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Espionaje

Macri llegó a Dolores para ser indagado por espionaje a familiares del ARA San Juan

Está citado a las 12 en el juzgado federal de primera instancia de esa ciudad, donde lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien el miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.

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Está citado a las 12 en el juzgado federal de primera instancia de esa ciudad, donde lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien el miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.

El ex presidente Mauricio Macri deberá presentarse ante la justicia federal de Dolores para ser indagado como acusado de haber promovido un espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

El ex mandatario está citado para las 12 en el juzgado federal de primera instancia de Dolores, donde lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien el miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Desde antes de las 7, comenzaron a llegar a la sede del juzgado, ubicado sobre la calle Buenos Aires en el centro de Dolores, efectivos de la Policía Federal que cortaron la calle y desplegaron un operativo de seguridad, en tanto que se registra una importante presencia de medios de comunicación.

A dos cuadras del juzgado, en la Plaza Castelli, se montó una especie de escenario en el acoplado de un camión, donde se desarrollará a partir de las 11 un acto de apoyo a Macri organizado desde Juntos por el Cambio (JxC).

Distintos dirigentes y exfuncionarios como Hernán Lombardi y Guillermo Dietrich convocaron a través de redes sociales a movilizarse este jueves, a partir de las 11, a la Plaza Castelli, en Dolores, para «bancar a Mauricio», según indican los flyers que circulan por Twitter.

A horas de la indagatoria, el tribunal de apelaciones rechazó la recusación con la cual la defensa de Macri pretendía correr de la causa al juez que el 1 de octubre dispuso que se lo convocara a dar explicaciones por el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Los jueces Eduardo Jiménez, Osvaldo Tazza y Rafael Julián le indicaron al juez Bava que en sus próximos pronunciamientos guarde un estilo más mesurado que en los anteriores, pero entendieron que no hay motivos para acceder a la recusación solicitada.

El propio Macri confirmó días atrás durante su visita a la provincia de Santiago del Estero que se presentará a la indagatoria, luego de que el juez Bava lo convocara por tercera vez, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía y ordenar su detención a fines de que comparezca en el marco del expediente.

Será la primera indagatoria que afronte el expresidente desde que dejó la Casa Rosada, aunque no la primera de su vida, dado que ya debió responder ante la justicia en otras causas como la del supuesto espionaje a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA.

Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan «desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de Gobierno».

Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan.

Se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, «la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos».

«Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan», dice la imputación que leerá el juez Bava y que ya fue expuesta en el llamado a indagatoria.

Las acciones ilegales «buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes», se indicó en la imputación.

En las declaraciones previas a su indagatoria -como aquellas que le dio al Noticiero 7 de Santiago del Estero- el expresidente Macri intentó desvincularse del supuesto espionaje, cuestionó al juez Bava y dijo que su citación a indagatoria tiene que ver con que el magistrado desconoce cómo trabaja la Casa Militar.

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Lo primero que señaló fue que el juez Bava es «manifiestamente incompetente» porque, entre otras cosas, «el ARA San Juan no se hundió en Dolores», ni él trabajó en Dolores y «los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores».

En esos dichos, el exmandatario confundió, por lo menos, dos expedientes: aquel en el que se investiga el hundimiento del submarino que tramita ante la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez, mientras que lo que se investiga en Dolores es el espionaje a los familiares de las víctimas, ocurrido en Mar del Plata.

«Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra», se defendió Macri, quien se encuentra imputado desde septiembre del año pasado, cuando el primer fiscal que intervino en la causa, Daniel Adler, impulsó la investigación tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

A pesar de que Macri afirmara que la del jueves fue una convocatoria intempestiva y que él no estaba en el expediente, ya en la denuncia, la interventora de la AFI lo ubicó expresamente como el «responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional».

Macri sostuvo que acusarlo por supuestas maniobras de espionaje ilegal «es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir».

Pero los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no fueron elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que, según surge de la investigación, estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.

Los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no fueron elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.

«Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron», sostuvo el juez en la imputación de Macri.

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Argentina

Diputados en vivo: juicio político a la Corte

Se debate si se abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores.

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La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició hoy el análisis de los expedientes para resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en «mal desempeño» en varios de sus fallos.

La comisión que preside la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard (Entre Ríos) se reúne desde pasadas las 11 y con la presencia de los bloques opositores, para comenzar a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Al iniciar la reunión, la diputada del FdT precisó que el jueves 2 de febrero, los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos, en tanto que el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.

«Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdicciones que si tienen la justicia», afirmó la diputada oficialista al abrir la reunión en la sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Precisó que «una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso».

En ese marco, Gaillard afirmó que «en caso admisibilidad sea favorables estaríamos en condiciones de aprobar la admisibilidad que iría al recinto» y leyó el resumen de cada de los 14 expedientes que se van a analizar.

El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.

La intención del oficialismo es comenzar hoy con el análisis de los expedientes y definir el esquema de trabajo ya que el primer paso de la comisión será establecer si son admisibles los pedidos de juicio político y allí el oficialismo tiene mayoría para imponer su criterio.

Al iniciar la reunión, la diputada del FdT precisó que el próximo jueves 2 de febrero, los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos, en tanto que el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.

«Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdicciones que si tienen la justicia», afirmó la diputada oficialista al abrir la reunión en la sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Precisó que «una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso».

En ese marco, Gaillard afirmó que «en caso admisibilidad sea favorables estaríamos en condiciones de aprobar la admisibilidad que iría al recinto» y leyó el resumen de cada de los 14 expedientes que se van a analizar.

Luego, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica (CC), vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, anticipó que ese espacio va a proponer «una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque las últimas causales son claramente discutibles».

Desde el oficialismo, le respondió el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, quien aclaró que siempre la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas».

Ante una consulta del diputado del PRO, Álvaro González, sobre si se conformaría una subcomisión para que continúe con el proceso, el jefe del bloque del FDT aclaró que «la intención del bloque oficialista es que los elementos sean analizados en conjunto por parte de toda la comisión».

«No vamos a formar subcomisiones para el análisis de admisibilidad», advirtió el titular del bloque del FdT de la Cámara baja.

Por su parte, el diputado del PRO, el mendocino Omar De Marchi dijo que se niega a «analizar esto (el pedido de juicio político a la Corte) como si formara parte de la agenda central de la Argentina».

El legislador consideró que se trata de «una puesta en escena que nos ofrece hoy el Presidente (Alberto Fernández) que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario».

«No venimos a montar ningún circo. Venimos a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución Nacional. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer», afirmó Martínez, al señalar que «no andamos en conciliábulos nocturnos. Para eso está Lago Escondido, no venimos a eso», aseveró el jefe de la bancada del FdT.

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En tanto, el diputado del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, anticipó su rechazo a este proceso, al sostener que «no vamos a entrar en la descalificación».

«No me parece que, por señalar que porque pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros. Es la anulación de cualquier respeto por la posición política», remarcó.

Rodríguez cruzó asimismo al diputado nacional del FdT Rodolfo Tailhade, quien había cuestionado al legislador del interbloque Federal por su posición a través de los medios y le dijo: «Te lo digo a vos, que dijiste que hago política por miedo. No te tengo miedo».

También desde el oficialismo, la mendocina Marisa Uceda, rechazó los cuestionamientos de la oposición, al afirmar que las «sesiones extraordinarias se inician no sólo con este proyecto, sino con un montón de temas que la misma coalición a la que pertenece se niegan a tratar».

En esa misma línea, el sanjuanino José Luis Gioja rechazó las acusaciones de la oposición en torno a la decisión del oficialismo de impulsar el juicio a la Corte Suprema y cuestionó el fallo de la Corte sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires y se preguntó: «¿Qué circo es este de darle tantos millones de pesos a Rodríguez Larreta?» y agregó que «son menos escuelas para mi provincia».

Por su parte, el diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos) sostuvo que «hay movimientos sociales, de derechos humanos, feministas, campesinos que están clamando para que en la Argentina haya una Corte que falle a favor de los que menos tienen como debería ser pero por lo menos que sea independiente».

Desde la Izquierda, Miriam Bregman advirtió que «esto tiene mucho montaje, en esas ganas de buscar un motivo de despolarización aparece esta iniciativa que le conviene a JXC».

«Causa gracia escuchar al diputado de Mendoza (por el el PRO Omar De Marchi) hablar de ajuste», dijo.

A su turno, el diputado nacional del FDT Leopoldo Moreau rechazó las acusaciones de De Marchi sobre la existencia de un «circo mediático» por parte del oficialismo y dijo que «estamos ejercitando una facultad constitucional».

«Acá no hay ningún tipo de circo, se dice circo porque los pitonisos adelantan que no vamos a tener los dos tercios. Este juicio no se hace a la Corte sino a sus integrantes», sostuvo Moreau.

Posteriormente, se estima que en 15 días comenzará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se prolongará hasta fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.

El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.

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