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Legislativo

Desde el FdT repudiaron los dichos de Espert y piden su remoción de Diputados

El legislador pidió «cárcel o bala» para los trabajadores del neumático que se manifestaban ayer en el Ministerio de Trabajo, y solicitaron su remoción de la Cámara baja.

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Diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) repudiaron este viernes las expresiones del legislador de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien pidió «cárcel o bala» para los trabajadores del neumático que se manifestaban ayer en el Ministerio de Trabajo, y solicitaron su remoción de la Cámara baja.

«Basta de violencia y amenazas emitidas por dirigentes con responsabilidades institucionales. Solicitamos, en los términos del Art 66 de la CN, la remoción por inhabilidad moral de Espert como diputado nacional», afirmaron en un comunicado el jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, y los legisladores Paula Pennaca y José Luis Gioja.

En un proyecto de Resolución, los diputados instaron a la Cámara de Diputados a formar «una Comisión Especial, de conformidad al Artículo 66 de la Constitución Nacional y al artículo 188 del Reglamento de esta Cámara, para evaluar la conducta de Espert, quien sistemáticamente solicita la muerte como respuesta a cualquier conflicto, contrariando todos los principios democráticos y constitucionales que debe cumplir».

Ayer a través de su cuenta de Twitter, el legislador de Avanza Libertad había pedido «cárcel o bala» para los gremialistas del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) que ayer permanecían en el Ministerio de Trabajo en busca de una respuesta a sus demandas, tras un acuerdo paritario que no satisface a los trabajadores del sector.

Según los diputados, «la declaración de Espert va en contra de múltiples principios constitucionales entre los que se pueden enumerar: el debido proceso, el principio de inocencia, el no prejuzgamiento, el derecho a manifestarse a la protesta, a huelga y, principalmente, la abolición de la pena de muerte y toda especie de tormento».

En ese sentido, afirmaron que «es el contexto delicadísimo que vive nuestra democracia lo que agrava estas manifestaciones» y expresaron que «el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación hace apenas tres semanas debe llamar al conjunto de quienes ejercen representación política a la reflexión».

«Acciones de violencia explícita que atentan contra el pacto democrático que tanto le costó a nuestra Patria suceden en climas habilitantes, en marcos donde se naturalizan expresiones de odio, denigración y deshumanización del otro», señalaron.

Asimismo, agregaron que «la misma consigna, ‘cárcel o bala’, apareció también en manifestaciones de grupos violentos previos al atentado» y consideraron que «es necesario que nuestras instituciones repudien los discursos de odio y tomen acciones para generar climas de diálogo que fortalezcan nuestra democracia frente a quienes pretenden agraviarla».

Los legisladores afirmaron que «es necesario que este cuerpo se aboque a la tarea que le es propia según el Artículo 66 de la Constitución: «Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno…«.

En ese sentido, propusieron la conformación de una Comisión Especial como marca el Artículo 188 del Reglamento de esta Honorable Cámara y que proponga las sanciones disciplinarias que el caso demanda.

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Análisis

Buscan derogar la Ley de impedimento de contacto que criminaliza a las madres

La diputada Mónica Macha, que presentó el proyecto para derogar la ley, aseguró que la normativa «se utiliza para castigar a las madres que llevan adelante denuncias de abuso sexual en defensa de sus hijes, con la consecuencia de que ellas terminan privadas de su libertad y el niño revinculado forzosamente con el adulto que lo abusó».

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Por Mara Alicia Alvado

El nuevo proyecto de ley fue elaborado en el marco de la Mesa Contra el Abuso Sexual a Niñxs y Adolescentes que integran más de cincuenta organizaciones.

Legisladoras, madres protectoras y organizaciones que luchan contra la violencia sexual a niñas y niños presentaron un proyecto para derogar la ley de Impedimento de Contacto vigente desde 1993, por considerar que se utiliza para criminalizar a quienes acompañan a las víctimas en sus denuncias de abuso intrafamiliar y ordenar revinculaciones forzadas con los agresores.

«Esta ley se utiliza para castigar a las madres protectoras que llevan adelante denuncias de abuso sexual en defensa de sus hijes, con la consecuencia de que ellas terminan privadas de su libertad y el niño revinculado forzosamente con el adulto que lo abusó», dijo la diputada Mónica Macha, que presentó el proyecto.

Daniela Dosso, madre protectora e impulsora de la campaña ‘Alerta por Martín’, explicó que en muchas ocasiones la imputación del delito de «impedimento de contacto» por parte de una expareja «logra poner al victimario a la par de la mujer que lo denunció, que lo único que quiere es proteger al hijo».

Por Pablo Blasberg.

Cuando a una denuncia de abuso sucede una contradenuncia por impedimento de contacto y la Justicia ordena el restablecimiento del régimen de visitas, algunos jueces y juezas suelen basar su decisión en el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP), un constructo desestimado por la Organización Mundial de la Salud y el manual DSM-V de la Asociación Americana de Psiquiatría.

Además, contra el SAP se expresó de manera contundente la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y 85 referentes en temas de infancia.

«Frente a las denuncias de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, una parte importante del Poder Judicial procede de formas que resultan en el encubrimiento de ese abuso», dijo Macha, quien remarcó que «se aplica el inexistente SAP -que no tiene basamento científico ni psiquiátrico- y se recurre al argumento de ‘implantación de falsas memorias’».

«Backlash», una embestida contra profesionales

En paralelo a esto, pero obrando en el mismo sentido, «aparece el ‘backlash’ que es una embestida de ese sector del Poder Judicial contra profesionales que certifican el abuso», añadió.

Esto ocurre con profesionales de la medicina, la psicología o la psiquiatría, quienes ven peligrar su matrícula y son sometidos a procedimientos judiciales como el allanamiento de sus consultorios o la propia imputación penal, tal como denunciaron en reiteradas oportunidades.

«En este contexto, decimos que es necesario derogar la ley de Impedimento de Contacto porque plantea que aquella madre o padre que corta el contacto (porque su hija o hijo reveló abusos) incurre en un delito, terminando imputadas y hasta detenidas», apuntó la legisladora.

¿Qué sanciona la Ley de Impedimento de Contacto?

Sancionada el 3 de noviembre de 1993 a instancias de la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (Apadeshi), la ley 24.270 incorporó al Código Penal dos nuevos delitos: la obstrucción de contacto de menores de edad con sus padres no convivientes y la mudanza del domicilio del hijo o hija sin autorización judicial.

La norma prevé una pena de prisión de un mes a un año para aquel «padre o tercero que impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con su padre no conviviente», sanción que se ve agravada con la escala de 6 meses a tres años «en caso de un menor de 10 años» o con discapacidad.

Las mismas penas recaerán sobre «el padre o tercero que para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente, lo mudare de domicilio sin autorización judicial».

Las críticas surgidas ya en el debate parlamentario de esta ley se fortalecieron durante estos 30 años de vigencia y la propia Defensoría General de la Nación se expresó por su derogación.Esos cuestionamientos señalan que «profundiza los conflictos», que está dirigida a «criminalizar a las mujeres», que funciona en tándem con el inexistente SAP, que puede ser utilizada como una «prolongación de las violencias preexistentes» tanto en la madre como en el hijo o hija, y que es discriminatoria porque no prevé que el progenitor no conviviente pueda incurrir en el mismo delito.

El nuevo proyecto de ley

El nuevo proyecto de ley presentado a comienzos de septiembre fue elaborado en el marco de la Mesa Contra el Abuso Sexual a Niñxs y Adolescentes que integran más de cincuenta organizaciones, como la Asociación Mujeres Juezas Argentina (AMJA), Actrices Argentinas, APDH, Casa Fusa, FEIM, Shalom Bait e Infancias Libres de Violencias.

«Mi hijo Martín me contó sobre los abusos en febrero de 2021, a los siete años. Apenas hago la denuncia, me pasa lo mismo que todas: el juez no dispone una medida de protección de mi hijo y como el progenitor lo quería venir a buscar, yo me tuve que exiliar de mi casa», contó Dosso.

La perimetral salió más de dos semanas después, cuando ella hizo intervenir a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, pero para entonces su expareja ya le había hecho una contradenuncia por impedimento de contacto y falsedad ideológica.

«Algunos jueces usan esta ley como herramienta para dejar a la mujer como victimaria y generar un escenario de paridad de condiciones con dos imputados, papá por abuso y mamá por impedimento de contacto»Daniela Dosso.

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Además, el cuerpo médico forense dijo en su informe que «no ve signos de abuso siendo que en las fotos se ven perfectas las lesiones», y cuando un mes después se disponen nuevas pericias que dan cuenta de esas huellas, el agresor es sobreseído con el argumento de que el niño no pudo señalarlo como su victimario en las entrevistas de Cámara Gesell.

«Entonces él me denuncia a mí por abuso sexual de mi hijo. Pero con la campaña ‘Alerta por Martín’ lo que logramos fue recusar al juez, que se revoque el sobreseimiento del imputado y se reactive la investigación penal», contó.

Mientras tanto, el niño sigue con Daniela y está vigente «una medida de protección contra el agresor mientras dure el proceso de instrucción» que según la mujer ya acumula pruebas «para llamarlo a indagatoria, procesarlo y elevarlo a juicio oral».

Gilda Morales denunció que su hijo era abusado por el padre, y ahora no lo puede ver porque está bajo la guarda del abusador.Otros casos paradigmáticos son el de Gilda Morales -que pasó dos meses en prisión y no tiene contacto con su hijo desde hace dos años- o el de la niña Sol que está al cuidado de la madre de su abusador mientras que su mamá tiene impedimento judicial para tener contacto con ella.

«Algunos jueces usan esta ley como herramienta para dejar a la mujer como victimaria y generar un escenario de paridad de condiciones con dos imputados, papá por abuso y mamá por impedimento de contacto. Se ofrece así la posibilidad de resolver el conflicto de manera salomónica: sobreseer a papá porque no hay pruebas -que sí las hay, pero las encubren- y también a mamá dejando a la víctima totalmente desprotegida«, añadió Dosso.

En otros casos, «el resultado final de esta receta siniestra es aún peor porque el agresor termina sobreseído pero a ella le quitan la tenencia porque ‘es una madre toxica«, insistió.

«Si nosotros logramos derogar esta ley, para otras instancias habrá que pensar cómo se interviene en esas situaciones (de conflicto sobre el régimen de visitas), pero no es penalizando así, máxime cuando se utiliza de esta forma y termina siendo un arma contra las madres protectoras«, concluyó Macha.

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