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Espionaje

Aceptan a la Bicameral de Inteligencia como ‘amicus curiae’ en causa de espionaje ilegal

La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tuvo en cuenta «la finalidad y función que cumple la CBI, los argumentos invocados en su presentación».

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El-Argenitno-Gestapo bonaerense de Vidal y Macri

La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), que preside el diputado Leopoldo Moreau, fue aceptada este viernes como ‘amicus curiae‘ -amigos del tribunal- en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a dirigentes políticos, sociales y gremiales, entre otros, y en cárceles.

La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tuvo en cuenta «la finalidad y función que cumple la CBI, los argumentos invocados en su presentación, los informes producidos, los fallos citados y la temática ventilada en autos», según surge de la resolución.

En la presentación por parte de la Bicameral de Inteligencia se había señalado que el objetivo de participar de la causa como amicus curiae era el de «cooperar con la justicia mediante el aporte de elementos de interés, como así también contribuir en el abordaje de aspectos técnicos en materia de inteligencia nacional y/o con el análisis sobre cuestiones de derecho en la causa».

En el mismo texto se recordó que la propia bicameral ya elaboró en su momento un «informe sobre Espionaje Ilegal en el período 2016-2019», que arribó a la conclusión de que por entonces «se llevó adelante un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno nacional (que encabezaba Mauricio Macri) que consistió en la violación de elementales derechos humanos y la persecución de ciudadanos argentinos por el sólo hecho de su pertenencia política».

«Como órgano fiscalizador y especialista en materia de inteligencia, creemos acertado colaborar en cuestiones técnicas vinculadas a los hechos que se investigan».

«La disciplina de la Inteligencia, debido a su especificidad, cuenta con principios y directrices particulares y que le son propios», se explicó en aquella presentación y agregó que: «Estos lineamientos muchas veces excepcionales distan de los principios que regulan la administración pública y las fuerzas de seguridad».

Asimismo, sostuvo esa presentación que «a los fines de ejemplificar esta afirmación podemos mencionar el carácter de secreto que requieren ciertas acciones u operaciones que de no respetarse comprometerían de manera severa la Seguridad Nacional».

«Como órgano fiscalizador y especialista en materia de inteligencia, creemos acertado colaborar en cuestiones técnicas vinculadas a los hechos que se investigan, como ser, acercar nuestro análisis respecto del ciclo de la inteligencia en el período mencionado, con el objeto de desentrañar el receptor final de la información que se obtenía», habían señalado los legisladores en su presentación.

La Bicameral de Inteligencia está integrada, entre otros, por los senadores Mariano Recalde y Oscar Parrilli (Frente de Todos) y Alfredo Cornejo (UCR), y los diputados Cristian Ritondo (Cambiemos) y Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdes (FdT).

«Yo festejo las declaraciones que hizo ayer mi director Dalmau Pereyra, que las órdenes eran dadas por Majdalani y Gustavo Arribas».

La causa en la que se presentaron es aquella en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas, entre otros, por un grupo de espías que se comunicaban a través de distintos grupos de Whastapp, uno de los cuales estaba titulado «Súper Mario Bross».

Entre las víctimas de las maniobras investigadas en esta causa están la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y el sindicalista Hugo Moyano.

En esta causa, que comenzó en los tribunales federales de Lomas de Zamora, estuvieron procesados por espionaje ilegal los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, pero un fallo reciente de la Cámara Federal porteña los benefició al considerar que en realidad los espías actuaron como cuentapropistas y no por cuenta y orden de su superioridad jerárquica.

Por otra parte, la Comisión Bicameral de Inteligencia recibió hoy el testimonio de los ex agentes de la AFI, Guillermo Matta, y Jorge «Turco» Sáez, quienes señalaron que realizaron actividades de espionaje ordenadas por sus superiores, con lo cual desecharon la teoría del cuentapropismo que fue avalada por la Cámara Federal porteña.

Matta dijo a los periodistas que en la comisión relató sobre «el seguimiento que se le hizo al juez Luis Carzoglio», y dijo que «dio testimonio de lo que ocurrió» .

Al ser consultado si esa actividad la había hecho por cuenta propia, Matta señaló que «ningún agente raso se podría cortar solo ni hacer ninguna actividad que no emane de directivas de sus superiores».

Por su parte, Sáez dijo que vino a hablar de una tarea de espionaje a un gremio del Hospital Posadas «que salieron en un periódico», y dijo que las órdenes «fueron emanadas por Diego Dalmau Pereyra y por Silvia Majdalani».

Asimismo, reiteró que todas las directivas fueron dadas por sus superiores y afirmó que «era una payasada que hayan dicho que había cuentapropismo porque la AFI es una institución de jerarcas». «Yo festejo las declaraciones que hizo ayer mi director Dalmau Pereyra, que las órdenes eran dadas por Majdalani y Gustavo Arribas», añadió.

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Espionaje

Manual de la trampa: el juez que quiere quedarse con la causa GestaPro

El juez de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi apuró al magistrado Ernesto Kreplak para hacerse cargo de dos causas de espionaje ilegal del macrismo. ¿Destino de cajoneo?

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El juez federal porteño, Marcelo Martínez de Giorgi, le reclamó este viernes a su colega de La Plata, Ernesto Kreplak, que se inhiba de seguir interviniendo en la causa en la que se investiga el supuesto accionar de una «Gestapo» antisindical y le reclamó que mande el expediente a Comodoro Py para que pase a tramitarse junto a otra causa de espionaje ilegal.

El magistrado sostuvo que el expediente que se tramita ante la Justicia federal de La Plata tiene elementos de contacto con la causa por espionaje ilegal en contra de dirigentes políticos, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que habría sido desplegada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Captura Pantalla

Para tomar esa decisión, el magistrado le dio la razón a un planteo formulado por la defensa del ex director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Juan Sebastián de Stéfano, que había reclamado que la causa pasara a los tribunales federales porteños.

Pese a la opinión contraria del fiscal Franco Picardi, el juez resolvió «requerir al titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3 de La Plata, Secretaria nro. 7, que se inhiba de seguir entendiendo en el marco de la causa n° 18.933/2021 y la remita ante este juzgado», según surge del fallo al que accedió Télam.

Sobre la causa

La causa de la «Gestapo antisindical» investiga una maniobra desplegada por directivos de la AFI, funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, dirigentes de Cambiemos y empresarios para lograr la detención del sindicalista de la construcción platense, Juan Pablo «Pata» Medina.

Para el juez Martínez de Giorgi, ese expediente debe acumularse a otro anterior que se inició en Lomas de Zamora pero luego pasó a su juzgado en Comodoro Py donde se investigan maniobras de supuesto espionaje ilegal de las que Medina, entre otros, fue víctima y en la que De Stéfano también aparece como imputado.

«Se hará lugar a lo solicitado por el incidentista y se dispondrá la acumulación de los legajos, para que tramiten ante esta sede», sostuvo Martínez de Giorgi en un fallo en el que resaltó que «Sebastián De Stéfano y Diego Luis Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de la AFI) se encuentran imputados y que Juan Pablo Medina aparece como víctima en ambos».

«La lectura de las actuaciones revela que en el expediente 18.933/2021 se investigan conductas que habrían tenido lugar en el año 2017, por parte de tres agentes de la AFI, entre otros sujetos, dirigida a judicializar la situación de conflicto existente en torno a Juan Pablo Medina, allegados y a la UOCRA Seccional La Plata», repasó el juez.

El magistrado sostuvo que «como hipótesis delictiva, se incluyó el desarrollo de tareas de inteligencia ilegal, llevadas a cabo por integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia sobre él y parte de su entorno» y agregó: «Pero además de ello, se observa que muchas diligencias probatorias tuvieron lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia, Casa Rosada y sede del Banco Provincia ubicada en CABA)».

«A ello se suma que se determinó que la reunión del 15/6/17, que motivara la denuncia que dio origen a la causa 18933/21, se llevó a cabo en esta urbe (sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sita en calle San Martín n° 137 de CABA)», continuó.

Sobre la reunión de 2017

La reunión del 15 de junio de 2017 fue aquella en la que el procesado exministro de Trabajo del gobierno bonaerense de Vidal, Marcelo Villegas, hizo referencia a su imposible deseo de contar con una «Gestapo» para poder desplegar la persecución contra los sindicalistas de los cuales se quejaban algunos empresarios.

«Creeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría«, se lo escucha decir a Villegas en el video de la reunión que dio origen a la investigación que todavía se tramita en La Plata.

El expediente

El expediente que ahora reclama un juez de Comodoro Py se inició a partir del hallazgo, entre los archivos digitales de la AFI, de la grabación de una reunión concretada en el Bapro.

Además de Villegas, en esa causa están procesados el intendente de La Plata Julio Garro, el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI De Stéfano (Asuntos Jurídicos), Dalmau Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).

Tras los primeros procesamientos, esa causa comenzó a avanzar en dirección a determinar la eventual responsabilidad penal en los hechos del expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Cambiemos.

La información surge del pasaje final del fallo firmado anoche por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en el que indicó que «del análisis de los hechos, se desprende que el plan cuyos ribetes delictivos han sido suficientemente indicados no se limitó a las personas aquí imputadas».

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