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Economía

¿Se robaron todo? Cofco, Cargill, Bunge, Dreyfuss y cómo evadir impuestos

Las mencionadas empresas fueron intimadas a abonar más de US$50 millones por exportaciones de soja.

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La Dirección de Aduanas intimó a las empresas Cofco, Cargill, Bunge y Dreyfuss de haber llevado adelante maniobras a través de las cuales abonaron menos retenciones por exportaciones de soja previamente importadas desde Paraguay, por un monto total estimado en algo más de US$50 millones.

Fuentes de la dependencia que conduce Guillermo Michel confirmaron que “tras una investigación, Aduana intimó a estas cerealeras por más de 50 millones de dólares”.

La operatoria empleada por las firmas agroexportadoras consistía en reducir la base imponible del cálculo de los derechos de exportación sobre soja importada bajo el régimen temporal de Paraguay.

El período comprendido por la intimación corresponde a los años 2020, 2021 y 2022.

Lo valores que la Aduana le reclama a Cofco ascienden a US$ 14,7 millones; US$27 millones a Cargill; US$7 millones a Bunge; y US$3,7 millones a Dreyfuss.

“Desde la Aduana se sigue monitoreando a todo el mercado de los exportadores de cereales, para saber si el resto de las firmas aplicaron la misma lógica de cálculo”, señalaron las fuentes.

Los derechos de exportación de soja procesada, sea importada o nacional, se calculan en base al precio de la tonelada FOB, que representa el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo.

La ley 21453, de normas de exportación para productos agrícolas, aclara que en ambos casos se aplica, para calcular los derechos de exportación, precio oficial y tratamiento arancelario vigente a la fecha del cierre de venta informada por el declarante ante la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.

Mientras que el decreto 1177 del año 1992 agrega que al oficiar el precio oficial como base única de tributación, no corresponde realizar deducción alguna sobre dicha base.

La operatoria de las cerealeras intimadas consistió aplicar el decreto 1330 del año 2004 al momento de declarar la importación temporal de soja paraguaya.

De manera complementaria tomaban en cuenta una nota del año 2002 de la Dirección de Mercados Agroalimentarios, para reducir la base de tributación.

Desde Aduana subrayaron que la normativa que emana del decreto 1177/02 es específica para la importación temporaria de mercaderías que serán destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo.

“En concreto, al precio oficial le descontaban el porcentaje de retenciones a las exportaciones y recién sobre el número resultante de esa cuenta volvían a aplicarle la alícuota de derechos de exportación. Es decir, modificaban la base imponible, hacia abajo, para calcular retenciones”, señalaron las fuentes.

Para la Aduana “la importación temporal de soja es una medida acertada siempre que

permita tener en funcionamiento, y potenciar, la capacidad industrial del polo agroexportador argentino y mejorar el valor agregado”.

Desde el organismo sostienen que “esto no puede implicar que se aplique a un régimen de excepción creado en el 2004 (régimen de importación temporal del Decreto 1330) un criterio técnico de la vieja Secretaria de Agricultura del año 2002” ya que consideran que “no tiene sentido económico ni sustento legal que esté en mejores condiciones -respecto de la base de tributación de derechos de exportación- la exportación de derivados de soja temporal respecto de la exportación de derivados de soja de los productores argentinos”.

En 2018, se importaron de Paraguay 5,8 millones de toneladas, en 2019 bajó a 3,8 millones de toneladas, producto de la caída en la producción previa, lo que obligó a importar más en los años siguientes, que son precisamente los que Aduanas investigó y sobre los que intimó a Cofco, Cargill, Bunge y Dreyfuss.

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Economía

¿Qué es el Índice de Crianza?

Es el “primer cálculo sobre el costo monetario de crianza para la primera infancia, la niñez y la adolescencia”, un valor básico de referencia que apunta a medir cuánto dinero destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar niños, niñas y adolescentes.

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El-Argentino-niñez-niñes-adopción-niños y niñas

Por Victoria Ávila

La directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto, afirmó que el futuro Índice Crianza, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tiene en proceso de elaboración, va a constituir en el futuro un dato central que permitirá contar con información certera sobre el costo de la provisión de bienes y servicios esenciales para la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el de los cuidados de niños y niñas, que podrá pasar a ser el indicador de referencia en los litigios por cuota alimentaria.

Se trata del “primer cálculo sobre el costo monetario de crianza para la primera infancia, la niñez y la adolescencia”, un valor básico de referencia que apunta a medir cuánto dinero destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar niños, niñas y adolescentes, lo que “contribuye a la organización y a la planificación de la vida familiar y, por lo tanto, a la gestión de los cuidados”, destacó Prieto, respecto del indicador que fue presentado por ella y el ministro de Economía, Sergio Massa, en contexto del Día Internacional de la Mujer.

La funcionaria comentó que si bien el Indec tendrá a cargo su construcción, “lo que sí se puede adelantar es que va a medir una canasta básica de crianza que tendrá dos componentes”, y precisó que estos serán “por un lado, el costo de provisión de bienes y servicios esenciales para la primera infancia, la niñez y la adolescencia y, por otro lado, el costo de los cuidados de niños y niñas”.

Destacó que el indicador busca “ser un insumo para la planificación económica familiar”, y remarcó que “esto también incluye, muy especialmente, a las familias en las cuales los progenitores están separados o separándose, tengan o no un proceso judicial de por medio, estén o no casados”.

“Pero en los casos en los cuales están en un proceso judicial, este indicador puede servir justamente como valor de referencia sobre el costo de criar, y por lo tanto puede ser útil para definir la obligación alimentaria”, remarcó la directora.Prieto resaltó que “en el acto de lanzamiento del índice, Massa pidió a la Corte Suprema de Justicia que saque una acordada que establezca la obligatoriedad de la aplicación de toda la Justicia de familia, para dar certeza a las mujeres a cargo de hogares monomarentales, y que los progenitores cumplan con la obligación alimentaria”.

“Esta fue una muestra de decisión política de altísima relevancia por parte del ministro”, afirmó, la funcionaria.Asimismo indicó que “ya hay muchas juezas de familia que están queriendo aplicar la Canasta Básica de Crianza a sus fallos, y desde el Ministerio de Economía contamos con un espacio que es la Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de Género, que reúne a funcionarias representantes de todo el país, quienes también están interesadas en que los hogares monomarentales de sus provincias reciban la obligación alimentaria en tiempo y forma”.

“Estoy segura que podremos coordinar una estrategia conjunta que abarca varios frentes, para que esta herramienta sea utilizada en toda la Argentina”, sostuvo Prieto.

La funcionaria destacó que “el instrumento también podrá ser utilizado por organismos tanto estatales como de la sociedad civil como herramienta para informarse para tomar decisiones”.

Por otro lado, explicó que si bien las definiciones metodológicas serán responsabilidad del Indec, la Dirección trabaja en permanente colaboración para incorporar al sistema estadístico este valor de referencia, pero también en el desarrollo de la Canasta Básica de Crianza, cuya variación mensual será captada por el Índice de Crianza.

En ese sentido, señaló que el Índice, al igual que la Canasta, “será una estimación mensual que desde la Dirección seguiremos”.“Desde la Dirección publicamos trimestralmente informes sobre brechas de género en la economía argentina, que justamente lo que hacen es reportar el seguimiento de indicadores como las brechas laborales (de empleo, actividad, desocupación, ramas de inserción, entre otras), de ingresos y de tiempo y cuidados”, puntualizó la funcionaria.

Sostuvo que “cualquier herramienta que permita visibilizar estas desigualdades es de suma relevancia para cerrar las brechas por motivos de género”.

De todos modos afirmó que “de ninguna manera este indicador es un techo”, y subrayó que “el Índice Crianza medirá la variación de la Canasta Básica de Crianza, que como indica su título es eso, un valor básico”.

“Luego, las decisiones de cada juez o jueza seguirán siendo lo que son: decisiones para cada caso particular basadas en los consumos, los ingresos y las características de cada familia. Solo que ahora, para tomar decisiones, van a contar con un valor de referencia”, concluyó Prieto.

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