Diputadas nacionales del Frente de Todos presentaron hoy un proyecto de ley, en el que solicitan excluir del cuerpo al legislador del PRO Gerardo Milman, por «inhabilidad moral», de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional, a partir de su supuesta vinculación con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El proyecto, firmado por las diputadas nacionales Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic, sostiene que los hechos que se investigan contra Milman en la justicia «sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina» y considera que «su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa».

Este martes pasado, en un acto que encabezó en el partido de Avellaneda, la vicepresidenta Fernández de Kirchner había asegurado que «hay una patente de impunidad para todo aquel que no sea peronista» y apuntó contra Milman que quedó involucrado en la investigación de su intento de asesinato y continúa ejerciendo el cargo en la Cámara baja.

«¿Qué pasa cuando nos enteramos por medios de comunicación que el señor, siendo integrante de la comisión de Seguridad, tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad?«. se preguntó Cristina, quien añadió que: «Hay una patente de corso e impunidad para todo aquel que no sea peronista. Y para todo aquel que lo sea se le inventan cosas».

En el proyecto, las diputadas hacen referencia además a una serie de «inconductas» del diputado Milman, entre ellas, hacen mención al «involucramiento de Milman en el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner».

Asimismo, las diputadas argumentan el pedido de inhabilidad moral una serie de asesoramientos de Milman en temas de seguridad del diputado, entre ellos hacen mención a que el 1 septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra».

También, hacen referencia al «uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado» y consideran que esa situación «entra en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de esta Honorable Cámara, tal como se desprende del art. 15 de la Ley N° 25.188 de Ética Pública referido al deber de abstenerse de intervenir respecto de cuestiones particularmente relacionadas con su interés particular».

Finalmente, las diputadas destacan «los sospechosos contratos de alquiler del diputado Milman, por resultar inexplicables en relación a sus ingresos como diputado nacional», y entre los mismos se encuentran una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz en un club exclusivo por el cual pagó USD 37.000 por nueve meses y expensas por $120.000 y una casa en Pinamar por USD 12.000 por mes.