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Funcionarios expondrán en Diputados sobre distribución de subsidios al transporte

El secretario de Transportes, Diego Giuliano; la subsecretaria del área, Laura Labat; y el responsable de Política Económica y Financiera de esa cartera, Carlos Vittor; serán los miembros del Poder Ejecutivo que expondrán desde las 14 ante los diputados.

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La comisión de Transportes de la Cámara de Diputados retomará mañana el debate sobre los proyectos de ley que establecen nuevos parámetros para la distribución de los subsidios al transporte público de pasajeros en el interior del país, en una reunión que contará con la presencia de funcionarios nacionales del área.

El secretario de Transportes, Diego Giuliano; la subsecretaria del área, Laura Labat; y el responsable de Política Económica y Financiera de esa cartera, Carlos Vittor; serán los miembros del Poder Ejecutivo que expondrán desde las 14 ante los diputados.

Originalmente la invitación había sido cursada al ministro Alexis Guerrera, pero por cuestiones de agenda anticipó su ausencia y delegó la tarea en parte de su equipo.

Además, la comisión que preside el radical jujeño Jorge Rizzotti (UCR), recibirá a representantes del Comité Federal del Transporte (Cofetra).

Los diputados de las diferentes provincias reprochan que el reparto es muy desigual respecto al AMBA (ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense), que concentra entre el 85% y 87% de los subsidios y deja entre un 15% y 13% a repartir entre el resto de las jurisdicciones.

En el AMBA, donde las tarifas no se actualizan desde 2019, el boleto inicial es de 18 pesos, mientras que en las provincias van de los 24 hasta los 80 pesos, dependiendo también de los propios recursos que los distritos destinen a este sector.

En su informe ante el Senado, el 2 de junio pasado, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró que el Gobierno nacional insistirá con la idea de traspasar 32 líneas de colectivos a la ciudad de Buenos Aires y dijo que «está en trámite un aumento del 40% para el boleto» en ese distrito.

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Cecilia Moreau será reelecta el jueves como presidenta de la Cámara de Diputados

Moreau, una dirigente que forma parte del Frente Renovador -el espacio político liderado por Sergio Massa-, y que se convirtió en la primera mujer en presidir la cámara, accederá a un nuevo mandato tras haber cumplido con los principales objetivos que se planteó desde que asumiera el pasado 2 de agosto.

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La legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau será reelecta hasta diciembre de 2023 como presidenta de la Cámara de Diputados, en una sesión preparatoria que se realizará el próximo jueves y en la que también se renovarán las autoridades que conforman ese cuerpo legislativo.

Moreau, una dirigente que forma parte del Frente Renovador -el espacio político liderado por Sergio Massa-, y que se convirtió en la primera mujer en presidir la cámara, accederá a un nuevo mandato tras haber cumplido con los principales objetivos que se planteó desde que asumiera el pasado 2 de agosto.

La reelección se efectuará en una sesión preparatoria que fue convocada por el secretario parlamentario de la Cámara baja, Eduardo Cergnul, para el jueves a las 11, con el objetivo de designar a las autoridades, según consta en la citación enviada a los legisladores.

Además de ratificar a Moreau, los diputados también confirmarán al vicepresidente primero de la Cámara, Omar de Marchi (PRO); al vicepresidente segundo, José Luis Gioja (FdT), y al radical Julio Cobos, señalaron los voceros del oficialismo y de la coalición opositora de Juntos por el Cambio (JxC).

Aunque no exista renovación parlamentaria derivada de un resultado electoral, la tradición en el cuerpo indica que deben mantenerse los cargos de los diputados que fueron designados a propuesta de sus bloques y sólo se realiza algún cambio si existe una renuncia, como sucedió en el caso de Massa, hoy al frente del Ministerio de Economía.

Uno de los principales desafíos que tuvo que afrontar Moreau fue sancionar la prórroga de impuestos y el Presupuesto 2023, que son claves para la gestión de Massa, luego del traspié sufrido en diciembre del 2021 cuando se rechazó la ley de gastos y recursos diseñada por el exministro Martín Guzmán.

El armado de consensos con los bloques opositores le permitió aprobarlo con 180 votos, ya que fue votada no solo por el FdT sino por los radicales de la dos vertientes que en que se divide la UCR -la bancada clásicia y Evolución Radical-, los interbloques Federal y Provincias y Ser.

Al trazar un balance, Moreau recordó el viernes último que gracias a los consensos con esos bloques el Presupuesto se aprobó con 180 votos positivos y fue «el más votado de los últimos 20 años».

«La Cámara baja recibió el reconocimiento por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) al tratamiento que se le dio, con un debate durante tres semanas y la exposición de nueve ministros y más de 20 funcionarios nacionales, antes de darle la media sanción», señaló en un comunicado.

Si bien este año pudo conseguir los objetivos de sancionar los principales proyectos económicos, como el Presupuesto y la prórroga de impuestos y un conjunto de iniciativas sociales, ahora el oficialismo buscará realizar dos sesiones más: una que podría concretar tras elección de autoridades para debatir un conjunto de iniciativas consensuadas como el régimen de obstetricia; y otra el 14 de diciembre, que tendrá como tema central el proyecto que modifica la ley de Lavado de Dinero y la financiación del terrorismo donde se propone una reforma de la ley 25246, del Código Penal y la creación del Registro de Beneficiarios.

Moreau llegará a la sesión preparatoria del jueves con el logro no sólo de haber sancionado las leyes claves que requiere el Gobierno, sino también con haber formado los consensos -tarea que también realizaba desde su puesto de vicepresidente del bloque- para otras iniciativas de tinte social.

Desde agosto se realizaron siete sesiones con temas de consenso y se pudieron aprobar iniciativas como el Registro de Deudores Alimentarios, la Lengua de Señas y la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la salud cuando hacen su quinta guardia.

La lista se contempla con el proyecto para establecer el alcohol cero la creación de un Plan Federal de Capacitación para funcionarios sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la expropiación del edificio de Cromañón para construir un museo de la memoria.

Otros proyectos cuya sanción era reclamada por organizaciones sociales fueron los vinculados a establecer procedimientos médico-asistenciales para la Atención de las Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal; agilizar el trámite del Certificado Único de Discapacidad; la ampliación del programa para tratar en forma preventiva las cardiopatías congénitas y el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana.

Si bien este este año pudo avanzar en un conjunto de proyectos económicos y sociales, quedó pendiente el tratamiento de las iniciativas de renta presunta, de Agroindustria y la creación del Fondo para pagar la deuda con el FMI.

Otro proyecto que resulta poco probable que se pueda tratar este año es el de Ley de Humedales, debido a la falta de acuerdo entre el FdT y JXC, y la falta de consenso con los gobernadores, en especial con aquellos que tienen emprendimientos mineros en sus distritos.

También permanece pendiente el proyecto de creación del Plan de Pago de Deuda Previsional para que unas 800.000 personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse.

El texto indica que el plan se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.

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Además, los períodos a incluir en el Plan comprenderán lapsos que sean anterior a diciembre de 2008 inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.

En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley y podrá ser prorrogado por igual período.

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