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Gremiales

CTA y ATE convocaron a marchar a Lago Escondido el 31 de enero

El pedido apunta a que el Gobierno provincial de Río Negro cumpla con las sentencias judiciales vigentes.

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La CTA «Autónoma» de Río Negro junto a ATE convocaron a movilizarse el próximo 31 de enero a Lago Escondido a través del Camino de Tacuifí para exigir al magnate británico Joe Lewis que libere definitivamente el acceso a ese cuerpo de agua.

El pedido apunta a que el Gobierno provincial de Río Negro cumpla con las sentencias judiciales vigentes, que «la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche falló para que Vialidad Rionegrina abra y otorgue un tránsito libre por ese camino», según indicaron las organizaciones gremiales a través de un comunicado.

El fallo incluye «señalizar el camino de montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad», se aclaró desde las entidades que adhieren a esta protesta.

«Está claro que la gobernadora Carreras y Juntos Somos Río Negro (JSRN) son quienes permiten que en el país exista un Estado paralelo con sede en nuestra provincia», sostuvo el secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

La central obrera adelantó también que hará uso de todos los instrumentos legales posibles para resguardar la integridad física de los manifestantes, debido a que en años anteriores hubo serios ataques por parte de la gente de Lewis que amedrentaron a los movilizados a punta de pistola.

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Denuncia

Organizaciones sindicales y sociales señalaron que con la actual Corte “no hay derechos ni democracia”

Denunciaron el «estado de indefensión, discriminación y abandono» como consecuencia del desempeño de una parte importante del Poder Judicial.

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Organizaciones sindicales y sociales advirtieron que con la actual Corte Suprema de Justicia «no hay derechos ni democracia», por lo que brindaron su respaldo al proyecto de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal impulsado por el Poder Ejecutivo.

A través de un comunicado titulado «Con esta Corte no hay derechos ni democracia», organizaciones como la CTA, la CTA Autónoma, la CGT, Mujeres Sindicalistas, el Frente Sindical, UTEP, la UOM, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y las 62 Organizaciones Peronistas denunciaron el «estado de indefensión, discriminación y abandono» como consecuencia del desempeño de una parte importante del Poder Judicial.

Al mencionar los casos de «persecución» contra la vicepresidenta Cristina Fernández y la dirigente social Milagro Sala, el sindicalismo reclamó un Poder Judicial que «garantice derechos y no los restrinja cotidianamente».

«La actual Corte, como máxima autoridad del Poder Judicial, nunca estuvo, ni está, ni estará del lado de las víctimas», advirtieron las organizaciones, y acusaron al máximo tribunal de «responder a grupos económicos» y de conformar «junto a empresarios mediáticos y sectores de la oposición una fuerza de choque contra la democracia».

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