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Masivo repudio a Rosenkrantz: cobra casi un millón de pesos, no paga Ganancias y pide restringir derechos

«No puede haber un derecho detrás de cada necesidad», dijo quien forma parte de uno de los deciles privilegiados de la sociedad y que percibe del Estado un salario que sacaría a diez familias de la pobreza.

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El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia argentina, Carlos Rosenkrantz, afirmó que «no puede haber un derecho detrás de cada necesidad» al expresarse sobre la «proclama populista» y sus dichos despertaron fuertes rechazos por parte de referentes del oficialismo. Sus dichos fueron rechazados por funcionarios, dirigentes sociales, sindicalistas y hasta influencers le recordaron al jurista que cobra casi un millón de pesos y no paga impuesto a las Ganancias como debería pagar.

«No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables«, expresó el magistrado en el marco de una conferencia titulada «Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica», organizada por la Universidad de Chile.

Si bien el encuentro se llevó a cabo el jueves pasado, las declaraciones del juez de la Corte Suprema trascendieron en las últimas horas y despertó rechazos.

Rosenkrantz cobra por mes del Estado el equivalente a diez canastas básicas alimentarias. Una familia necesitó en abril $95.260 para no caer bajo la línea de la pobreza.

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, publicó en la red social que «esta Corte Suprema es una vergüenza para el pueblo argentino» y enumeró una serie de hechos en su argumento: «Aceptó entrar al máximo tribunal por decreto, representó a las corporaciones, impulsó el 2×1 para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad, está en contra de ampliar derechos».

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que «Rosenkrantz está en las antípodas de Evita» y marcó que las declaraciones del juez sirven «para que cada argentino y argentina sepa en qué lugar están parados los que imparten justicia«.

«Quien nunca pasó necesidades, jamás sabrá de derechos. Estas declaraciones no hacen más que reafirmar el divorcio que hay entre una parte de la Justicia y la gente«, advirtió el diputado José Luis Gioja, vicepresidente primero de la Cámara baja.

También la abogada integrante de la Corriente de Abogadxs Laboralistas que se manifestó en reiteradas oportunidades en marchas organizadas frente a la Corte, Natalia Salvo, ironizó: «Muy objetivo e imparcial el juez amigo de Pepin Rodriguez Simón y que aceptó ingresar al tribunal por decreto».

Soria, contundente

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, consideró hoy que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “no entienden de necesidades y no creen en ampliar derechos”, al salir al cruce de las declaraciones formuladas por Rosenkrantz-

Jueces privilegiados, que hablan, piensan y aplican el derecho desde sus propios privilegios. Esta es la Corte que algunos defienden. No entienden de necesidades y no creen en ampliar derechos”, escribió Soria en su cuenta de Twitter.

Luego, el ministro de Justicia fustigó: “Salvo que las necesidades y los derechos sean los de sus ¿ex? patrones de Clarín”.

Soria acompañó su mensaje con una foto de la noticia sobre los dichos de Rosenkrantz, que fue publicada por el portal de Clarín.

A Baradel no lo sorprende

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, aseveró hoy «no sentir sorpresa» ante los dichos del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.

«Con esos dichos, Rosenkrantz intenta denostar permanentemente lo que significa la ampliación de derechos para nuestro pueblo. Sabíamos de antemano cuál era su pensamiento, pero a confesión de parte, relevo de pruebas», planteó Baradel en declaraciones a AM 750.

Tailhade pide «proceso disciplinario»

El diputado nacional por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, consideró que las declaraciones del ministro de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz confirman que el juez ingresó a ese cuerpo para «representar solo a algunos», y además sostuvo que las afirmaciones del magistrado «son políticas».

«Con sus dichos, está descalificando a una fuerza política. Habría que hacer algún proceso disciplinario contra Rosenkrantz porque se está metiendo en política y es algo que no corresponde en función del cargo que ocupa«, señaló Tailhade en declaraciones a Radio 10.

«El sueldo de Rosenkrantz es de $ 963.581,34. ¿Qué tipo de derecho populista es su necesidad de no pagar el Impuesto a las Ganancias? ¿De dónde salen los recursos para satisfacerlo?», dijo el influencer Periodista de Perón. El posteo tuvo cientos de interacciones y la idea se viralizó.

Quién es Carlos Rosenkrantz

Carlos Rosenkrantz fue nombrado en 2016 por el presidente, Mauricio Macri. Tiene vínculos con la Unión Cívica Radical (UCR). Pero también acumula una destacada trayectoria académica y muchos años ejerciendo la abogacía. El de juez de la Corte Suprema fue el primer cargo que ocupó en la Justicia, al igual que ocurrió con Lorenzetti en 2004.

Durante la Presidencia de Raúl Alfonsín fue asesor de Carlos Nino, quien tenía a cargo el Consejo para la Consolidación de la Democracia, dependiente de la Presidencia de la Nación. Una década más tarde, fue asesor de Alfonsín en la Convención para la Reforma Constitucional de 1994. También fue asesor en la Convención Constituyente que sancionó en 1996 la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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En 1992 fundó un estudio jurídico junto con su ex socio, el abogado Gabriel Bouzat, quien también integró los equipos de Nino durante la Presidencia de Alfonsín. Al igual que Bouzat, Rosenkrantz es especialista en Defensa de la Competencia, por lo que fue letrado de cientos de empresas, entre otras, del Grupo Clarín y de Farmacity y Pegasus, las dos últimas vinculadas al ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

Además de representar a numerosas empresas, su ex estudio patrocinó a gobiernos provinciales. A fines de 2015, pocas semanas antes de ser propuesto por Macri, la Corte falló en contra de la quita que la ANSES hacía del 15% de impuestos coparticipables de tres provincias, entre ellas Santa Fe. Esta provincia fue defendida ante el máximo tribunal por el estudio de Rosenkrantz y Bouzat.

Al igual que Horacio Rosatti, Rosenkrantz fue nombrado inicialmente en comisión, es decir, que fue designado por decreto por el presidente Macri salteando los pasos que establece la Constitución. Ante las críticas que originó este decreto, Rosenkrantz y Rosatti no asumieron y esperaron a obtener acuerdo del Senado, que lograron a mediados de 2016.

Su candidatura a la Corte recibió 13 impugnaciones. En la audiencia ante el Senado, Rosenkrantz se manifestó a favor de que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias.

Como juez de la Corte, Rosenkrantz votó a favor de la aplicación del cómputo del “2×1” para los condenados por crímenes de lesa humanidad; avaló los aumentos de las tarifas eléctricas en la Provincia de Buenos Aires y votó, en disidencia, en contra del límite de 75 años para los jueces que establece la Constitución. También conformó la mayoría que negó el derecho a sindicalizarse de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y anuló la personería gremial de los Metrodelegados.

Votó, además, con la mayoría que resolvió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no puede revocar fallos de la Corte Suprema argentina. En el fallo que confirmó la prisión preventiva de Milagro Sala y ordenó su arresto domiciliario (a pedido de la Corte IDH), Rosenkrantz sostuvo que eran los tribunales provinciales los que debían decidir sobre el pedido del tribunal internacional.

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Tres policías de la Ciudad imputados por la fuga de doble homicida

“El Chuma” logró pasar la frontera, mientras era buscado por Interpol, hasta que el 2 de junio fue capturado y un día después escapó de manera más que sospechosa del anexo de la Comisaría Vecinal 1C de la Policía de la Ciudad de la calle San José al 1200 de Constitución.

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Por Néstor Llido

Tras la sospechosa fuga de un preso de nacionalidad chilena de una comisaría del barrio de Constitución, la familia de las víctimas del doble crimen del que se acusa a este sujeto impulsará una causa penal contra la Policía de la Ciudad.

Ante la evasión de Miguel Alejandro Vega Pérez (de29 años y apodado “El Chuma”), tras cambiar sus ropas y hacerse pasar por otro detenido según la versión oficial, se sospecha que hubo un pago de “coimas” para permitir que se escape este asesino, que mató a un joven y a su pequeña hija en Chile, en el pasado mes de enero.

“El Chuma” logró pasar la frontera, mientras era buscado por Interpol, hasta que el 2 de junio fue capturado y un día después escapó de manera más que sospechosa del anexo de la Comisaría Vecinal 1C de la Policía de la Ciudad de la calle San José al 1200 de Constitución.

Al conocerse la fuga de Vega Pérez, los familiares de las víctimas del doble crimen por el que se lo buscaban denunciaron “es algo muy extraño lo que pasó y creemos que les pagaron a los policías”.

Sin dudas descreen que se haya escapado, al aprovechar la excarcelación de otro preso, haciéndose pasar por él y vistiendo sus ropas, al igual que la fiscal Andrea Scanga, quien imputó a tres efectivos de la fuerza de seguridad porteño por la sospechosa evasión.

En tal sentido, Susana Ite (madre y abuela de las víctimas del doble crimen en Chile) adelantó que, mediante su abogada, están preparando la demanda contra la Policía de la Ciudad, al considerar que hubo corrupción, que se abonó una “coima” para permitir que escapara y luego se montó un relato sobre la forma en que habría huido.

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