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Legislativo

El Senado debate en la última sesión ordinaria del año

Con su composición actual, los legisladores de la Cámara alta debatirán un paquete de proyectos de ley y la validez de algunos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo durante el último año y que recibieron dictamen favorable de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

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Los senadores debatirán un paquete de proyectos de ley y la validez de algunos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo durante el último año y que recibieron dictamen favorable de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Según acordaron oficialismo y oposición, se discutirán en el recinto 48 decretos sobre los 116 puestos a consideración en comisión hace dos semanas. Se trata de los DNU firmados por el presidente Alberto Fernández referidos al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), al Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, a medidas de prevención contra la Covid-19, asistencias a beneficios sociales, cuestiones laborales y económicas.

Como consecuencia de la extensa lista de proyectos, los legisladores deberán acortar los tiempos de oradores si buscan que todas las iniciativas sean aprobadas antes de la medianoche del jueves cuando vence el mandato de 24 senadores y arranca una nueva composición en el cuerpo.

Los nuevos legisladores entrarán en funciones al día siguiente y el bloque del Frente de Todos (FdT) pasará a tener 35 senadores (actualmente posee 41) y el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) 31 (de 25 con que cuenta).

Fuentes parlamentarias afirmaron que el acuerdo entre las bancadas consistirá en debatir la sanción de los DNU y también abrir la discusión en dos proyectos sobre tablas: uno sobre contracepción en personas con discapacidad y otro sobre personas en situación de calle.

El primero modifica la ley de anticoncepción quirúrgica para incluir a las personas con discapacidad el derecho de expresar su voluntad para acceder a la realización de las prácticas denominadas «ligadura de trompas de Falopio» y «ligadura de conductos deferentes o vasectomía».

El segundo, en tanto, busca garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle. En ambos casos se necesitará el voto de las dos terceras partes del número presente de legisladores para habilitar su tratamiento.

El resto de las iniciativas, unas 45, tienen el acuerdo de todas las bancadas y serán aprobadas sin discusión. Entre ellas, figura el permiso que cada año debe otorgarle el Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para que el presidente de la Nación pueda ausentarse del país por motivos protocolares.

Legislativo

Oficializan plan para agilizar trámites y eliminar el vencimiento del certificado de discapacidad

Se oficializó hoy un plan que apunta a amplificar el despliegue territorial y promover la eliminación de la fecha de vencimiento de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD).

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La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) oficializó hoy un plan que apunta a amplificar el despliegue territorial y promover la eliminación de la fecha de vencimiento de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), lo que implica “una mejora en todos los pasos de la tramitación, desburocratizar y modernizar” el proceso, detalló Fernando Galarraga, director del organismo.

El “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad” publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) a través de la Resolución 113/2023 tiene como objetivo “considerar, analizar, desarrollar y ejecutar medidas y acciones complementarias que profundicen la reducción de barreras y de cargas burocráticas, y que mejoren y fortalezcan el vínculo de la ciudadanía con discapacidad con esta herramienta esencial de acceso a derechos».

El director de la Andis explicó que esta iniciativa busca “empezar a desbloquear trámites, acercar las herramientas del Estado a la gente y, en definitiva, que la gestión de cualquier trámite que se realiza la Agencia no sea un obstáculo para acceder al derecho que ese trámite garantiza”.

“Una de las patas que tiene este plan es diseñar una herramienta tecnológica -que ya está en proceso de diseño- para tener un dispositivo que nos permita generar estadística y facilitarle a las Juntas la carga de la documentación y de la de los certificados”, detalló el funcionario.

De este modo se podrá acceder a “una plataforma donde tengan información, actualización y se puede ver cuáles son las fechas en que tienen que acercarse a las Juntas o solicitar turno para una Junta si entienden que es necesario”, detalló Galarraga, y precisó que “estas cuestiones son las que van a ir cambiando a medida que avancemos en la implementación de este plan que va a llevar su tiempo hasta que esté en funcionamiento al cien por cien”.

El funcionario recordó la implementación del CUD en formato digital, como otra herramienta a la hora de hacer más simples las gestiones y apuntó que el Plan oficializado hoy “promueve estas acciones que mejoran todos los pasos de la tramitación” de la constancia de discapacidad.

“Esto implica desburocratizar y modernizar el trabajo de las Juntas de Certificación” ,que son las encargadas de otorgar, verificar y renovar los certificados de discapacidad “lo que se va a hacer en distintas instancias”, apuntó Galarraga.

Asimismo, el funcionario aseguró que la iniciativa introduce “una modificación muy significativa que es eliminar la fecha de vencimiento del CUD por otro proceso que tiene que ver con un acercamiento, un acompañamiento del Estado a través de la Junta a la persona con discapacidad para actualizar su situación y conocer en profundidad cuál es la situación de cada persona de manera periódica”.

Galarraga precisó que para poder llevar adelante el Plan es necesario que se realicen “modificaciones normativas que van a salir en las próximas semanas: un despliegue territorial intenso coordinado con las provincias, capacitaciones, creación de juntas itinerantes y fortalecimiento de las juntas en todo el territorio nacional”.

En este sentido, el director precisó que la Agencia coordina las 500 Juntas de Certificación que funcionan en todo el país y que una de las principales tareas de la Andis es “profundizar la capacitación y acercar esas Juntas a la gente en despliegues territoriales, acompañar a las 24 jurisdicciones y mejorar todo lo que tenga que ver con la certificación”.

Galarraga precisó que, “esto un proceso, y como tal lleva su tiempo. Por eso, en principio, se prorrogaron los vencimientos de los CUD que vencieron en 2022 y vencerán en 2023, para que las personas con discapacidad que hoy no consiguen turnos o tienen dificultades en relación a esta renovación no tengan ninguna dificultad y puedan seguir accediendo a todos los derechos”.

Asimismo, remarcó que “mientras terminamos de desarrollar el sistema, los nuevos CUD no van a tener más fecha de vencimiento, sino ese vencimiento se reemplaza por un proceso que tiene que ver con que la Junta se acerque a la persona para actualizar la información, acompañar y actualizar todos los datos y la información cualitativa en relación a la situación de esa persona con discapacidad”.

Galarraga aseguró que durante las audiencias públicas que se dieron en el marco del debate de la Nueva Ley de discapacidad “advertimos una demanda de organizaciones, de la sociedad civil. Hay reclamos históricos del colectivo en este sentido que van en las dos líneas que tratamos de abordar: por un lado la de promover el certificado como herramienta de Derecho, pero también resguardar la función que el certificado tiene para aportar información que sirva de base de construcción de políticas públicas”.

“Estamos viviendo un tiempo donde la política se viene haciendo cargo de manera mucho más activa, mucho más proactiva de la temática de la discapacidad, prueba de ello es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados este año que le dio media sanción a algunos proyectos muy importantes como el del CUD, o el reconocimiento que se le dio a la Lengua de Señas Argentina”, sostuvo Galarraga.

Y concluyó: “aspiramos a que, en marzo, el presidente (Alberto Fernández) pueda finalmente elevar el proyecto que está en su fase final de tramitación, y que los legisladores en ambas cámaras puedan darle una respuesta concreta a las miles y miles de personas que participaron en las audiencias y a la historia, porque la nueva ley de discapacidad es una deuda de la democracia con la sociedad argentina”.

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