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Judiciales

Casación empieza a escuchar argumentos en la causa por la firma del Memorándum con Irán

La audiencia será desde las 10.30 de manera virtual ante los jueces de la sala I del máximo tribunal penal federal del país Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

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 La Cámara Federal de Casación realizará el próximo martes la primera de las dos audiencias previstas en la causa por la firma del Memorándum con Irán, antes de resolver si confirma el cierre del caso sin juicio oral y con sobreseimientos por inexistencia de delito para todos los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La audiencia será desde las 10.30 de manera virtual ante los jueces de la sala I del máximo tribunal penal federal del país Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, ya informó que presentará un escrito sin exposición oral.

Para el martes está previsto que expongan ante Casación abogados de las querellas y luego, entre ese día y la segunda audiencia fijada para el 24 de noviembre, lo harán las defensas de los sobreseídos que hayan pedido hacer uso de la palabra, el fiscal ante esa instancia Javier De Luca y un «amicus curiae», amigo del Tribunal.

En la primera audiencia hablará el abogado por la querella Juan José Ávila y luego pidió ser escuchado uno de sus representados, Mario Averbuch, padre de Yamila, una joven de 20 años que murió en el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994.

También en esa jornada expondrá la querella de la DAIA y luego comenzarán las defensas, entre ellas la del viceministro de Justicia Juan Martín Mena, a cargo de Marcos Aldazábal, y la del procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini, que ejerce Mariano Fragueiro Frías.

Además expondrá el abogado Martín Arias Duval, defensor el excanciller Eduardo Zuaín.

El 7 de octubre de 2021 el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó en un fallo unánime por inexistencia de delito a todos los imputados, pero esa decisión fue apelada por las querellas y está bajo estudio del máximo tribunal penal federal del país.

Los jueces del TOF 8 Daniel Obligado, José Michilini y María Gabriela López Iñiguez descartaron el delito de «encubrimiento agravado» en la causa que se abrió a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

«El Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito», concluyeron los jueces del TOF8 en una sentencia firmada tras escuchar a todas las parte en audiencia pública durante más de un mes.

Así dieron por concluidos los preparativos para juzgar el caso que realizaban desde que el fallecido juez Claudio Bonadio lo enviara a juicio en marzo de 2018.

En su denuncia en 2015, Nisman sostuvo que la firma del Memorándum de entendimiento con Irán por el ataque terrorista del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos buscaba «hacer caer» las circulares rojas de captura internacional pedidas por la Justicia argentina contra ciudadanos iraníes, vigentes en la actualidad.

Los sobreseimientos alcanzaron a la expresidenta y actual vicepresidenta; a Zannini; al senador Oscar Parrilli; a Mena y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

También al dirigente Luis D’Elía, al exfuncionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y a la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.

Los magistrados hicieron extensiva la resolución al fallecido excanciller Héctor Timerman al concluir que «los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito».

Ese fallo del 7 de octubre de 2021 fue apelado por las querellas de dos familiares de víctimas y la DAIA y por el fiscal ante el TOF8 Marcelo Colombo.

Sin embargo, en la instancia siguiente ante Casación, el fiscal De Luca no mantuvo el recurso de apelación porque «no existe necesidad alguna de realizar el debate oral y público que se reclama», dictaminó.

Realizar un juicio «no podría arrojar ningún otro resultado que la absolución por atipicidad de las conductas, es decir, un resultado equivalente al sobreseimiento aquí recurrido», sostuvo en ese momento.

«El hecho que se pretende llevar a juicio no constituye delito alguno. Y, como consecuencia, la realización del debate oral y público no podría modificarla», agregó el fiscal en consonancia con su postura previa en el caso, cuando dictaminó contra la reapertura de la investigación cerrada por inexistencia de delito en 2015 por el juez federal Daniel Rafecas.

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De Luca expondrá para ratificar estos argumentos ante Casación durante la segunda audiencia convocada previa a resolver si se confirma la decisión unánime de sobreseer sin juicio que tomó el TOF8.

En sus apelaciones las querellas mantuvieron la necesidad de llegar con la causa a la instancia de juicio oral.

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Argentina

Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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