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Judiciales

ARA San Juan: familiares insisten en sacar la causa de Comodoro Py

La abogada Valeria Carreras presentó un nuevo recurso para evitar que la causa por espionaje ilegal no quede en Comodoro Py

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En el expediente se investigan las supuestas maniobras de espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, por la cual está procesado el expresidente Macri, y aquellas desplegadas desde las denominadas bases AMBA.

Los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, representados por la abogada Valeria Carreras, presentaron otro recurso legal para evitar que la causa por espionaje ilegal quede en los tribunales de Comodoro Py, que suele ser más benevolente respecto a los expedientes que involucran a representantes del macrismo.

La letrada ya había solicitado que la causa se tramitara «en forma independiente y única en el fuero federal de Caleta Olivia». Ahora, presentó un recurso para plantear la nulidad de la resolución que rechazó el planteo de apelación de sus defendidos.

En su petición, la abogada sostiene que «en caso de quedar firme la resolución, reserva el derecho de recusar al juez interviniente». También expresa que «la querella de familiares reserva el derecho de recurrir ante organismos internacionales ante el pisoteo de los principios y garantías fundamentales del derecho».

En esta nueva presentación, la abogada denunció que no les fue notificado a su debido tiempo la resolución judicial y además hizo referencia a que la fecha de la decisión de Ercolini coincidió con “la llegada de los Reyes Magos”.

El expresidente Mauricio Macri

El caso
El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, remitió el 1 de febrero pasado a los tribunales federales porteños las causas en las que se investigan las supuestas maniobras de espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, por la cual está procesado el expresidente Macri, y aquellas desplegadas desde las denominadas bases AMBA.

El magistrado remitió los expedientes a los tribunales de Comodoro Py por tratarse de causas conexas al caso D´Alessio, que ya había pasado a jurisdicción porteña a partir de un fallo emitido a fines del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Ambos expedientes fueron remitidos al juez federal Julián Ercolini, que fue quien se quedó con el caso D´Alessio por decisión de la Cámara Federal porteña y luego de que sus colegas María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo se excusaran de intervenir.

Entre otros argumentos, la abogada denunció que para los querellantes “caer en las garras de Comodoro Py es saber de antemano que perderán toda chance de verdad».

Asimismo, considera que «las querellantes fueron víctimas del Estado cuando se las sometió a inteligencia ilegal, fotografiadas, seguidas, infiltradas, escuchadas, parte de lo cual surge de esta causa».

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CABA

Atentado contra Cristina: procesaron a Carrizo y a Díaz

Ambos aparecen sindicados como partícipes secundarios del intento de asesinato de la Vicepresidenta.

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La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó hoy con prisión preventiva a Nicolás Gabriel Carrizo y a Agustina Díaz como partícipes secundarios del intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, perpetrado el 1 de septiembre pasado, informaron fuentes judiciales.

La magistrada valoró en su resolución que ambos procesados tenían en sus teléfonos celulares -a través de sus sistemas de Whatsapp- información sensible vinculada con el ataque fallido contra la expresidenta, según surge del fallo judicial al que tuvo acceso Télam.

Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Díaz, en tanto, es una amiga Uliarte que después del ataque fallido le sugirió que borrara toda la información de su celular y que desde antes sabía que ella había adquirido una pistola.

En su resolución, la jueza Capuchetti consideró que «los sucesos del 1 de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz».

La jueza sindicó a Carrizo y Díaz como partícipes secundarios penalmente responsables del delito de «homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa» y mandó a trabarles embargos por 100 millones de pesos a cada uno, según surge del fallo de casi 130 páginas al que accedió Télam.

En ese sentido, señaló que «quedó acreditado por los mensajes enviados en la previa del hecho, y con posterioridad al mismo que, Carrizo y Díaz planificaron el evento criminoso y sus participaciones serán secundarias ya que, de no haber efectuado sus contribuciones, el delito igualmente podría haberse configurado de la manera en que se hizo y conforme la concreción del plan criminal acordado».

Para la magistrada, el plan delictivo tuvo «su inicio el día 22 de abril del año en curso, fecha en la cual Brenda Uliarte habría adquirido la pistola semiautomática, de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, con la numeración `25037´ en el lateral izquierdo del cañón, luego utilizada por Sabag Montiel para cometer el hecho investigado».

«El día señalado Brenda Uliarte le indicó a un contacto identificado como ‘Serena’ que había adquirido un arma de fuego. Concretamente, le dijo ‘si, tengo un fierro, lo compre porque mi ex está jede’. El mismo día también le informó esa circunstancia a otro contacto agendado como ‘Fran’, a quien le refirió ‘tranqui no va a pasar nada… es mío el fierro’».

Carrizo fue detenido por orden de la jueza Capuchetti luego de que en su celular –aportado voluntariamente cuando se presentó de modo espontáneo como testigo- se encontraran conversaciones anteriores al ataque fallido en las que ya hablaba sobre la idea de matar a la Vicepresidenta.

En su teléfono se hallaron también conversaciones posteriores al ataque vinculadas con la voluntad de ocultar material probatorio; incluso, hablaba de una pistola que él supuestamente les había dado a los agresores y que no se utilizó para el ataque.

«Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien», se lamentó el acusado en un intercambio de mensaje que tuvo con una persona de su confianza identificada entre sus contactos telefónicos como «Andrea», a quien también le informaba que él mismo había aportado una pistola que no fue la que finalmente usó Sabag Montiel, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.

El 2 de septiembre, el día después del ataque fallido, Uliarte y Carrizo mantuvieron una conversación que sobresale entre las tantas celebradas al rededor de aquellos días, vinculadas al plan magnicida:

  • Carrizo: «¿Queres hacerlo?».
  • Uliarte: «Te juro que si. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarla bien. Pasa que Nando (por Sabag Montiel) no tiene mucha practica le tembló el pulso».
  • Carrizo: «Te vincularon en el caso. Te diría que vengas acá».
  • Uliarte: «¿Posta se saben mis datos? Estoy en un lugar seguro tranqui ustedes no tienen nada que ver. Lo que decimos que quede acá».
  • Carrizo: «Si saliste por todos los medios. Sos la novia».
  • Uliarte: «Si pero si me escondo no va a pasar. No me van a encontrar yo sé porque te lo digo».

En el caso de Díaz también aparecieron conversaciones incriminatorias: a ella Uliarte le decía en julio, bastante tiempo antes del atentado fallido, que tenía en mente asesinar a la dos veces exmandataria Fernández de Kirchner.

«¿Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, no?», le preguntó entonces Díaz y luego le envió otro mensaje: «Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la vicepresidenta». En otro intercambio de mensajes, Díaz le diría a su amiga «matá a quien vos quieras. Y ocultá las huellas».

Al referirse a Díaz, la jueza sostuvo que «brindó su cooperación con posterioridad al hecho, a partir de la promesa anterior, dando consejos y advirtiendo de los peligros que pudieran aparecer, a fin de que dicho plan no quede al descubierto».

En esta causa ya estaban procesados con prisión preventiva como coautores del intento de homicidio Sabag Montiel, el hombre que empuñó y gatilló la pistola Bersa calibre 32 a centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta, y su pareja «Ámbar» Uliarte, que lo acompañó aquella noche hasta Juncal y Uruguay.

La magistrada reveló en su resolución que entre las medidas que aún se encuentran en curso está la «extracción del contenido del teléfono celular de Fernando André Sabag Montiel que a la fecha se encuentra en pleno curso por parte de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) y cuyo resultado puede desembocar en nuevas imputaciones y la determinación de cursos de investigación hasta ahora no abordados».

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