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Judiciales

Se negó a declarar el falso abogado D’Alessio en el primer juicio en su contra

Es en el marco de la causa de extorsión al empresario Daniel Traficante, que sí declaró este lunes como testigo y sostuvo que lo que sufrió derivó en el «escarnio» para él y su familia. “Mis hijos en el colegio sufrían todo tipo de burlas, hubo descrédito comercial y condena social», relató ante los jueces.

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El-Argentino-Causa Marcelo D'Alessio

Es en el marco de la causa de extorsión al empresario Daniel Traficante, que sí declaró este lunes como testigo y sostuvo que lo que sufrió derivó en el «escarnio» para él y su familia. “Mis hijos en el colegio sufrían todo tipo de burlas, hubo descrédito comercial, condena social, la gente sigue ‘googleando’ y siguen apareciendo las mismas cosas», relató ante los jueces.

El falso abogado Marcelo D’Alessio se negó este lunes a ser indagado en el juicio oral que se le sigue por intento de extorsión a Daniel Traficante, un empresario que sí declaró como testigo y dijo que lo ocurrido derivó en su «muerte social» y en el «escarnio» para él y su familia.

«Es una de las cosas más terribles que me pasó en la vida», lamentó Traficante al narrar ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2 el intento de extorsión de D’Alessio, quien llegó a reclamarle 600 mil dólares para no quedar involucrado en una causa judicial por la llamada «mafia de los contenedores» y evitar que su nombre saliera publicado en el diario Clarín asociado a esta investigación.

Al inicio de la tercera audiencia del juicio, D’Alessio se negó a prestar declaración indagatoria desde la cárcel de Ezeiza, donde está preso, ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Signori.

Tras su negativa comenzó la etapa de declaraciones de testigos y el primero fue Traficante, quien es querellante en la causa. El empresario hizo un relato cronológico de todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2016, cuando un vecino en común del barrio privado Saint Thomas en la localidad bonaerense de Canning le presentó a D’Alessio.

Ese fue el inicio de un intento de extorsión en el marco del cual primero el falso abogado le pidió 80 mil dólares para borrar un listado de llamadas entradas y salientes que según él lo comprometía en la causa penal.

Luego, y tras una publicación del diario Clarín firmada por el periodista Daniel Santoro en la cual se nombró a Traficante como el «cerebro» de la banda, D’Alessio llegó a reclamar 600 mil dólares «para darles al juez y al fiscal» del caso.

Traficante grabó la última conversación con el ahora detenido y el 26 de diciembre de 2016 denunció lo ocurrido ante el juez federal porteño Luis Rodriguez. «Es un antes y un después en mi vida», recordó el empresario ante los jueces y habló del «escarnio público» y la «vergüenza» de su familia, cuando apareció una nota en el diario Clarín en la que se aludió a su persona como «cerebro» de la banda en esa causa judicial.

«Lo peor de todo es la muerte social que me produjo todo esto», agregó, en su declaración bajo juramento de verdad y explicó que nunca más volvió a Canning, «donde se conocen todos».

«Mis hijos en el colegio en Capital sufrían todo tipo de burlas, hubo descrédito comercial, condena social, la gente sigue ‘googleando’ y siguen apareciendo las mismas cosas. Es una de las cosas más terribles que me pasó en la vida», continuó.

Traficante ratificó que un día antes de la publicación, D’Alessio le había advertido sobre lo que ocurriría, pero él no creyó que fuera verdad hasta que vio la nota en el diario.

«Estaba muy asustado», dijo y explicó que se encontraba de vacaciones en Miami con su esposa en ese momento y un socio suyo fue a ver al falso abogado, quien en ese entonces se presentaba como letrado y atendía en una oficina de Canning a la que se refería como el «bunker».

«Salieron bastantes notas en Clarín, en las cuales de alguna manera siempre me nombraban, sin mucho valor para la nota pero siempre agregaban mi nombre y apellido», dijo.

Posteriormente, cuando se abrió la investigación por espionaje ilegal en el juzgado federal de Dolores donde D’Alessio también está procesado con prisión preventiva como líder de una asociación ilícita que cometía espionaje ilegal y extorsiones en causas judiciales, apareció una carpeta que decía «Operación Traficante».

La carpeta estaba en poder de D’Alessio y tenía fotos del empresario, informes de sus empresas, «un supuesto informe de la embajada de Estados Unidos y otro del Mossad» sobre su persona, recordó el testigo.

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D’Alessio le había dicho que era de la AFI y «era muy convincente en todo lo que decía». «Me dijo que si o sí tenía que pagar porque era la única forma de parar la investigación y el escarnio público que iba a tener con las publicaciones», recordó.

El falso abogado sigue el juicio desde una sala de videoconferencias en la cárcel de Ezeiza, donde está detenido con prisión preventiva en esta causa y en la que lo investiga por espionaje ilegal en Dolores. También son juzgados el suspendido fiscal de Mercedes Juan Bidone y dos ex agentes de la AFI, Claudio Álvarez y Rolando Barreiro.

La audiencia se inició de manera semipresencial, con el Tribunal constituido en la sede de Comodoro Py 2002 y las demás partes a través de la plataforma Zoom. Mientras que Traficante concurrió en persona los tribunales federales de Retiro para dar su testimonio de manera presencial ante los jueces.

El juicio seguirá el próximo lunes 29 de marzo con las declaraciones como testigos de Manuel Morilla, Juan Pablo Di Pierro, Gabriel Garcés y Gastón Arenas.

En esta causa, se juzga el intento de extorsión al empresario, a quien se le habría exigido 600 mil dólares a cambio de sacar su nombre de una causa por contrabando que investigaba a la llamada «mafia de los contenedores» y evitar la publicaciones periodísticas al respecto.

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Argentina

Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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