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Denuncia

Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich y Marcos Peña por compras con sobreprecios

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente a la ex ministra de Seguridad y el ex jefe de Gabinete macrista por supuesto direccionamiento en una compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016.

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La Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex jefe de Gabinete macrista Marcos Peña por supuesto direccionamiento en una compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016.

Los denunciantes dijeron que se trató de una licitación irregular en la que el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) habría optado por la opción más costosa en perjuicio de las arcas estatales por 5 millones de dólares, entre otras irregularidades.

«No quedan dudas respecto de la voluntad de la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del Secretario de Coordinación Planeamiento y Formación de dicho Ministerio, Alberto Fernando Föhrig, de favorecer a las firmas ganadoras en perjuicio de la administración pública», sostiene la presentación de 26 páginas que la OA presentó ante la justicia, informaron fuentes del organismo.

También fueron denunciados, al igual que Bullrich, por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» el ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, y los exfuncionarios Gerardo Milman (actual diputado nacional de Juntos por el Cambio) y Fernando Alberto Fohrig.

En ese escrito, en el que se detalla el paso a paso de la operación, el organismo remarcó que «las numerosas irregularidades administrativas descriptas confirman la decisión de obrar en beneficio del consorcio IAI-ELTA/Rafael Ltd. en forma rauda y expedita, despreocupándose por siquiera disimular mejor la maniobra».

Esa «maniobra», según la OA, consistió en direccionar la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a una empresa a la que Cambiemos le pagó 35 millones de dólares, 5 millones más de lo que ofrecían las demás competidoras en la licitación.

Bullrich «resolvió adquirir el millonario sistema de seguridad de fronteras a Israel Aeroespace Industries Ltd. (IAI), es decir a una de las firmas representadas por Barr Eitamar, mediante un procedimiento que exhibe las irregularidades que se describirán a continuación».

«Las conductas concretadas por Marcos Peña, Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Fernando Alberto Föhrig, en tanto, implicaron la adquisición y capacitación para utilizar aeronaves no aptas para volar en nuestro país al momento de su compra, quedarían encuadradas en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», detalló el organismo.

Para la OA, Peña, Bullrich, Milman y Föhrig, «abuso de poder mediante, se habrían excedido en la confianza otorgada o las obligaciones asumidas, violando sus deberes, y abusando de su posición».

«La acción típica entonces es la de perjudicar los intereses confiados, que en la inteligencia del mandato jurídico subyacente que origina la relación titular/administrador, implica la violación de deberes por parte del agente», se argumentó en la presentación.

En base a la investigación, «Patricia Bullrich y (el funcionario) Fernando Alberto Föhrig impulsaron y adquirieron un sistema enlatado sin previsión alguna de su adaptabilidad a la realidad y a la normativa vigente en el país, por razones ajenas al interés público y en perjuicio del patrimonio estatal».

Pero, además, la OA advirtió que cargan con otra «conducta objeto de reproche penal, cual es la adquisición de dos vehículos aéreos no tripulados que conforme la normativa vigente al momento de la compra, no estaban autorizados a volar en la República Argentina».

Incluso, en esa operación, el Estado le pagó a la empresa ganadora de la licitación el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de un ente cooperador.

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Argentina

Escándalo Lago Escondido: hasta Stolbizer pidió la renuncia de D’Alessandro

La diputada macrista dijo que sería para no «entorpecer» la investigación por dádivas.

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La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Margarita Stolbizer consideró hoy que el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, debe «renunciar» para no «entorpecer» la causa que lo investiga por «incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas» tras un presunto viaje a Lago Escondido que compartió con jueces y directivos del Grupo Clarín.

«Cuando se está en esos lugares de privilegio o de poder, hay que facilitar una investigación y permaneciendo en esos lugares se puede entorpecer», indicó Stolbizer en un entrevista concedida a Radio Perfil.

La posición de la diputada de JxC sobre el viaje, aclaró, es de «crítica y reproche» y la renuncia del ministro D’Alessandro no significaría que «le esté colgando el cartel de ‘culpable’ anticipadamente».

«Me da la impresión de que el viaje ni siquiera es lo más grave, porque pasa a segundo plano cuando del intercambio surge que los mismos actores buscan agregarle alguna otra maniobra para disimular aquellas cosas que estaban mal», detalló Stolbizer.

Consultada sobre si deberían dejar su cargo los magistrados implicados -Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablol Yadarola y Pablo Cassyals-, la diputada remarcó que tienen «algunas garantías» distintas a las de los funcionarios ejecutivos.

«Con respecto a los jueces, tienen algunas garantías de inamovilidad que deben pasar por otro tipo de proceso», explicó Stolbizer.

El Gobierno nacional denunció a los funcionarios judiciales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado por el presunto delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas», según se informó oficialmente.

Hace algunos meses, una investigación periodística de El Destape reveló la constancia de vuelo que mostraba la nómina de los hoy denunciados y, el fin de semana último, el diario Tiempo Argentino develó el contenido de un grupo de chat en el que los acusados intercambiaban estrategias para contener la denuncia y dar una versión construida de las características de ese viaje.

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