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Judiciales

Apelaron los sobreseimientos de Cristina y el resto de los imputados en la causa del Memorándum con Irán

Se trata de la causa originada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, en la cual el 7 de octubre pasado el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó por inexistencia de delito a todos los imputados.

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Se trata de la causa originada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, en la cual el 7 de octubre pasado el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó por inexistencia de delito a todos los imputados.

Las querellas de la DAIA y Familiares de víctimas del atentado a la AMIA apelaron los sobreseimientos y el cierre de la causa por la firma del Memorándum con Irán, al pedir a la Cámara Federal de Casación Penal que revoque esa decisión, aparte al Tribunal que la tomó y continúe el camino del caso al juicio oral.

Se trata de la causa originada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, en la cual el 7 de octubre pasado el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó por inexistencia de delito a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los restantes imputados, según informaron fuentes judiciales.

Las querellas apelaron ante el máximo tribunal penal federal del país para que «se ordene rechazar o se rechacen los planteos efectuados por las defensas», en relación a la excepción de falta de acción por inexistencia de delito y «se ordene dejar o se deje sin efecto o se revoquen los sobreseimientos dictados sobre todos los imputados», según el escrito presentado por la DAIA.

Además, pidieron a la sala I de Casación, que interviene en el caso, que prosigan las actuaciones, continúe la producción de prueba anticipada con miras a un futuro juicio oral y se avance «sin más dilaciones» a esta etapa.

«Se ha incurrido en falta de fundamentación, en fundamentación aparente y en fundamentación contradictoria a los fines de sostener el fallo en crisis», argumentó la DAIA sobre la decisión del TOF8.

El Tribunal «ha derogado implícitamente el ordenamiento procesal y ha violentado la ley sustantiva, dictando una resolución llamativamente arbitraria», agregó la querella.

En el escrito firmado por el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Jorge Knoblovits, se sostuvo que «el tribunal de juicio ha decidido llevar adelante una audiencia no prevista en nuestro Código de rito para tratar planteos de nulidad»

«Dicha misma irregular audiencia, se transformó para tratar excepciones de falta de acción en contravención a lo previsto en el art. 340 del CPPN, violándose el debido proceso y el derecho de defensa en juicio», agregó.

Por su parte, la querella de Familiares integrada por Luis Czyzewski y Mario Averbuch sostuvo que «como resultado de la errónea aplicación del derecho se pretende frustrar un juicio oral», Para ello, se invocó la existencia de nueva prueba, prevista en el artículo 361 del Código Procesal Penal de la Nación «que no se dan en el caso»

«Para ello se valora arbitrariamente prueba producida durante la instrucción y un informe de Interpol que presentan como nuevas pruebas, cuando su contenido no resulta novedoso», argumentó esta querella.

El 7 de octubre último los jueces Daniel Obligado, José Michilini y María Gabriela López Iñiguez sobreseyeron por inexistencia de delito a todos los imputados por supuesto «encubrimiento agravado», a raíz de la denuncia de Nisman.

El fallo sobreseyó a la actual Vicepresidenta y a los también imputados procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; senador Oscar Parrilli; viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros.

Los magistrados del Tribunal Oral Federal 8 hicieron extensiva la resolución al fallecido excanciller Héctor Timerman al concluir que «los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito» y dejaron sentado que «el presente proceso no afecta el buen nombre y honor» de quienes estuvieron imputados.

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Argentina

Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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