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Legislativo

FdT porteño llamó a iniciar juicio político a D’Alessandro y Mahiques

Es por la filtración de escandalosos chats entre ejecutivos del Grupo Clarín, jueces, fiscales, espías y funcionarios porteños que viajaron a Lago Escondido, en Bariloche.

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Dirigentes del Frente de Todos (FdT) porteño convocaron este miércoles a otros bloques políticos de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires para iniciar un juicio político al ministro de Seguridad local, Marcelo D’ Alessandro, y al fiscal general Juan Bautista Mahiques, tras la filtración de chats con jueces que viajaron a Lago Escondido, en Bariloche.

«Denunciamos una vez más a dos delincuentes que forman parte de una mafia que tiene secuestrada a la sociedad argentina», dijo el senador nacional del FdT por la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde en una conferencia de prensa en la Legislatura porteña, y agregó que acompañará a sus pares de la Legislatura local en el pedido de juicio político.

«Vamos a acompañar a los legisladores y legisladoras y vamos a estar en la calle hasta que termine esta mafia en la Argentina», sostuvo Recalde en una rueda de prensa realizada esta tarde en el salón Perón del Parlamento local.

Luego, Claudia Neira, legisladora porteña del FdT, dijo que «no hay manera de seguir adelante» si «no se genera una respuesta institucional a este escándalo», y agregó que, «conscientes» de no contar con la mayoría necesaria para avanzar con los pedidos de juicio político, plantean la «necesidad de que la Legislatura se comprometa».

El Parlamento de la ciudad de Buenos Aires tiene 60 bancas, de las cuales la coalición oficialista Juntos por el Cambio ocupa 32 y el FdT 19, mientras que el resto se reparten entre La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda y Consenso Federal.

En la conferencia también intervino Javier Andrade, vicepresidente del bloque del FdT, quien informó que la última sesión de la Legislatura porteña es el jueves de la próxima semana.

«No hay chances de que ignoren la posibilidad de tratar los expedientes que tienen que ver con el juicio político a Juan Bautista Mahiques y Marcelo D’Alessandro. No vamos a cesar nosotros, como bloque, y necesitamos que todas las fuerzas políticas democráticas de nuestra ciudad, mas allá de oficialismo o no, estén a la altura de las circunstancias», dijo el legislador.

Neira y Andrade se refirieron a dos proyectos presentados el lunes últimos por el FdT para dar inicio a la causa de juicio político a D’Alessandro y Mahiques tras la filtración de chats entre los funcionarios porteños, jueces y directivos del Grupo Clarín.

En los diálogos difundidos hay intercambios de mensajes para diseñar una maniobra de encubrimiento de un viaje a Bariloche donde se alojaron en la propiedades administradas por el empresario extranjero Joe Lewis.

D’Alessandro, puntualmente, amenazó en esos mensajes al titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y aseguró que disolvería esa fuerza si llega a ser ministro nacional.

Mahiques, por su parte, habló de cómo lograrían la colaboración de una fiscal de Bariloche para no ser incriminados.

«Resulta inadmisible que estos funcionarios sigan en sus cargos luego de haber quedado expuesta su participación directa en un hecho de enorme gravedad institucional en el que incumplieron la Ley de integridad pública de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada por la Legislatura porteña en el año 2020», señalaron los legisladores ayer en un comunicado.

Y exigieron que «el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta permita que se inicie el juicio político y que los funcionarios sean juzgados y sometidos a Derecho».

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Argentina

La estrategia del FdT en el juicio político a la Corte

La comisión tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen que propondrá para establecer la admisibilidad de las acusaciones por los fondos coparticipables e «irregularidades, incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

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El Frente de Todos (FdT) prepara en la Cámara de Diputados su estrategia para enfrentar una de la etapas cruciales del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, que es la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La comisión de Juicio Político que conduce la legisladora oficialista Carolina Gaillard tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen que propondrá el FdT para establecer la admisibilidad de los pedidos de juicio político.

En la primera reunión, realizada el jueves pasado, el oficialismo logró quorum propio para iniciar el debate pese al intento de los representantes de Juntos por el Cambio (JxC) de boicotear el inicio de las sesiones. El quórum fue posible gracias a una bancada abroquelada detrás de la postura de impulsar el proceso de remoción de los cuatro ministros del máximo tribunal del país.

Tras amagar con ausentarse cuando se anunció la presentación del proyecto del oficialismo, los legisladores del interbloque opositor terminaron asistiendo al debate en la comisión y esto fue leído desde el FdT como una legitimación del procedimiento de juicio político a los integrantes de la Corte, que impulsa el Gobierno nacional con el apoyo de gobernadores.

La primera reunión de la Comisión marcó el pulso que tendrá este proceso legislativo, que desde su arranque se caracterizó por los fuertes cruces que mantuvieron los representantes del oficialismo y del JxC.

El oficialismo descuenta la presencia mayoritaria de sus 16 diputados en todas las reuniones, y voceros del FdT aseguran que eso es lo que sucederá el próximo jueves, a partir de las 11, cuando se presenten los autores de los 14 proyectos formulados para remover a los cuatro integrantes del alto tribunal.

En tanto, desde la Coalición Cívica se buscará solo la destitución de Lorenzetti, quien fue denunciado en varias oportunidades por la fundadora de ese espacio político, la exdiputada Elisa Carrió.

Los miembros de la Corte Suprema denunciados a juicio poltico
Los miembros de la Corte Suprema denunciados a juicio político.

Las acusaciones por el juicio político

El oficialismo promueve el juicio político contra los cuatro jueces con el impulso del presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en la causal de mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.

Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.

También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del «2×1» para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.

Otro de los causales son una serie de «irregularidades, incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.

Un dato de cómo será el proceso lo marcó el oficialismo cuando anunció -ante una consulta de la oposición- que el proceso se hará mediante el mecanismo de plenario y no a través de una subcomisión como ha sucedido en el pasado, según explicó el presidente del bloque del FdT, el santafesino Germán Martínez.

Para que se abra la investigación deberá ser aprobada primero la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político, algo el oficialismo tendría asegurado con la mayoría que ostenta en la Comisión.

A partir de la apertura del sumario, el oficialismo impulsará el pedido de documentación y diagramarán la citación a los testigos.

El FdT quiere convocar al ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; a mandatarios provinciales; a Silvio Robles -vocero y mano derecha de Rosatti-, y a Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño que se encuentra en uso de licencia.

A fines del año pasado trascendieron en los medios de comunicación una serie de chats intercambiados a través de la aplicación Telegram que fueron atribuidos a D’Alessandro, y en varios de esos mensajes había intercambios del funcionario porteño con Robles.

En esas conversaciones, el colaborador de Rosatti le sugería al ministro porteño distintas estrategias que debía llevar a cabo el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante el litigio que la ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.

El oficialismo pretende que esos chats sean también motivo de análisis en la comisión de Juicio Político, como parte del proceso de remoción a los actuales magistrados de la Corte.

La comisin tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen
La comisión tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen.

También serán convocados como testigos los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Ricardo Quintela (La Rioja); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Sergio Ziliotto (La Pampa); Raúl Jalil (Catamarca); Mario Arcioni (Chubut) y Gildo Insfrán (Formosa).

La lista se completará con abogados expertos en Derecho constitucional y organismos de derechos humanos, entre otras entidades.

A partir de allí habrá otra compulsa entre el oficialismo y la oposición sobre las potestades que tendría la comisión de Juicio Político al momento de citar de forma obligatoria a los testigos.

El reglamento establece que los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer a testimoniar ante la Comisión.

«Cuando la Comisión hubiera dispuesto la comparecencia de alguna de estas personas a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas, a los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia», establece el reglamento.

Para la segunda sesión del próximo jueves está prevista la exposición de los diputados del FdT Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, por los tres expedientes tramitados por el oficialismo.

En el primer caso se analizarán denuncias contra Rosenkrantz, y luego dos presentaciones contra los cuatro integrantes del máximo tribunal.

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica (CC) Paula Oliveto expondrá sobre denuncias impulsados por la CC contra Lorenzetti.

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La senadora Juliana di Tulio, del FdT, hará lo propio en relación a los dos expedientes que impulsa: uno contra los cuatro miembros de la Corte y otro concentrado en Rosatti.

También asistirán a esta reunión la Asociación Argentina de Juristas, que solicitó juicio político contra los cuatro magistrados, al igual que la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, que lo hizo contra Rosenkrantz y Lorenzetti.

Los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos en relación al pedido que realizaron contra los cuatro integrantes, mientras que el abogado Pablo Llonto junto a Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados en relación al desempeño de Rosatti en relación a las causas por crímenes de lesa humanidad.

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