El hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, Fernando André Sabag Montiel, y su novia Brenda Uliarte planeaban alquilar un departamento en el barrio porteño de Recoleta que les permitiera una vista limpia hacia la propiedad de la dos veces primera mandataria de la Nación, confirmaron fuentes judiciales.
La información fue detectada en el teléfono celular de la detenida Uliarte y surge de mensajes de audio que se envió con el agresor, al que además acompañó hasta la zona de Juncal y Uruguay el 1° de septiembre último cuando intentaron dispararle en la cabeza a Fernández de Kirchner.
En la causa hay una tercera detenida -Agustina Díaz- que, según surge de la investigación judicial, le reprochó a Uliarte a través de mensajes de texto que el atentado hubiera salido mal y le recomendó que se deshiciera del su teléfono celular para ocultar cualquier prueba incriminatoria.
Télam pudo averiguar de fuentes seguras que Díaz habló con Uliarte los días previos al intento de atentado sobre las mecánicas posibles para ejecutar el magnicidio de la vicepresidenta Fernández de Kirchner.
La tercera imputada en el caso, además, le reprochó a Uliarte, con insultos, que hubiera enviado a Sabag Montiel a ejecutar el asesinato y se preguntó si fue porque se puso nervioso que no logró su cometido.
La información que comprometió a Díaz hasta el punto de que fuera ordenada su detención surgió del celular de Uliarte, quien la tenía agendada como “Amor de mi vida” y solía compartir expresiones de odio, según detallaron a esta agencia las fuentes de la investigación.
La detención de Díaz se produjo en el partido bonaerense de San Miguel, en el marco de una serie de operativos ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En el allanamiento en el que se produjo la detención se secuestraron tres teléfonos celulares, de los cuales solo uno estaba activo, informaron las fuentes consultadas.
La PSA llevó a cabo en la noche del lunes, además, otros dos allanamientos, uno en provincia de Buenos Aires y otro en la ciudad de Buenos Aires, en los que se secuestraron también teléfonos celulares notebooks, pendrives y demás dispositivos que ya están siendo sometidos a peritaje.
Uno de esos allanamientos fue en el domicilio de un hombre de confianza de Uliarte, con el que mantenía intensas comunicaciones y que los investigadores creen que pudo haberla ayudado a tratar de escapar: le secuestraron el teléfono celular y otros elementos para avanzar con esa línea de pesquisa.
Tras estas acciones, la jueza Capuchetti ordenó el levantamiento del secreto de sumario, mientras que por estas horas se espera que la magistrada fije audiencia para la indagatoria de la nueva detenida, lo que según el Código Procesal Penal deberá ocurrir dentro de las 24 horas de su arresto, plazo que puede ser prorrogado por otras 24 horas.
Se especulaba con que la magistrada utilizaría esa extensión a la espera de que pueda ser obtenida toda la información albergada en los dispositivos electrónicos secuestrados en el allanamiento a la casa de Díaz.
El defensor oficial Juan Martín Hermida fue notificado esta tarde de su designación para la defensa de la nueva detenida y decidió entrevistarse con ella: asumirá su defensa si no surgen “intereses contrapuestos” con la representación de Sabag Montiel, a quien ya defiende en este caso.
Por otra parte, se esperaba que la magistrada convoque a Sabag Montiel y a Uliarte a ampliar su indagatoria para exhibirles la nueva prueba incorporada al expediente, entre la que se destacan los mensajes obtenidos del teléfono de la novia del principal acusado del atentado que confirman que el del 1 de septiembre no fue el primer intento de asesinato contra la Vicepresidenta.
Fuentes de la investigación consultadas por esta agencia confirmaron que los mensajes dan cuenta de un intento de ataque ocurrido el 27 de agosto, durante la noche en la que la Vicepresidenta le habló a la militancia apostada en la zona de las calles Juncal y Uruguay, donde se emplaza el edificio donde vive la titular del Senado.
“No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido”, dice uno de los mensajes que recibió Uliarte de parte de Sabag Montiel.
“¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido”, sostiene otro mensaje detectado por la justicia.
En otra comunicación, Sabag Montiel le dice a Uliarte: “No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios, eh, y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”.
La información sobre la intención de alquilar un departamento en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner surge del teléfono de la propia imputada y abre para los investigadores una nueva incógnita: ¿Quién financiaba los emprendimientos de esta banda criminal que tenía tiempo para hacer tareas de inteligencia y buscaba rentar una vivienda en Recoleta?
Un fiscal federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) pidieron someter a juicio oral a cuatro presuntos integrantes de una banda narco que en junio de 2022 arrojó a la ría de Bahía Blanca, presumiblemente desde una embarcación que luego abandonaron en ese espejo de agua, un cargamento de casi 200 kilos de cocaína listos para su exportación marítima.
El requerimiento del fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la auxiliar de Procunar, Patricia Cisnero, recayó sobre Emiliano Maximiliano Peralta, Emilio Juan Ángel Villalba Cabrera, Lilian Noemí Jara Cabrera e Ignacio Rolando Orué, quienes están detenidos e imputados de “contrabando de exportación calificado, por tratarse de estupefacientes y destinada para su comercialización en territorio nacional”.
Fuentes judiciales informaron que el cargamento de 196,36 kilos de cocaína estaba distribuido en siete bolsos y tenía un 80 por ciento de pureza y se cree que la droga fue arrojada desde un bote semirrígido que se encontró abandonado a la deriva en la misma zona.
“En la maniobra, cuyo motivo de frustración se desconoce, existió intención de burlar el control aduanero”, señaló el pedido delos acusadores, que consideraron que “debido a las características del accionar delictivo, el hecho encuadra dentro la figura de contrabando agravado”.
La investigación comenzó el 27 de junio del año pasado cuando personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) halló un bote semirrígido identificado como “Al I Lafken II” abandonado y a la deriva en el canal de acceso a la terminal portuaria de Bahía Blanca.
Al momento del hallazgo, la embarcación se encontraba sin ocupantes, con los pontones laterales desinflados, la llave de arranque colocada, una caja con elementos de pesca, chalecos salvavidas y tanques con combustible prácticamente llenos.
“La cocaína fue hallada en tres momentos diferentes: la primera parte fue encontrada en proximidades de la boya 21 de la ría de acceso al Puerto de Bahía Blanca dentro de cinco bolsos que flotaban sobre el espejo de agua”, detallaron los fiscales.
También señalaron que se encontraron sogas y cabos que, tras ser extendidos “adquirían la forma de una especie de canasta que podría permitir la superposición de bolsos para la realización de un izado a bordo de una embarcación”.
Esos cinco bolsos se hallaron el 30 de junio, mientras que al día siguiente se encontró un sexto flotando en la misma ría y el 18 de julio un séptimo semienterrado en una playa cercana de la Base de Infantería de Marina Baterías, próxima a Punta Alta.
De acuerdo al expediente, la droga incautada estaba acondicionada de forma compacta en paquetes rectangulares, estancos, herméticos y sujetos con sogas y que contaban con un grabado con la leyenda “Patrón”.
En el marco de la pesquisa, personal de PNA halló luego una factura emitida el 23 de junio por una firma vinculada con una estación de combustible y alojamiento en Coronel Pringles, “a nombre de Emilio Juan Ángel Villalba Cabrera” y que “refería al alquiler de una habitación cuádruple” para la noche del 22 de junio.
“En el marco de la pesquisa se determinó que Orué se alojó en el cuarto continuo y que, tras acceder al registro de pasajeros del hotel, se corroboraron los nombres de quienes efectivamente se alojaron”, señalaron los fiscales.
También determinaron que tras el registro de titularidad de la embarcación secuestrada surgió el nombre de Aureliano Villalba Cabrera, quien actualmente se encuentra prófugo.
Para los investigadores, ese bote había sido trasladado antes de su abandono a Villa del Mar, en cercanías de Punta Alta, en un tráiler sujeto a una camioneta marca Ford Ranger 4×4, cuya titularidad estaba a nombre de Peralta.
Respecto de Lilian Jara Cabrera, los pesquisas le atribuyen un rol activo en las tareas logísticas que demandó la actividad emprendida por la estructura criminal.
“Intervino en gestiones tendientes a dotar de vehículos, teléfonos móviles y recursos humanos a la organización, como ocurrió con otro de los acusados, con quien mantenía una relación amorosa”, señaló la fiscalía.
Por último, los voceros añadieron que las tareas investigativas permiten sostener que la intención de los acusados era “exportar los estupefacientes a través de un buque apto para una travesía prolongada, posiblemente transoceánica, pues de lo contrario no se justificaría que se hayan movilizado hacia una terminal portuaria que ciertamente está muy distante de su lugar de residencia”, que es en el partido bonaerense de Florencio Varela, en el sur del conurbano.