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Diputados repudió por amplia mayoría el intento de magnicidio

Comenzó a sesionar pasadas las 12,40 con acuerdo de los bloques. Se elaboró un documento en el que el oficialismo aceptó cambiar uno de los términos a pedido de la oposición.

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La Cámara de Diputados repudió hoy el ataque que sufrió el jueves a la noche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exigió el «pronto y completo» esclarecimiento del hecho y la condena a los responsables, en el marco de una sesión especial en la que el pronunciamiento fue aprobado por amplia mayoría, tras ser consensuado con la mayoría de los bloques parlamentarios.

El bloque de diputados del PRO anunció que acompañaba el proyecto acordado pero se retiró del recinto tras la votación del texto, en una nueva muestra de las tensiones internas que atraviesa la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), ya que los diputados de la CC y del radicalismo permanecieron en el recinto.

En tanto, el Frente de Izquierda se abstuvo de votar el texto, por no estar de acuerdo con los cambios introducidos a último momento durante la reunión de Labor Parlamentaria.

Tras la votación, 13 oradores estaban anotados para exponer; entre ellos, el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, quien no había condenado hasta el momento el intento de asesinato contra la Vicepresidenta.

El texto que finalmente se aprobó en el recinto fue consensuado en la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión, en la que se resolvió condenar el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta, similar al debatido en el Senado.

En el marco del plenario, la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha -presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja- sostuvo que «han usado argumentos para justificar el ataque a Cristina que conservan la misma lógica de aquellos que justifican la violencia contra las mujeres».

Desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Miryam Bregman, en tanto, dijo estar en el recinto «para condenar el atentado sufrió Cristina Fernández de Kirchner y exigir su inmediato esclarecimiento y por eso fuimos una de las primeras fuerzas políticas que salimos a condenarlos sin especulación».

Entre los funcionarios del Poder Ejecutivo, se encuentran presentes el ministro de Defensa, Jorge Taiana, junto a jefes militares; el titular de la cartera de Justicia, Martín Soria; el de Transporte, Alexis Guerrera y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; la vocera presidencial, Gabriela Cerruti y la titular del Inadi, Victoria Donda; y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Texto de la resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la Sra. Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación Argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la señora Vicepresidenta y su familia.

Exigimos el pronto esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida en democracia.

Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social.

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Argentina

Jujuy: Morales instaló una «empresa de espionaje ilegal»

Así lo denunció la Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos.

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El-Argentino-Gerardo Morales

La Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos denunció hoy el funcionamiento de «una empresa de espionaje ilegal» en Jujuy, con participación de la justicia en el «armado de causas con hipótesis delictivas» y con infiltraciones de la policía en las organizaciones sociales, lo cual «están vulnerando las garantías y derechos constitucionales de la democracia».

En tal sentido, presentaron una denuncia penal en la fiscalía federal de Jujuy contra el ministro de Seguridad de la provincia, Luis Alberto Martín; el jefe de Policía, Héctor Herbas Mejía; el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía provincial, Marcelo Rodríguez; el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Diego Funes y del juez de Control en lo penal y Delitos contra la Administración Pública de Jujuy Rodolfo Fernández «por la presunta comisión de delitos de acción pública, por hechos violatorios de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional».

«La primera acción de esta empresa de espionaje fue infiltrar, ese es el primer hecho que denunciamos, la infiltración (en marchas y movilizaciones). Acá se persiguen a todos los opositores, no hay nadie en particular, se los persigue a todos», dijo a la prensa la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, en la CTA de Jujuy.

«Cometida la infiltración, el fiscal Funes solicita allanamientos, que también constan en la denuncia, y con eso va construyendo hipótesis delictivas de las que el juez de control toma intervención tres meses después», precisó.

Detalló que «se violaron dos leyes federales, por eso la competencia es federal y no pueden desestimarla», dado que «se realizaron tareas de espionaje ilegal sin denuncias previas que vinculen la comisión de una actividad criminal».

«Estas tareas de espionaje ilegal según los hechos y las pruebas que constan en esta denuncia fueron encomendadas a la Agencia de Delitos Complejos provincial», apuntó.

Consideró que «es importante que la población entienda cómo funciona esta estructura judicial policial que estamos denunciando; definitivamente una empresa de espionaje ilegal». Añadió que obedece a «una estrategia» del Gobierno para «el aniquilamiento del que piensa diferente, donde (el gobernador Gerardo) Morales debe ser también el garante de que se cumpla la Constitución Nacional en la provincia, con los debidos procesos, tratados internacionales, así como en todas las jurisdicciones del país».

Carpinetti indicó que toda esta estructura «constituyó una empresa de espionaje ilegal» y la fiscalía «debe investigar los hechos, abrir a prueba e iniciar con las testimoniales».

La denuncia se realizó en el marco de la cuarta visita de la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos a Jujuy con participación de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.

Durante su permanencia en Jujuy para hacer un relevamiento sobre vulneración de derechos, la Comisión visitó Tilcara y San Pedro de Jujuy y advirtió la presencia de un policía que los estaba espiando mientras tomaban las denuncias, dijeron.

«En San Pedro recepcionamos muchísimas denuncias de pequeños productores muy preocupados porque les están iniciando causas, algunos ya imputados, debido a que tienen una orden de desalojo de la tierra que ocupan para la agricultura familiar», relató la abogada del Ministerio de Justicia de la Nación Daniela Verón, integrante de la Comisión.

«Sufrimos un acto de espionaje ilegal, infiltración, en particular lo puedo comentar porque lo sufrimos, era un oficial de policía vestido de civil que también es ayudante de un fiscal», afirmó y dijo que «tras advertirle se retiró».

El referente del Movimiento Evita de Jujuy José Zurita indicó que la práctica del espionaje la «observan continuamente» a través de «la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy que va a las casas de los compañeros y compañeras y le pregunta a los vecinos si los conoce, qué hacen, de qué vive y trabaja».

También esto ocurre, dijo, en los comedores y merenderos donde hay niños y adultos mayores.

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