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Judiciales

Para Dalbón, Pepín Rodríguez Simón «no es un asilado, es un prófugo» que debe ser detenido en Uruguay

El abogado penalista Gregorio Dalbón aseguró que «Pepín» busca entorpecer la justicia y que «debe quedar detenido con prisión preventiva».

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El abogado penalista Gregorio Dalbón aseguró que «Pepín» busca entorpecer la justicia y que «debe quedar detenido con prisión preventiva». En ese marco, sostuvo que «Rodríguez Simón fue el operador más grande que tuvo la Argentina en los últimos 20 o 30 años».

El penalista Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, dijo que el ex asesor jurídico del ex presidente Mauricio Macri e integrante de la llamada mesa judicial de su gestión, Fabián Rodríguez Simón, no puede ser considerado «un asilado político» en Uruguay, y debe ser detenido en el país vecino por Interpol «porque es un prófugo» de la Justicia argentina.

«Desde ningún punto de vista es un asilado ni perseguido político en el Uruguay, es un prófugo de la justicia argentina, y debe ser tratado como tal», afirmó Dalbón este martes en diálogo con Radio 10.

«Pepín» Rodríguez Simón, como se lo conoce, anunció este lunes que pidió asilo como refugiado político en Uruguay, donde reside desde diciembre pasado, mientras desde la Justicia federal podrían impulsar un pedido de detención con fines de extradición, dijeron fuentes tribunalicias.

«Efectivamente, pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección internacional de las personas, y la verdad es algo que no es nada grato», señaló Rodríguez Simón en una entrevista concedida desde Montevideo al canal LN+, instancia en la que fue presentado como letrado y dirigente del PRO.

Rodríguez Simón es sindicado como integrante de la llamada mesa judicial del macrismo, a cuyos integrantes se acusa de realizar maniobras ilegales en perjuicio de empresarios, entre ellos los propietarios del Grupo Indalo.

La jueza federal a cargo de la causa, María Servini, le había prohibido la salida del país a fines de marzo pero para entonces el abogado y miembro del PRO ya se encontraba en Uruguay, adonde había viajado con autorización.

Dalbón aseguró que Rodríguez Simón «está intentando hacer algo que no existe en el Uruguay, que es considerarse asilado, como si fuera una persona que está perseguida».

Y aclaró que «lo único que tiene es una imputación bajo un principio de inocencia que mantiene, porque lo único que quiere la jueza Servini es tomarle una declaración indagatoria para que él pueda hacer un acto de defensa».

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Sin embargo, a partir de las propias declaraciones de Rodríguez Simón, Dalbón señaló que, «ahora, en este caso, cuando uno se profuga o entorpece el accionar de la Justicia, cabe la prisión preventiva, por lo que debería venir detenido por Interpol».

En ese sentido señaló: «Creo que el fiscal (Guillermo) Marijuan no se va a dormir en este caso, y debería pedir ya la captura internacional a través de Interpol, para que lo busquen y lo traigan detenido del Uruguay, y que permanezca así hasta la indagatoria. Eso también lo puede hacer la jueza y las querellas».

E insistió: «Como ahora lo que hizo fue entorpecer la justicia a través de este tipo de falso pedido de asilo político, y además el intento de profugarse, debe quedar detenido con una prisión preventiva».

Dalbón aseguró que Rodríguez Simón «fue el operador más grande que tuvo la Argentina en los últimos 20 o 30 años. Él y (Daniel) Angelici, los dos operadores de Macri, son los que yo decía que iban terminar prófugos o detenidos».

Finalmente, recordó que «todos sabemos que es íntimo amigo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, incluso estuvo en su casamiento».

Argentina

Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

El Argentino

Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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