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DDHH de Nación pidió imputar a 5 policías por la dudosa muerte de una mujer detenida ilegalmente en San Luis

Hace un año Morales fue ilegalmente detenida por violar el ASPO, decretado ante la pandemia de coronavirus, fue retenida en la comisaría de Santa Rosa de Conlara y posteriormente hallada sin vida en su celda, en un aparente femicidio a manos de las fuerzas policíacas.

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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió que cinco policías puntanos sean imputados por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales cometidos contra una mujer que el 5 de abril de 2020 que fue hallada ahorcada en una celda de la comisaría de Santa Rosa de Conlara, San Luis, donde había sido detenida por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) decretado ante la pandemia de coronavirus.

Mientras que desde el organismo de Derechos Humanos buscan llegar a fondo para determinar si la muerte de Florencia Magalí Morales (39) fue un caso de violencia institucional, el fiscal que investiga el hecho, Roberto Silvestre, imputó a los cinco policías que ese día estaban en la dependencia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero no les endilgó responsabilidad en el fallecimiento de la mujer .

Para el organismo nacional, constituido a principios de este mes como parte en la causa, los hechos no pueden encuadrarse en un mero incumplimiento policial, lo que le hicieron saber al juez del caso, Jorge Pinto, quien mediante un traslado solicitó conocer su posición.

En el escrito, que está firmado por Horacio Pietragalla Corti, como particular damnificado por la Secretaría de DDHH, se enumeran las pruebas que constan en el expediente y que hacen presumir que se está ante un caso de violación de los derechos humanos.

«Morales fue ilegalmente detenida, incomunicada, golpeada en sede policial (no presentaba golpes antes de su ingreso) y luego apareció muerta en un calabozo con un cordón que -según consta- no tenía en su poder. Estos hechos de inusitada gravedad no pueden ser livianamente subsumidos al art. 249 del Código Penal, porque eso sería obviar los graves delitos que hemos enunciado, propiciando directamente un escenario de impunidad», expresa el escrito.

Por tal motivo, la Secretaría de DDHH solicitó que «se cite a indagatoria a los policías que estaban cumpliendo funciones en día 5 de abril de 2020» en esa comisaría «por haber sido responsables de la privación ilegítima de la libertad de Florencia Magali Morales mediando abuso de autoridad; y por haberle propinado apremios ilegales».

«Ello, sin perjuicio de que se continúe investigando la causa de la muerte de Morales y la posible responsabilidad de los agentes policiales en dicho resultado, que hasta aquí no puede descartarse, sino todo lo contrario», añade la presentación judicial.

Para esa parte, la privación ilegítima de la libertad de Morales quedó probada en base a testigos que indicaron que fue detenida y encerrada en un calabozo «por exclusiva decisión policial, sin orden judicial, por un supuesto delito que sólo requería la realización de un acta y su inmediata liberación», ya que se trataba de la violación del ASPO.

En cuanto a los apremios ilegales, desde el organismo dejaron asentando que el informe médico realizado a Morales antes de ser alojada en la comisaría indica que se hallaba «sin lesiones corporales» y que «en el lapso de tiempo de las 9:45 horas, que salió del hospital, y alrededor de las 19 horas, cuando fue encontrada sin vida por efectivos policiales, recibió apremios ilegales» en la comisaria.

Al respecto, destaca que la mujer fue hallada ahorcada con un cordón negro a pesar de que le habían quitado el calzado y que no había ningún elemento de ese tipo en la celda antes de que fuera encerrada. «Es inexplicable hasta aquí la presencia del cordón negro con el cual Morales se habría ‘suicidado’», indica el escrito.

Otro punto abordado por la secretaría fue la inexistencia de un informe pericial en la causa que indique las circunstancias de la muerte de Morales, debido a que las muestras tomadas del cuerpo y de la escena del hecho no fueron debidamente conservadas.

«Para colmo, la búsqueda de verdad se vio seriamente amenazada con la frustrada pericia, en donde se informó que no se puede determinar la causa de muerte por haberse conservado mal los elementos orgánicos, lo que constituye una acción de encubrimiento que debe ser investigada debidamente», indicaron.

En ese sentido, y con el fin de continuar con la investigación de la causa de muerte, la secretaría solicitó la realización de una pericia criminalística para analizar las distintas hipótesis de la muerte. Por su parte, el abogado de la familia Morales, Federico Putelli, consideró que la respuesta del organismo nacional «es un gran impulso para la investigación».

Según la pesquisa, el 5 de abril Morales se retiró de su domicilio en bicicleta rumbo a la comisaría 25, lo que quedó registrado por las cámaras de video del un banco y corroborado por testigos. A metros, Morales fue interceptada por el subcomisario Heraldo Clavero -lo que también quedó asentando- quien le indicó que debía ingresar a la comisaría, lo que la mujer hizo tras dejar su bicicleta en la calle.

De los elementos reunidos surge que dentro de la comisaría se ordenó que la mujer quedara detenida, incomunicada y alojada en una celda por violación al ASPO, pese a que no existió orden, al menos escrita, de ninguna autoridad judicial. Una vez reducida y privada de su libertad, Morales fue llevada al Hospital de Santa Rosa del Conlara para que la revisara un médico de turno, quien constató que no presentaba las lesiones en los brazos y otros sectores del cuerpo que se detectaron luego, cuando fue hallada ahorcada.

En base a dichos de testigos y de algunos policías, nuevamente en la seccional, Morales gritó, golpeó puertas y pidió ser liberada para cuidar a sus hijos que habían quedado solos en su casa. Finalmente, fue hallada muerta por asfixia, con un cordón alrededor del cuello, en una celda que, según los propios policías de la dependencia, no estaba en condiciones de ser utilizada.

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Por el momento, los únicos acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público son el subcomisario Clavero y los policías María Eugenia Arguello, Johana Paola Torres, Marcos Ontiveros y Gabriel Tarano, para quienes la Secretaría de DDHH pidió las indagatorias por delitos más graves.

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Argentina

Manifestantes llegaron frente a la estancia de Lewis

«La columna 2 de montaña ‘Juana Azurduy’ llegó a la playa frente a la mansión de Joe Lewis», dijo el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), Julio César Urien.

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Una columna de manifestantes llegó hoy a una de las playas de Lago Escondido situada frente a la estancia del magnate británico Joe Lewis, luego de que a otro grupo se le impidiera ingresar por el camino público de Tacuifí por la acción de peones rurales que trabajan en esa propiedad.

En declaraciones a Télam, el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), Julio César Urien, ofreció detalles sobre el avance de la marcha tras los incidentes reportados el miércoles, cuando fueron agredidos varios participantes de la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.

«La columna 2 de montaña ‘Juana Azurduy’ llegó a la playa frente a la mansión de Joe Lewis. Su gente dice que tienen que salir por un camino privado. Nosotros no aceptamos eso. Si no pueden bajar por el camino público de Tacuifí se van a quedar una semana acampando hasta recibir una respuesta favorable», explicó Urien, quien encabeza la columna 1 junto a otros referentes políticos, sociales y gremiales.

Asimismo, detalló la situación del manifestante herido Gabriel Berrozpe, hijo del sindicalista bancario Eduardo Berrozpe, que luego de la agresión del miércoles fue «trasladado al hospital de Bariloche por razones de seguridad».

«Sabemos que tiene una lesión en su tabique nasal y aparentemente una fractura en la pierna, pero lo trasladaron porque en El Bolsón no hay seguridad», completó.

Durante la tarde de hoy fue evacuado el médico y dirigente peronista Jorge Rachid, quien había llegado al espejo de agua junto a la columna 2 de montaña.

Fue retirado por médicos a bordo una ambulancia de la localidad de El Foyel por decisión «preventiva» y se encuentra en El Bolsón.

«Estoy bien. Vino una médica, me tomó la presión y me preguntó para evacuarme preventivamente», comentó sobre el momento en el que aceptó regresar. Asimismo, dijo confiado: «La columna que está acampando frente a lo de Lewis va a salir por el camino de Tacuifí, yo lo garantizo».

Sobre el ataque del miércoles, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró que «no llama la atención» porque esas tierras, dijo, se usan «para conspirar contra la división de poderes, contra la República y contra el orden institucional».

«Existe en Lago Escondido un terrateniente que tiene una cantidad de tierras en la Argentina y que usa su mansión para llevar allí a dueños de medios de comunicación, a jueces y a funcionarios del gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta para conspirar y armar acuerdos para perseguir a un sector político», sostuvo la portavoz en conferencia de prensa.

Durante el ataque también resultaron heridos el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, quienes volvieron a repudiar los hechos.

«Se generó una persecución que podría haber sido una tragedia por la violencia desatada. Retrocedimos dispersos. A mi me pegaron con algo en la sien que me dejo desvanecido en el piso. Me logré levantar y me pegaron desde todos los flancos a pie y con caballos», relató Harispe a Télam.

El diputado detalló que un grupo ingresaba «a través del camino público llamado Huella Andina» cuando comenzó la «persecución» por parte de los peones de Lewis.

«Un grupo entramos por atrás a través de otro camino público llamado Huella Andina, entrando por sus espaldas a 500 metros. Cuando nos acercamos para charlar y salir por la entrada principal cerrada, fuimos recibidos con una pedrada», señaló.

Posteriormente, según Harispe, llegaron policías y el comisario «todos sin armas, transportados por los mismos agresores».

Por su lado, Fierro indicó que este ataque «es consecuencia» de que existe un «Estado paralelo en la Patagonia».

«Lo de ayer es consecuencia de lo que venimos denunciando hace tiempo, no sorprende, muestra que es un enclave británico en la Patagonia. Es gravísimo lo que nos pasó, pero es necesario marcarlo para que se termine este Estado paralelo», sostuvo la dirigente social que se encuentra dentro del Frente de Izquierda Unidad (FITU) en declaraciones a la radio AM990.

Fierro explicó que el camino estaba cerrado por una reja de hierro, lo cual contradice el fallo judicial del año pasado.

«Cuando ingresamos por un camino de montaña y llegamos al camino, que desde septiembre del año pasado la justicia ordenó que se tiene que abrir, nos terminaron tirando piedras, los caballos encima y palos», subrayó.

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En este escenario, el exjuez y asesor legal de una de las organizaciones de la marcha, Daniel Llermanos, radicó una denuncia penal en el juzgado federal de Bariloche por «lesiones agravadas por alevosía y comisión premeditada de numerosas personas, privación ilegal de libertad y amenazas agravadas».

«Venimos a denunciar la comisión de diversos delitos, como privación ilegal de la libertad agravada, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y para compeler y hacer abandono de una provincia y lesiones agravadas -cuya gravedad aún no se ha determinado-«, tuiteó Llermanos junto al texto de la denuncia.

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Y agregó: «La responsabilidad penal por el hecho que denunciamos no se limita a los perpetradores, sino que se extiende al autor mediato o instigador, Joe Ted Lewis».

A la vez, la abogada y exsenadora nacional por Río Negro Magdalena Odarda, quien presentó un amparo en la causa judicial por el libre acceso al lago, pidió la renuncia de la ministra de Seguridad de esa provincia, Betiana Minor, y de su jefe de Policía, Osvaldo Tellería, por «omitir actuar» ante los «ataques».

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«El jefe de la Policía y la ministra de Seguridad debieron resguardar la vida y la salud de los ciudadanos y acatar la orden judicial emitida el día anterior por el juez de amparo de San Carlos de Bariloche, quien dispuso que se garantizara la integridad física de todas las personas», indicaron los apoderados legales de Odarda a través de un comunicado.

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También repudiaron la «usurpación y la violencia» del ataque distintos dirigentes y organizaciones sociales y políticas, entre las que se encuentran la Asociación Bancaria Argentina y la CTA Autónoma de Río Negro.

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Hizo lo propio el escritor y periodista Mempo Giardinelli, integrante de la Mesa Coordinadora de Defensa de la Soberanía sobre el río Paraná y el Canal Magdalena, quien consideró que «la presencia de Lewis en la Argentina es escandalosa».

«Hay que expulsarlo. Lewis es una persona no grata para el pueblo argentino y esto es lo evidente y lo que se pide es la expulsión del país», dijo Giardinelli a Télam desde la movilización.

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