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Política

Juramentos en Consejo de la Magistratura

Asumieron los miembros que representan a los académicos, abogados, magistrados y el Ejecutivo. La ceremonia fue presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, tomó juramento a los nuevos once miembros del Consejo de la Magistratura, en representación de los académicos, abogados, magistrados y el Poder Ejecutivo, en un acto que también contó con la presencia de los otros tres ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Con este trámite, quedaron formalmente incorporados Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, en representación del ámbito científico y académico; Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez por la abogacía; Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, en representación de los jueces; y Gerónimo Ustarroz por el Poder Ejecutivo.

El viernes pasado, el Consejo remitió a la Corte los nombres de los cuatro diputados y los cuatro senadores designados para integrar el cuerpo, que propone y sanciona magistrados.

En representación de los diputados fueron designados los legisladores Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), Alvaro González (PRO) y Roxana Reyes (UCR). En tanto, el Senado aprobó el miércoles el decreto de designación de sus nuevos representantes para el período 2022-2026 en una sesión en la que la oposición no bajó al recinto, en desacuerdo con los nombramientos.

Allí se avaló el decreto parlamentario 86/22 que designó como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y al radical Eduardo Vischi.

Los senadores del FdT cuestionaron duramente a la oposición por no asistir al recinto y criticaron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por el fallo del 8 de noviembre último, que rechazó la primera designación de Doñate en el Consejo y consideró que le correspondía al senador de PRO, el cordobés Luis Juez.

Ahora, con los representantes políticos elegidos, la Corte deberá decidir si acepta la designación de Doñate por unanimidad que votó el Senado o si insiste en la consideración de que Luis Juez debe ser el representante.

De acuerdo a lo indicado, desde el Consejo estimaron que esta semana, luego de las reuniones de acuerdo que celebran los cuatro ministros de la Corte, se podrá tener algún temperamento sobre el caso Doñate-Juez, específicamente, si se convoca a la jura a los legisladores, como se hizo con los estamentos profesionales.

La representación del Congreso en el Consejo es un requisito indispensable para que el órgano constitucional pueda cumplir con su función de elegir, remover y sancionar jueces, en un contexto de vacancia en la justicia que en algunos fueros y jurisdicciones alcanza el 50%.

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Judiciales

Impulsado por Alberto Fernández, el Grupo de Puebla denunciará el lawfare contra Cristina Kirchner

El Grupo de Puebla,cerrará filas para denunciar el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner y entregarle su «apoyo transversal».

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El Grupo de Puebla, el foro político y académico de la izquierda de América Latina, el Caribe, España y Portugal, cerrará filas para denunciar el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner y entregarle su «apoyo transversal», en un encuentro a desarrollarse el próximo lunes en Buenos Aires, en el que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta volverán a mostrarse juntos.

El jefe de Estado y la vicepresidenta compartirán un encuentro tras la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el Tribunal Oral Federal 2 contra la dos veces exmandataria por presunta administración fraudulenta.

Bajo el título «Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia», el cónclave se desarrollará, a partir de las 16, en el Centro Cultural Kirchner de esta capital, informó en un comunicado el grupo que reúne a líderes y lideresas progresistas de Iberoamérica,

Según se indicó, la actividad, impulsada por Alberto Fernández, busca «denunciar el lawfare» (guerra jurídica) contra la dos veces presidenta de la Nación y entregarle el «apoyo transversal» de la organización.

Con presencia de Fernández y Fernández de Kirchner habrá mesas de debate encabezadas por la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, y los expresidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José «Pepe» Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia).

La actividad contará además con las asistencias del presidente del partido Morena de México, Mario Delgado, y la abogada del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), Gisele Ribocom.

«Con el respaldo e impulso del propio presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, el Grupo de Puebla organiza para este lunes 12 de diciembre un encuentro internacional de solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández, frente a la persecución político-judicial de la que ha sido víctima desde 2015, que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra», indica el comunicado del Grupo de Puebla.

El documento denuncia además que «la actual vicepresidenta ha sido víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la Justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático».

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó ayer Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz, una sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un «estado paralelo, una mafia judicial».

Tras escuchar la condena en su contra, la dos veces presidenta emitió un mensaje a través de sus redes sociales y anticipó que en 2023 no será candidata a ningún cargo electivo, por lo que quedará sin fueros a partir del 10 de diciembre del año próximo.

«Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre», afirmó en la exposición que hizo a través de YouTube, en la que aseguró que la verdadera condena es el intento de proscribir e inhabilitar de por vida para ejercer cargos públicos.

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