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Judiciales

El Consejo de la Magistratura volvió a funcionar pero se enfrenta a un futuro incierto

Rompió con nueve meses de parálisis y anticipó una nueva etapa con los habituales roces entre oposición y oficialismo, pero en un marco de acuerdos generales para que la institución constitucional funcione.

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El Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y remueve jueces, rompió con nueve meses de parálisis y anticipó una nueva etapa con los habituales roces entre oposición y oficialismo, pero en un marco de acuerdos generales para que la institución constitucional funcione.

Ese parece haber sido el objetivo de los 18 consejeros, más el presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo, Horacio Rosatti, cuando el martes pasado votaron a la jueza de familia Agustina Díaz Cordero como vicepresidenta del organismo, y despejaron así el imperativo de elegir autoridades para que el organismo pueda funcionar.

También eligieron los consejeros que integrarán las cinco comisiones, por unanimidad, aunque el verdadero debate se dará cuando deban elegir las autoridades de esas comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial; Disciplina; Acusación; Administración y Financiera y Reglamentación.

Díaz Cordero llegó con el apoyo de los jueces, abogados, académicos y los consejeros afines a Juntos por el Cambio (JxC), que suman hoy 13 votos, contra los seis de los legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT), que contrapusieron sin éxito la candidatura del laboralista Héctor Recalde.

“Había que arrancar”, resume una fuente del organismo que valoró más el voto unánime para integrar las comisiones que la elección dividida del vicepresidente.

Este arranque, priorizado por oficialismo y oposición, se verá si es tal el próximo miércoles -fijado y votado por el plenario como día de funcionamiento-, y si se alcanza acuerdo para una agenda que destrabe la aprobación de más de un millar de concursos para jueces ya finalizados en un sistema de Justicia nacional y federal que padece una vacancia promedio del 30 por ciento.

La parálisis del Consejo se consolidó en diciembre de 2021, cuando la Corte Suprema falló que el equilibrio entre los estamentos de jueces, abogados, académicos y legisladores era inconstitucional por la prevalencia de los consejeros políticos sobre los técnicos.

Este cisma para el organismo, que debió llevar sus miembros de 13 a 20 se complejizó y transformó en un conflicto de poderes cuando el bloque oficialista en el Senado se dividió, el flamante bloque Unidad Ciudadana reclamó el senador por la segunda minoría y designó al rionegrino Martín Doñate.

La Corte intervino entonces en el reclamo judicial de la oposición y declaró inválida la designación de Doñate, que calificó como un “ardid” del oficialismo para quedarse con tres de los cuatro lugares del Consejo que corresponden al Senado.

La mayoría en el Senado insistió con la designación de Doñate y fue entonces cuando Rosatti, en su condición de doble presidente del Consejo y de la Corte, negó el juramento al rionegrino, invocando que esa toma es la instancia final de la elección de los consejeros y una atribución del presidente de la Corte.

En el plenario de la semana pasada, justamente el senador Mariano Recalde fue el encargado de tomar la palabra para recordar todo ese proceso: “Estamos ante un Consejo provisorio que funciona luego de una decisión pretoriana que dejó sin efecto una ley que funcionó durante 16 años”.

Recalde continuó recordando que “estamos a la espera de una nueva ley que regule y ordene el funcionamiento del Consejo y que surja de donde tiene que surgir en una República: el Poder Legislativo”.

Como síntesis, Recalde dijo “no tener la menor duda” de que “esta composición y estas decisiones tienen por objetivo evitar que se juzgue a los jueces corruptos que tiene la Argentina”.

La réplica vino desde el abogado radical Miguel Piedecasas, quien negó estar propiciando la impunidad de los jueces y por el contrario sostuvo que “la deuda es de la política, que no le dio a la República Argentina una nueva ley” de composición del Consejo como reclamó la Corte en el fallo que lo declaró inconstitucional.

Pero la reacción más virulenta llegó desde la diputada radical Roxana Reyes, que acusó al kirchnerismo de estar “obsesionados” con la manipulación de los jueces y la Justicia.

En estos cruces, que de algún modo amenazaron la intención de avanzar en acuerdos necesarios, quedó clara la relación de fuerzas: un oficialismo con un bloque mayoritario de seis consejeros y una oposición que, eventualmente, puede obtener el apoyo de los miembros técnicos y sumar 13 votos, la mayoría especial para aprobar las ternas de jueces o remover magistrados por mal desempeño.

El miércoles próximo se sabrá finalmente si el Consejo profundiza sus desaveniencias y vuelve al ostracismo o si logra encaminarse a una convivencia productiva aún con las diferencias.

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PreDictadura | Causa Villazo: piden prisión preventiva para 20 acusados

El “Villazo” se inició el 20 de marzo de 1975, cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales “ocupó” la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.

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El equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario solicitó al Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) que dicte prisión preventiva a los 20 procesados por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como “Villazo”, que aguardan el juicio en libertad, informaron fuentes del organismo.

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A través de una presentación escrita ante el TOF1 de Rosario, la APDH requirió esa medida frente al “peligro de fuga y entorpecimiento procesal” de los imputados que permanecen en libertad, indicaron a Télam fuentes de la querella.

El organismo defensor de los derechos humanos recordó que en la causa hay un solo procesado que cumple prisión preventiva, mientras que otros cuatro fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.

En un comunicado señalaron que “los demás, que gozan impunemente de libertad, representan un serio y real riesgo de fuga y con ello, la frustración del inicio del juicio que ya lleva 48 años de espera”.

Si bien el Tribunal aún no fijó la fecha de inicio del proceso oral por los hechos conocidos históricamente como “Villazo”, por la ocupación militar, policial y paramilitar de la ciudad santafesina de Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, está previsto que se sustancie en el segundo semestre de este año, indicaron desde la delegación local de la APDH.

“La petición exige que los procesados por la causa del ‘Villazo’ esperen el inicio de juicio con la imposición de prisión preventiva en cárcel común”, indicó el organismo.

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La causa por el “Villazo” juzgará homicidios, torturas, privación ilegal de la libertad y asociación ilícita, cometidos en perjuicio de 67 víctimas, en su mayoría integrantes de la Lista Marrón de la delegación Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Alberto Piccinini, que entonces estaba enfrentada a su conducción nacional, en manos del histórico dirigente Lorenzo Miguel.

El único imputado que se encuentra con prisión preventiva es el expolicía federal Roberto Raúl Squiro, mientras que los acusados Roberto Pellegrini, Ricardo Torralvo, Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis cumplen prisión domiciliaria.

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Los restantes 20 procesados están en libertad a la espera de la realización del juicio.

“Desde la APDH exigimos proteger este proceso de lesa humanidad, que tanto camino ha recorrido en estos 10 años de lucha judicial y en las calles de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos”, agregó la querella de la APDH.

El “Villazo” se inició el 20 de marzo de 1975, cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales “ocupó” la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.

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Según la investigación, ese proceso represivo ofició como “laboratorio” de lo que un año después se extendería a todo el país tras el golpe de Estado a la presidenta María Estela Martínez de Perón.

Entre los acusados hay dos empleados jerárquicos de la empresa Acindar, que de acuerdo a la investigación prestó sus instalaciones para la represión ilegal de sus obreros, brindó información sobre ellos y pagó sobresueldos a policías para la persecución de los militantes de la Lista Marrón de la UOM.

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