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Lawfare

Ecuador: arrestan al juez que firmó el hábeas corpus para liberar al ex vicepresidente

Lawfare en la Región. El magistrado fue detenido «con fines investigativos», tras ser denunciado «por presunta usurpación y simulación de funciones públicas», un delito sancionado con una pena de uno a tres años de prisión.

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El Ministerio de Interior ecuatoriano anunció en las últimas horas la detención del juez Rubén Molina, quien la semana pasada concedió un hábeas corpus a favor del exvicepresidente Jorge Glas, condenado por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

«La Unidad Judicial de la Policía de Ecuador, en coordinación con la Subzona de Inteligencia de Manabí, aprehendieron al ciudadano Rubén M.B, quien tenía boleta de captura, para investigación por el delito de Usurpación de Funciones», publicó anoche la cartera en su cuenta de Twitter.

Molina fue detenido «con fines investigativos», tras ser denunciado «por presunta usurpación y simulación de funciones públicas», un delito sancionado con una pena de uno a tres años de prisión, precisó por su parte la Fiscalía.

La denuncia fue presentada ayer por el director general del Consejo de la Judicatura, Santiago Peñaherrera, y en cuestión de horas, la Fiscalía General del Estado anunció el inicio de una investigación previa en la provincia costera de Manabí, reportó el diario El Universo.

Según la Judicatura, Molina habría actuado sin jurisdicción en el hábeas corpus concedido a Glas y a Daniel Salcedo Bonilla, dado que el funcionario la perdió al ser acusado de prevaricato, en otro proceso judicial, y además está llamado a juicio por ese delito.

No obstante, también se le cuestiona el hecho de que su jurisdicción -la ciudad de Portoviejo (suroeste)- se encuentra lejos del lugar donde Glas está encarcelado, que es en la Prisión 4, ubicada en Quito.

El hábeas corpus presentado por Molina, quien argumentó que los padecimientos de salud del ex vicepresidente no fueron atendidos de forma especializada e integral, fue también rechazado por el Gobierno del conservador Guillermo Lasso por supuestas irregularidades en el proceso, consignó la agencia de noticias AFP.

«Las instituciones del Estado ecuatoriano interpondrán los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación de ciudadano alguno que atente contra el ordenamiento jurídico y contribuya a la anarquía judicial a la que intentan llevarnos algunos jueces», señaló la secretaría de Comunicación.

Molina emitió su resolución el viernes último para otro prisionero, pero el magistrado «la hizo extensiva a favor» de Glas y Daniel Salcedo (sentenciado por corrupción), «sin que ellos hayan presentado la acción», señaló el lunes la secretaría de General de Comunicación de presidencia en un comunicado.

Agregó que la decisión del juez «apareció, repentinamente, en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano» el pasado lunes.

Glas, quien fue vicepresidente del exmandatario Rafael Correa entre 2013 y 2017, recibió un hábeas corpus el 10 de abril pasado que le permitió salir en libertad condicional, pero este fue revocado por la justicia ecuatoriana casi un mes después.

Tras declararse nula la decisión, el exfuncionario fue trasladado a una prisión en Quito para cumplir su sentencia de seis años de prisión por recibir millonarias coimas de Odebrecht.

Glas también fue condenado a ocho años de reclusión por pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado en el caso denominado «Sobornos 2012-2016», en el que también fue sentenciado en ausencia Correa (2007-2017).

El ex vice se entregó a la justicia en octubre de 2017 en medio de la investigación por el caso Odebrecht. En enero de 2018 perdió el cargo cuando el Congreso declaró su ausencia definitiva en el puesto tras ser condenado. Entonces, se convirtió en el funcionario de más alto rango de Latinoamérica en ser sentenciado por la trama de coimas de la constructora brasileña.

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Judiciales

Tuiteó Cristina: «Las garantías procesales no aplican si sos peronista»

La vicepresidenta se refirió a la doble vara del Poder Judicial en cuanto al Derecho Penal aplicado en la represión del 2001 en el gobierno de Fernando de la Rúa.

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó este domingo que «las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho no aplican si sos peronista«, al ampliar sus dichos sobre los antecedentes jurisprudenciales del caso contra el exmandatario Fernando de la Rúa por la represión de los días 19 y 20 de diciembre en el 2001.

«Lo dicho el viernes en nuestro alegato: las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista«, reiteró la vicepresidenta en una publicación que compartió a través de su cuenta de Twitter, donde advirtió que «para el peronismo» hay «Derecho Penal de autor».

Al referirse a la acusación contra De la Rúa por los asesinatos de manifestantes en las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, sostuvo que «para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión, Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso».

«La Sala 1 de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, es la que tiene dos causas de Asociación Ilícita, (Memorándum y Hotesur-Los Sauces), que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra o sea… cinco veces juzgada por el mismo hecho«, consignó.

Además, planteó que no sólo De la Rúa fue sobreseído por el fallecido juez Claudio Bonadio «en la acusación por homicidio culposo» sino que el jefe de Gabinete de esa administración, Chrystian Colombo y el ministro del Interior Ramón Mestre, «ni siquiera resultaron acusados, pese a que el artículo 102 de la Constitución Nacional, establece la responsabilidad solidaria de los ministros sobre los decretos que firman».

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