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Legislativo

Cecilia Moreau será reelecta el jueves como presidenta de la Cámara de Diputados

Moreau, una dirigente que forma parte del Frente Renovador -el espacio político liderado por Sergio Massa-, y que se convirtió en la primera mujer en presidir la cámara, accederá a un nuevo mandato tras haber cumplido con los principales objetivos que se planteó desde que asumiera el pasado 2 de agosto.

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La legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau será reelecta hasta diciembre de 2023 como presidenta de la Cámara de Diputados, en una sesión preparatoria que se realizará el próximo jueves y en la que también se renovarán las autoridades que conforman ese cuerpo legislativo.

Moreau, una dirigente que forma parte del Frente Renovador -el espacio político liderado por Sergio Massa-, y que se convirtió en la primera mujer en presidir la cámara, accederá a un nuevo mandato tras haber cumplido con los principales objetivos que se planteó desde que asumiera el pasado 2 de agosto.

La reelección se efectuará en una sesión preparatoria que fue convocada por el secretario parlamentario de la Cámara baja, Eduardo Cergnul, para el jueves a las 11, con el objetivo de designar a las autoridades, según consta en la citación enviada a los legisladores.

Además de ratificar a Moreau, los diputados también confirmarán al vicepresidente primero de la Cámara, Omar de Marchi (PRO); al vicepresidente segundo, José Luis Gioja (FdT), y al radical Julio Cobos, señalaron los voceros del oficialismo y de la coalición opositora de Juntos por el Cambio (JxC).

Aunque no exista renovación parlamentaria derivada de un resultado electoral, la tradición en el cuerpo indica que deben mantenerse los cargos de los diputados que fueron designados a propuesta de sus bloques y sólo se realiza algún cambio si existe una renuncia, como sucedió en el caso de Massa, hoy al frente del Ministerio de Economía.

Uno de los principales desafíos que tuvo que afrontar Moreau fue sancionar la prórroga de impuestos y el Presupuesto 2023, que son claves para la gestión de Massa, luego del traspié sufrido en diciembre del 2021 cuando se rechazó la ley de gastos y recursos diseñada por el exministro Martín Guzmán.

El armado de consensos con los bloques opositores le permitió aprobarlo con 180 votos, ya que fue votada no solo por el FdT sino por los radicales de la dos vertientes que en que se divide la UCR -la bancada clásicia y Evolución Radical-, los interbloques Federal y Provincias y Ser.

Al trazar un balance, Moreau recordó el viernes último que gracias a los consensos con esos bloques el Presupuesto se aprobó con 180 votos positivos y fue «el más votado de los últimos 20 años».

«La Cámara baja recibió el reconocimiento por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) al tratamiento que se le dio, con un debate durante tres semanas y la exposición de nueve ministros y más de 20 funcionarios nacionales, antes de darle la media sanción», señaló en un comunicado.

Si bien este año pudo conseguir los objetivos de sancionar los principales proyectos económicos, como el Presupuesto y la prórroga de impuestos y un conjunto de iniciativas sociales, ahora el oficialismo buscará realizar dos sesiones más: una que podría concretar tras elección de autoridades para debatir un conjunto de iniciativas consensuadas como el régimen de obstetricia; y otra el 14 de diciembre, que tendrá como tema central el proyecto que modifica la ley de Lavado de Dinero y la financiación del terrorismo donde se propone una reforma de la ley 25246, del Código Penal y la creación del Registro de Beneficiarios.

Moreau llegará a la sesión preparatoria del jueves con el logro no sólo de haber sancionado las leyes claves que requiere el Gobierno, sino también con haber formado los consensos -tarea que también realizaba desde su puesto de vicepresidente del bloque- para otras iniciativas de tinte social.

Desde agosto se realizaron siete sesiones con temas de consenso y se pudieron aprobar iniciativas como el Registro de Deudores Alimentarios, la Lengua de Señas y la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la salud cuando hacen su quinta guardia.

La lista se contempla con el proyecto para establecer el alcohol cero la creación de un Plan Federal de Capacitación para funcionarios sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la expropiación del edificio de Cromañón para construir un museo de la memoria.

Otros proyectos cuya sanción era reclamada por organizaciones sociales fueron los vinculados a establecer procedimientos médico-asistenciales para la Atención de las Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal; agilizar el trámite del Certificado Único de Discapacidad; la ampliación del programa para tratar en forma preventiva las cardiopatías congénitas y el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana.

Si bien este este año pudo avanzar en un conjunto de proyectos económicos y sociales, quedó pendiente el tratamiento de las iniciativas de renta presunta, de Agroindustria y la creación del Fondo para pagar la deuda con el FMI.

Otro proyecto que resulta poco probable que se pueda tratar este año es el de Ley de Humedales, debido a la falta de acuerdo entre el FdT y JXC, y la falta de consenso con los gobernadores, en especial con aquellos que tienen emprendimientos mineros en sus distritos.

También permanece pendiente el proyecto de creación del Plan de Pago de Deuda Previsional para que unas 800.000 personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse.

El texto indica que el plan se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.

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Además, los períodos a incluir en el Plan comprenderán lapsos que sean anterior a diciembre de 2008 inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.

En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley y podrá ser prorrogado por igual período.

Legislativo

Oficializan plan para agilizar trámites y eliminar el vencimiento del certificado de discapacidad

Se oficializó hoy un plan que apunta a amplificar el despliegue territorial y promover la eliminación de la fecha de vencimiento de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD).

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La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) oficializó hoy un plan que apunta a amplificar el despliegue territorial y promover la eliminación de la fecha de vencimiento de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), lo que implica “una mejora en todos los pasos de la tramitación, desburocratizar y modernizar” el proceso, detalló Fernando Galarraga, director del organismo.

El “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad” publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) a través de la Resolución 113/2023 tiene como objetivo “considerar, analizar, desarrollar y ejecutar medidas y acciones complementarias que profundicen la reducción de barreras y de cargas burocráticas, y que mejoren y fortalezcan el vínculo de la ciudadanía con discapacidad con esta herramienta esencial de acceso a derechos».

El director de la Andis explicó que esta iniciativa busca “empezar a desbloquear trámites, acercar las herramientas del Estado a la gente y, en definitiva, que la gestión de cualquier trámite que se realiza la Agencia no sea un obstáculo para acceder al derecho que ese trámite garantiza”.

“Una de las patas que tiene este plan es diseñar una herramienta tecnológica -que ya está en proceso de diseño- para tener un dispositivo que nos permita generar estadística y facilitarle a las Juntas la carga de la documentación y de la de los certificados”, detalló el funcionario.

De este modo se podrá acceder a “una plataforma donde tengan información, actualización y se puede ver cuáles son las fechas en que tienen que acercarse a las Juntas o solicitar turno para una Junta si entienden que es necesario”, detalló Galarraga, y precisó que “estas cuestiones son las que van a ir cambiando a medida que avancemos en la implementación de este plan que va a llevar su tiempo hasta que esté en funcionamiento al cien por cien”.

El funcionario recordó la implementación del CUD en formato digital, como otra herramienta a la hora de hacer más simples las gestiones y apuntó que el Plan oficializado hoy “promueve estas acciones que mejoran todos los pasos de la tramitación” de la constancia de discapacidad.

“Esto implica desburocratizar y modernizar el trabajo de las Juntas de Certificación” ,que son las encargadas de otorgar, verificar y renovar los certificados de discapacidad “lo que se va a hacer en distintas instancias”, apuntó Galarraga.

Asimismo, el funcionario aseguró que la iniciativa introduce “una modificación muy significativa que es eliminar la fecha de vencimiento del CUD por otro proceso que tiene que ver con un acercamiento, un acompañamiento del Estado a través de la Junta a la persona con discapacidad para actualizar su situación y conocer en profundidad cuál es la situación de cada persona de manera periódica”.

Galarraga precisó que para poder llevar adelante el Plan es necesario que se realicen “modificaciones normativas que van a salir en las próximas semanas: un despliegue territorial intenso coordinado con las provincias, capacitaciones, creación de juntas itinerantes y fortalecimiento de las juntas en todo el territorio nacional”.

En este sentido, el director precisó que la Agencia coordina las 500 Juntas de Certificación que funcionan en todo el país y que una de las principales tareas de la Andis es “profundizar la capacitación y acercar esas Juntas a la gente en despliegues territoriales, acompañar a las 24 jurisdicciones y mejorar todo lo que tenga que ver con la certificación”.

Galarraga precisó que, “esto un proceso, y como tal lleva su tiempo. Por eso, en principio, se prorrogaron los vencimientos de los CUD que vencieron en 2022 y vencerán en 2023, para que las personas con discapacidad que hoy no consiguen turnos o tienen dificultades en relación a esta renovación no tengan ninguna dificultad y puedan seguir accediendo a todos los derechos”.

Asimismo, remarcó que “mientras terminamos de desarrollar el sistema, los nuevos CUD no van a tener más fecha de vencimiento, sino ese vencimiento se reemplaza por un proceso que tiene que ver con que la Junta se acerque a la persona para actualizar la información, acompañar y actualizar todos los datos y la información cualitativa en relación a la situación de esa persona con discapacidad”.

Galarraga aseguró que durante las audiencias públicas que se dieron en el marco del debate de la Nueva Ley de discapacidad “advertimos una demanda de organizaciones, de la sociedad civil. Hay reclamos históricos del colectivo en este sentido que van en las dos líneas que tratamos de abordar: por un lado la de promover el certificado como herramienta de Derecho, pero también resguardar la función que el certificado tiene para aportar información que sirva de base de construcción de políticas públicas”.

“Estamos viviendo un tiempo donde la política se viene haciendo cargo de manera mucho más activa, mucho más proactiva de la temática de la discapacidad, prueba de ello es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados este año que le dio media sanción a algunos proyectos muy importantes como el del CUD, o el reconocimiento que se le dio a la Lengua de Señas Argentina”, sostuvo Galarraga.

Y concluyó: “aspiramos a que, en marzo, el presidente (Alberto Fernández) pueda finalmente elevar el proyecto que está en su fase final de tramitación, y que los legisladores en ambas cámaras puedan darle una respuesta concreta a las miles y miles de personas que participaron en las audiencias y a la historia, porque la nueva ley de discapacidad es una deuda de la democracia con la sociedad argentina”.

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