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La Justicia cerró una causa por la concesión del espectro radioeléctrico de fines de los ’90

En 1998, el entonces presidente Carlos Menem había otorgado por decreto la concesión del espectro radioeléctrico al grupo Thales Spectrum por un canon que se consideró irrisorio para el Estado.

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En 1998, el entonces presidente Carlos Menem había otorgado por decreto la concesión del espectro radioeléctrico al grupo Thales Spectrum por un canon que se consideró irrisorio para el Estado argentino.

Por Karina Poritzker

El Tribunal Oral que debía juzgar a ocho personas por la concesión sin licitación previa del control del espacio radioeléctrico al grupo Thales Spectrum durante el menemismo sobreseyó a todos los procesados y resolvió no realizar el juicio.

Se trata de una decisión del Tribunal Oral Federal 2, que hizo lugar a un planteo de la defensa de uno de los acusados, el exsecretario de Comunicaciones en los 90, Germán Kammerath, al que adhirió la fiscalía, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

En rigor, los jueces Jorge Gorini, Enrique Signori y Rodrigo Giménez Uriburu sobreseyeron a todos los acusados y no harán el juicio oral porque concluyeron que la postura de la fiscalía es «vinculante».

En 1998, el entonces presidente Carlos Menem otorgó por decreto la concesión del espectro radioeléctrico a Thales por un canon que se consideró irrisorio para el Estado argentino.

El contrato con la filial argentina de la empresa francesa fue rescindido en el 2003 por el fallecido expresidente Néstor Kirchner, tras un informe de la Auditoría General de la Nación que dio cuenta de un multimillonario perjuicio para el Estado.

La investigación estuvo abierta más de dos décadas, desde el 2001, en los tribunales federales de Retiro hasta que en 2015 llegó a juicio y ahora se resolvió sobreseer sin debate oral.

El Tribunal hizo lugar a un planteo de «excepción de falta de acción» de la defensa del exfuncionario Kammerath, que planteó que el delito por el cual se envió el caso a juicio, peculado, no se cometió.

«No es posible establecer que en este caso haya existido sustracción en el sentido del peculado, siendo que la «asignación de licencias» resultaba un deber de su defendido como Secretario de Comunicaciones», argumentó la defensa de Kammerath.

Además añadió que las bandas «han sido devueltas – conforme lo habilita la concesión­ y podían jurídicamente ser revocadas en cualquier momento por el Estado ante el incumplimiento», por lo cual «las licencias en modo alguno habían desaparecido del ámbito administrativo».

Al opinar sobre la cuestión, el fiscal ante el Tribunal, Abel Córdoba, coincidió en que el «peculado», en base al cual fue enviada la causa a juicio, no pudo cometerse y que en todo caso si hubo otros delitos, como defraudación a la administración pública, ya estarían prescriptos por el paso del tiempo.

«Existen escollos insalvables que tornan ocioso mantener la acusación hasta el desenlace del eventual debate», concluyó en referencia a la «conducta descrita en el requerimiento de elevación a juicio».

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El delito de peculado, que prevé hasta diez años de cárcel, «exige que el bien sea separado de la esfera de custodia del funcionario» acusado, algo que no puede darse en el caso porque «la Administración carece de poder de disposición respecto al espectro radioeléctrico» y «el Estado nunca pierde el dominio del bien».

Los beneficiados con el fallo son Kammerath, Alejandro Cima, Marcos Álvarez, Gustavo Supera, Miguel Cappa, Pedro Castoldi, Roberto Castoldi y Carlos Castoldi.

«La falta de acusación en esta etapa del proceso da cuenta de la inexistencia de controversia y de un caso sobre el que este Tribunal pueda, eventualmente, dictar una sentencia», sostuvo el TOF2.

Los jueces argumentaron que «no queda otra alternativa más que dar por concluido el proceso, dictando una resolución que desvincule definitivamente y sin premuras a quienes han sido sometidos a él».

Para ello se basaron en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que «expuso en varias oportunidades que resulta inaceptable el dictado de una sentencia condenatoria cuando hubiera mediado un pedido de absolución por parte del fiscal».

La causa se cerró en 2013 por inexistencia de delito, pero un año más tarde la Corte Suprema la reabrió y revocó los sobreseimientos, por apelaciones de la Oficina Anticorrupción, del Ministerio de Justicia y de la fiscalía.

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Un banco demoró más de tres horas en atender a sus clientes en Salta y fue sancionado

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta no hizo lugar al recurso de apelación de la entidad bancaria y confirmó la multa impuesta por la Secretaría por infracción al artículo 8 bis de la ley 24.240.

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El Banco Santiago del Estero deberá pagar una multa de $900 mil impuesta por la Secretaría de Defensa del Consumidor de Salta y ratificada por la justicia provincial, por una demora de más de tres horas en la atención de sus clientes, informaron hoy fuentes judiciales.

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta no hizo lugar al recurso de apelación de la entidad bancaria y confirmó la multa impuesta por la Secretaría por infracción al artículo 8 bis de la ley 24.240.

En su recurso, el banco alegaba que el día de la verificación que dio lugar a la multa había una «demora en la atención al público por una falla en el sistema operativo del banco, que fue debidamente informada a los asistentes y certificada por la auditoría interna».

Además, dijo que garantizaba «la atención preferente de las personas con capacidades diferentes, movilidad reducida, embarazadas y mayores de 70 años, para los cuales tiene una caja especial», y que el edificio es confortable, tiene aire y cuenta con sanitarios para los clientes.

La norma establece que los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios, y deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorios.

Asimismo, determina que tales conductas, además de las sanciones previstas en la ley mencionada, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor.

El juez Alejandro Lávaque y la jueza Verónica Gómez Naar citaron el capítulo II de la ley provincial 7800, que establece que «todas las dependencias públicas y los establecimientos privados que brinden atención al público deben garantizar que el tiempo de espera de los mismos no supere el término de 30 minutos».

En tanto, la ley 24.240 prescribe que se debe considerar como «práctica abusiva» y contraria al «trato digno» de usuarios y consumidores al tiempo de espera superior a los 60 minutos para ser atendidos, aún cuando se provea de asientos, existan instalaciones sanitarias y un orden de atención sea según talón numerado.

En este caso, el acta de verificación respectiva corroboró que la demora en la atención del banco «era excesiva y que el hecho encuadraba en las previsiones del artículo 5 de la ley 7800».

La falla aludida por el banco «no es justificativo» pues «además de que se ha producido durante la primera hora de atención ha tenido una duración de entre veinte y cuarenta y tres minutos, lo que no guarda relación con las tres horas que tuvieron que esperar los usuarios para ser atendidos.»

Los jueces citaron precedentes según el cual «el banco no puede eximirse de su responsabilidad aduciendo inconvenientes causados porque algunos días del mes tiene mayor afluencia de clientes, ya que es esperable de su parte una conducta y procedimientos internos acordes a los estándares esperados».

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