Por Clelia Sívori

El Senado de la Nación tendrá el próximo jueves su última sesión ordinaria con la actual composición de las fuerzas políticas, antes del recambio legislativo, con una amplia agenda de temas vinculados a la salud, la educación y el medio ambiente.

La sesión ordinaria que será convocada por la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, se iniciará después del mediodía, una vez que finalice la ceremonia de jura de los nuevos senadores y senadoras que fueron electos el 14 de noviembre.

Los principales bloques políticos, el Frente de Todos (FdT), que conduce el formoseño José Mayans, y el de Juntos por el Cambio (JxC), que lidera su coprovinciano radical Luis Naidenoff, se reunirán el próximo martes para intentar llegar a un acuerdo sobre los temas a debatir en este último plenario.

Qué se debatirá

El oficialismo ya adelantó su intención de dar aval a los 116 decretos de necesidad y urgencia emitidos por el presidente, Alberto Fernández, en los últimos dos años, algo que la oposición cuestiona y prefiere dejar para dirimir con la nueva integración del Senado donde tendrá números más holgados.

Se trata de normas dictadas por la Presidencia que van desde la reforma a la Ley de Ministerios hasta las diferentes disposiciones vinculadas con la gestión de la pandemia de coronavirus, ampliaciones presupuestarias; amortización de las Letes; aumentos jubilatorios, la suba del mínimo del impuesto a las Ganancias y la rendición de cuentas del Ejercicio 2021 del Gobierno.

También, se buscará ratificar el decreto que declara la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días, a partir de la entrada en vigencia del DNU, así como la norma que dispone un incremento salarial mínimo y uniforme para los trabajadores del sector privado en relación de dependencia.

Además, se incluyó el decreto por el cual se determinan distintos aumentos en prestaciones previsionales y la derogación del DNU que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dispuesto por el Gobierno de Mauricio Macri, así como el que prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta días.

Con la convalidación de una de las Cámaras, en este caso el Senado, los DNU quedarán firmes. También se incluirían en la discusión proyectos que no conllevan discrepancias entre oficialismo y oposición y sobre los que habría acuerdo para su aprobación en el recinto.

Se trata de una norma para incluir el sistema braille en los medicamentos, un proyecto sobre educación inclusiva y otra propuesta que modifica la ley general de Ambiente. También podrían aprobar en el recinto dos proyectos de ley que resaltan la importancia del corredor bioceánico entre Chile y la Argentina, impulsados por el bloque del FdT.

Un texto de la senadora de Juntos por el Cambio, Silvia Giacoppo, que busca garantizar la atención y asistencia presencial a las personas mayores, para agilizar trámites, gestiones o diligencias administrativas en oficinas virtuales, se sumaría a la agenda de temas.

Asimismo, se prevé tratar una normativa que declara el 3 de diciembre Día Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y un proyecto del senador por Chaco, Antonio José Rodas (FdT) para la promoción del voluntariado social, en actividades sin fines de lucro.

Un proyecto de ley que incluye en el Régimen de Trabajo la obligación por parte de los empleadores de contratar un seguro de vida para las trabajadoras de casas particulares fue aprobado la semana pasada por la comisión de Trabajo del Senado y quedó en condiciones de ser debatido en la próxima sesión.

Otra norma que los senadores buscarán aprobar es un proyecto de ley que establece una reparación simbólica para trabajadores detenidos desaparecidos del sector privado durante la dictadura militar, al incluir en sus legajos laborales su condición de víctimas del terrorismo de Estado.

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El presidente de la comisión de Derechos y Garantías, Julio Martínez (Juntos por el Cambio-La Rioja), explicó que el objetivo de la norma, ya aprobada por la Cámara de Diputados, es “llevar igualdad” entre los empleados del sector público y el sector privado.

En el Estado ya existe una norma que obliga a las empresas e instituciones a incluir en los legajos laborales la condición de detenido desaparecido de aquellos empleados que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.