlleva entonces a la necesidad que sea en el marco del juicio oral a llevarse a cabo, donde sea producida efectivamente la prueba, y todas las partes intervinientes en el proceso, puedan ejercer eficazmente sus derechos (…) respecto del cúmulo de actos de investigación que componen la etapa de instrucción”, indicó Castro en la resolución a la que tuvo acceso Télam.
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La denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo por Darío Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.
La mañana de ese día, a la salida del local bailable “Río” ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada “La Mafilia”, el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.
Según denunció Torres, cuando se retira del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela y tras ello, integrantes de La Mafilia fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.
Luego, siempre de acuerdo a su denuncia, pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y lo subió por la fuerza.
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A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado la joven Rosa Catalina Passi, también vecina del músico y quien había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante.
Luego y siempre según la denuncia, algunos integrantes de “La Mafilia” fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: “Largame a los pibes o a éste te lo mato”, en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.
Supuestamente Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y soltó a las víctimas.
Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.
“Peña era una pieza importante el organigrama del gobierno de Macri y se lo convoca en una investigación que tiene por objetivo, precisamente, investigar a Macri, Aguad y Srur”, resumió una fuente judicial al explicar los motivos de la convocatoria.
La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, convocó a declarar como testigo al exjefe de Gabinete del Gobierno de Cambiemos, Marcos Peña, en la causa en la que se investiga la eventual responsabilidad penal del expresidente Mauricio Macri, del exministro de Defensa Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017, según informaron fuentes judiciales.
“Cítese a prestar declaración testimonial a Marcos Peña, quien deberá comparecer el 13 de diciembre a las 10 a la sede del juzgado federal de Caleta Olivia”, se indicó en la resolución en la que quedó asentada la convocatoria, a la que accedió Télam.
“Peña era una pieza importante el organigrama del gobierno de Macri y se lo convoca en una investigación que tiene por objetivo, precisamente, investigar a Macri, Aguad y Srur”, resumió una fuente judicial al explicar los motivos de la convocatoria.
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Entre los procesamientos confirmados se encuentran los del excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el exjefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa
Al conocer la citación, la abogada Valeria Carreras, representante de una de las querellas de familiares de tripulantes, sostuvo: “La búsqueda de sanción penal para todos los responsables de la muerte de los 44 tripulantes y del mal manejo de la búsqueda y demás atropellos a los que fueron sometidas las familias que represento, es el objetivo que persigue esta querella mayoritaria”.
“Por eso no nos detenemos, en ninguna de las causas del Ara San Juan, aunque parezca que la verdad se diluye como sal en el mar, podemos decir que la convocatoria a declaración testimonial del ex jefe de gabinete Marcos Peña, es un paso procesal importante”, enfatizó.
Además adelantó que la convocatoria “permitirá preguntar sobre el informe 110 presentado al Congreso, entre otros puntos que se contradicen con la información proveniente de la armada”.
Esta causa había cobrado un nuevo impulso en noviembre del 2020 cuando la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó determinar la eventual responsabilidad penal del Macri, Aguad y Srur en el hundimiento del submarino ARA San Juan y confirmó la mayoría de los procesamientos dispuestos hasta ese entonces por jueza Yañez, sobre altos mandos de la Armada.
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Foto: Diego Izquierdo.
Entre los procesamientos confirmados se encuentran los del excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el exjefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.
Los exaltos mandos de la Armada se encuentran procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, por el hundimiento del ARA San Juan, cuyo último contacto se produjo el 15 de noviembre de 2017.
En el mismo fallo, los jueces del tribunal de apelaciones de Comodoro Rivadavia dispusieron el sobreseimiento del exjefe del departamento logística de la fuerza submarina Jorge Sulia y del exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada Eduardo Malchiodi.