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Denuncia

Imputan a Netflix y a empresas de planes de ahorro por inclusión de cláusulas abusivas

Según difundió la municipalidad platense, la Dirección de Defensa del Consumidor local dictó una medida preventiva ordenando a Netflix que se abstenga y cese de manera inmediata de imponer cláusulas abusivas que «vulneran la libertad de elección del consumidor».

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La Municipalidad de La Plata intimó a la plataforma Netflix y a empresas que ofrecen planes de ahorro para compra de autos, por imponer «cláusulas abusivas» a los consumidores y usuarios.

Según difundió la municipalidad platense, la Dirección de Defensa del Consumidor local dictó una medida preventiva ordenando a Netflix que se abstenga y cese de manera inmediata de imponer cláusulas abusivas que «vulneran la libertad de elección del consumidor».

La Dirección también presentó actuaciones ante distintas empresas que ofrecen planes de ahorro para la adquisición de autos dentro de la ciudad, capital de la provincia de Buenos Aires, por condicionar la elección de la empresa de seguros y por aplicar aumentos de cuotas de manera irregular.

«En lo que respecta a Netflix, el 22 de agosto, cuando cambiaron los términos de uso, se efectuaron diversas denuncias en la oficina, debido a que sus cambios fueron totalmente arbitrarios y vulneran la libertad de elección del consumidor», explicó la titular de la Dirección de Defensa del Consumidor local, Rosario Mendoza Peña.

En ese sentido, desde la Dirección se envió una notificación escrita y la empresa tiene cinco días hábiles para adecuarse a la medida ordenada o plantear qué medidas tomará.

Según precisó el municipio, en virtud de las nuevas modificaciones que implementó la plataforma, los usuarios no pueden utilizar la cuenta del servicio fuera del domicilio, lo que «viola la ley de protección de datos personales».

En cuanto a los planes de ahorro para la compra de autos, Defensa del Consumidor indicó que durante el año 2022 fueron recibidas más de 50 denuncias por cláusulas abusivas, tales como la definición de la aseguradora del vehículo entre 5 empresas elegidas previamente por la empresa financiera.

«Esta situación se considera una cláusula abusiva ya que la ley de Defensa del Consumidor propone que las condiciones siempre deben facilitar los pasos a los consumidores, usuarios y, por otro lado, limitan la libre elección y la libertad de contratación, en este caso concreto, de seguros», explicaron desde el área.

Las aseguradoras que no reviertan esta práctica, pueden tener una multa de hasta cinco millones de pesos, según lo que defina el Juez de faltas, conforme al artículo 49 de la Ley Nacional 24.240.

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Denuncia

Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich y Marcos Peña por compras con sobreprecios

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente a la ex ministra de Seguridad y el ex jefe de Gabinete macrista por supuesto direccionamiento en una compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016.

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La Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex jefe de Gabinete macrista Marcos Peña por supuesto direccionamiento en una compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016.

Los denunciantes dijeron que se trató de una licitación irregular en la que el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) habría optado por la opción más costosa en perjuicio de las arcas estatales por 5 millones de dólares, entre otras irregularidades.

«No quedan dudas respecto de la voluntad de la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del Secretario de Coordinación Planeamiento y Formación de dicho Ministerio, Alberto Fernando Föhrig, de favorecer a las firmas ganadoras en perjuicio de la administración pública», sostiene la presentación de 26 páginas que la OA presentó ante la justicia, informaron fuentes del organismo.

También fueron denunciados, al igual que Bullrich, por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» el ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, y los exfuncionarios Gerardo Milman (actual diputado nacional de Juntos por el Cambio) y Fernando Alberto Fohrig.

En ese escrito, en el que se detalla el paso a paso de la operación, el organismo remarcó que «las numerosas irregularidades administrativas descriptas confirman la decisión de obrar en beneficio del consorcio IAI-ELTA/Rafael Ltd. en forma rauda y expedita, despreocupándose por siquiera disimular mejor la maniobra».

Esa «maniobra», según la OA, consistió en direccionar la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a una empresa a la que Cambiemos le pagó 35 millones de dólares, 5 millones más de lo que ofrecían las demás competidoras en la licitación.

Bullrich «resolvió adquirir el millonario sistema de seguridad de fronteras a Israel Aeroespace Industries Ltd. (IAI), es decir a una de las firmas representadas por Barr Eitamar, mediante un procedimiento que exhibe las irregularidades que se describirán a continuación».

«Las conductas concretadas por Marcos Peña, Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Fernando Alberto Föhrig, en tanto, implicaron la adquisición y capacitación para utilizar aeronaves no aptas para volar en nuestro país al momento de su compra, quedarían encuadradas en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», detalló el organismo.

Para la OA, Peña, Bullrich, Milman y Föhrig, «abuso de poder mediante, se habrían excedido en la confianza otorgada o las obligaciones asumidas, violando sus deberes, y abusando de su posición».

«La acción típica entonces es la de perjudicar los intereses confiados, que en la inteligencia del mandato jurídico subyacente que origina la relación titular/administrador, implica la violación de deberes por parte del agente», se argumentó en la presentación.

En base a la investigación, «Patricia Bullrich y (el funcionario) Fernando Alberto Föhrig impulsaron y adquirieron un sistema enlatado sin previsión alguna de su adaptabilidad a la realidad y a la normativa vigente en el país, por razones ajenas al interés público y en perjuicio del patrimonio estatal».

Pero, además, la OA advirtió que cargan con otra «conducta objeto de reproche penal, cual es la adquisición de dos vehículos aéreos no tripulados que conforme la normativa vigente al momento de la compra, no estaban autorizados a volar en la República Argentina».

Incluso, en esa operación, el Estado le pagó a la empresa ganadora de la licitación el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de un ente cooperador.

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