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Legislativo

Vuelven las sesiones extraordinarias a Diputados: cuál es el temario

La actividad parlamentaria podría retomarse el 25 de febrero.

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Por Leonardo Fredes

La Cámara de Diputados retomará el lunes 23 su actividad parlamentaria con el tratamiento de la veintena de temas incluidos por el Poder Ejecutivo en la agenda de sesiones extraordinarias, mientras referentes del oficialismo y de Juntos por el Cambio (JxC) intentan retomar el diálogo tras las fallidas convocatorias de diciembre pasado y en el marco del cuestionamiento opositor al proyecto de juicio político a la Corte Suprema.

La inclusión en el temario de sesiones extraordinarias -convocadas para realizarse entre el próximo lunes 23 y el 28 de febrero- del pedido de Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema, del proyecto sobre la composición del Consejo de la Magistratura y del que establece la ampliación numérica del máximo tribunal judicial pusieron en alerta a JxC.

La principal bancada opositora se niega a tratar el resto de los temas debido a lo que consideran «un ataque a la Corte y a la institucionalidad» por parte del Gobierno, a partir de las profundas diferencias que separan a ambos espacios en relación a los temas relacionados con la Justicia.

Desde el sector parlamentario del Frente de Todos (FdT) sostienen, en cambio, que «la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento», y recuerdan que «en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional».

Durante las últimas semanas -previo a la presentación del pedido de juicio a los ministros de la Corte- se habían comenzado a producir algunos diálogos informales entre referentes del oficialismo y JxC, aunque sin acuerdos a la vista.

Según fuentes parlamentarias se había avanzado en algunos pedidos de disculpas recíprocos en relación a lo sucedido en la bochornosa sesión del 1 de diciembre que terminó entre gritos, insultos y hasta algún gesto obsceno entre los propios diputados.

De esa sesión surgieron pedidos de expulsiones cruzados que involucraron a media docena de diputados de ambos sectores, y que días después sumaron una presentación similar realizada por el FdT sobre Gerardo Milman (PRO) por sus supuestos vínculos con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández y por las contrataciones irregulares de numerosas asesoras en el Ministerio de Seguridad cuando se desempeñaba en esa estructura.

A la negativa de JxC a participar del resto de la agenda por estar en contra de la inclusión de los temas relacionados con la Justicia respondió el oficialista Eduardo Valdés: «Dicen que se van a sentar en la Comisión de Juicio Político, pero porque nosotros hacemos el juicio político no se van a sentar para el resto de los temas. Hay una incongruencia. Parece que necesitan ser los abogados de los jueces de la Corte».

Por el andarivel del medio, el presidente del interbloque Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, resumió: «Aparentemente se estaría imponiendo una lógica dura en temas institucionales y eso impedirá que se logren consensos en algunos temas que impulsa el Ministerio de Economía. No es un problema de la oposición; debe resolverlo el Gobierno».

Ese conglomerado de ocho diputados es nada menos que la tercera fuerza de la Cámara, y es clave para destrabar cualquier iniciativa resistida por algunos de los dos bloques-interbloques mayoritarios.

En este escenario todo parece indicar que la actividad parlamentaria se retomará el miércoles 25 o el jueves 26 con la puesta en marcha de la comisión de Juicio Político, uno o dos días después de la Cumbre de la CELAC que convocará en Buenos Aires a otros presidentes de la región.

La idea es comenzar uno de esos dos días y realizar, al menos, dos reuniones por semana entre lo que resta de enero y fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.

Al menos hasta el 1 de marzo, que se inicia el período de sesiones ordinarias, el oficialismo debe buscar consensos para tratar el temario de extraordinarias, en el que, más allá de los temas referidos a la Justicia, prevalece la agenda económica impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa.

El temario previsto

Ese temario incluye proyectos sobre blanqueo de capitales, la promoción de nuevas energías e inversiones con valor agregado en el sector energético y el llamado ‘Monotributo Tech’, iniciativas de inminente presentación parlamentaria.

También desde el Ministerio de Economía esperan el proyecto referido a la ley agroindustrial; el que actualiza legislación contra el lavado de activos; el que establece la modificación del Indec y el que prevé algunas reasignaciones en el Presupuesto 2023, cuestión relacionada con el fallo de la Corte referido a la coparticipación.

En caso de sumar consensos, los diputados oficialistas volverán a insistir con los proyectos de moratoria previsional y de creación de universidades, que estaban en el temario de la fallida sesión del 21 de diciembre, última jornada en que los legisladores se vieron las caras en el recinto.

Otros proyectos que integran el paquete que deberá abordar la Cámara baja -unos ocho corresponden al Senado- son el que establece la creación del Parque Nacional El Palmar; el que aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; el que pone en marcha el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas y el que prevé un régimen previsional especial para brigadistas. 

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Oficializan plan para agilizar trámites y eliminar el vencimiento del certificado de discapacidad

Se oficializó hoy un plan que apunta a amplificar el despliegue territorial y promover la eliminación de la fecha de vencimiento de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD).

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La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) oficializó hoy un plan que apunta a amplificar el despliegue territorial y promover la eliminación de la fecha de vencimiento de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), lo que implica “una mejora en todos los pasos de la tramitación, desburocratizar y modernizar” el proceso, detalló Fernando Galarraga, director del organismo.

El “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad” publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) a través de la Resolución 113/2023 tiene como objetivo “considerar, analizar, desarrollar y ejecutar medidas y acciones complementarias que profundicen la reducción de barreras y de cargas burocráticas, y que mejoren y fortalezcan el vínculo de la ciudadanía con discapacidad con esta herramienta esencial de acceso a derechos».

El director de la Andis explicó que esta iniciativa busca “empezar a desbloquear trámites, acercar las herramientas del Estado a la gente y, en definitiva, que la gestión de cualquier trámite que se realiza la Agencia no sea un obstáculo para acceder al derecho que ese trámite garantiza”.

“Una de las patas que tiene este plan es diseñar una herramienta tecnológica -que ya está en proceso de diseño- para tener un dispositivo que nos permita generar estadística y facilitarle a las Juntas la carga de la documentación y de la de los certificados”, detalló el funcionario.

De este modo se podrá acceder a “una plataforma donde tengan información, actualización y se puede ver cuáles son las fechas en que tienen que acercarse a las Juntas o solicitar turno para una Junta si entienden que es necesario”, detalló Galarraga, y precisó que “estas cuestiones son las que van a ir cambiando a medida que avancemos en la implementación de este plan que va a llevar su tiempo hasta que esté en funcionamiento al cien por cien”.

El funcionario recordó la implementación del CUD en formato digital, como otra herramienta a la hora de hacer más simples las gestiones y apuntó que el Plan oficializado hoy “promueve estas acciones que mejoran todos los pasos de la tramitación” de la constancia de discapacidad.

“Esto implica desburocratizar y modernizar el trabajo de las Juntas de Certificación” ,que son las encargadas de otorgar, verificar y renovar los certificados de discapacidad “lo que se va a hacer en distintas instancias”, apuntó Galarraga.

Asimismo, el funcionario aseguró que la iniciativa introduce “una modificación muy significativa que es eliminar la fecha de vencimiento del CUD por otro proceso que tiene que ver con un acercamiento, un acompañamiento del Estado a través de la Junta a la persona con discapacidad para actualizar su situación y conocer en profundidad cuál es la situación de cada persona de manera periódica”.

Galarraga precisó que para poder llevar adelante el Plan es necesario que se realicen “modificaciones normativas que van a salir en las próximas semanas: un despliegue territorial intenso coordinado con las provincias, capacitaciones, creación de juntas itinerantes y fortalecimiento de las juntas en todo el territorio nacional”.

En este sentido, el director precisó que la Agencia coordina las 500 Juntas de Certificación que funcionan en todo el país y que una de las principales tareas de la Andis es “profundizar la capacitación y acercar esas Juntas a la gente en despliegues territoriales, acompañar a las 24 jurisdicciones y mejorar todo lo que tenga que ver con la certificación”.

Galarraga precisó que, “esto un proceso, y como tal lleva su tiempo. Por eso, en principio, se prorrogaron los vencimientos de los CUD que vencieron en 2022 y vencerán en 2023, para que las personas con discapacidad que hoy no consiguen turnos o tienen dificultades en relación a esta renovación no tengan ninguna dificultad y puedan seguir accediendo a todos los derechos”.

Asimismo, remarcó que “mientras terminamos de desarrollar el sistema, los nuevos CUD no van a tener más fecha de vencimiento, sino ese vencimiento se reemplaza por un proceso que tiene que ver con que la Junta se acerque a la persona para actualizar la información, acompañar y actualizar todos los datos y la información cualitativa en relación a la situación de esa persona con discapacidad”.

Galarraga aseguró que durante las audiencias públicas que se dieron en el marco del debate de la Nueva Ley de discapacidad “advertimos una demanda de organizaciones, de la sociedad civil. Hay reclamos históricos del colectivo en este sentido que van en las dos líneas que tratamos de abordar: por un lado la de promover el certificado como herramienta de Derecho, pero también resguardar la función que el certificado tiene para aportar información que sirva de base de construcción de políticas públicas”.

“Estamos viviendo un tiempo donde la política se viene haciendo cargo de manera mucho más activa, mucho más proactiva de la temática de la discapacidad, prueba de ello es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados este año que le dio media sanción a algunos proyectos muy importantes como el del CUD, o el reconocimiento que se le dio a la Lengua de Señas Argentina”, sostuvo Galarraga.

Y concluyó: “aspiramos a que, en marzo, el presidente (Alberto Fernández) pueda finalmente elevar el proyecto que está en su fase final de tramitación, y que los legisladores en ambas cámaras puedan darle una respuesta concreta a las miles y miles de personas que participaron en las audiencias y a la historia, porque la nueva ley de discapacidad es una deuda de la democracia con la sociedad argentina”.

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