El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi este martes aceptó quedar a cargo de la investigación por espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri, al dar por válidos los argumentos de su colega María Eugenia Capuchetti, quien se inhibió de entender en el caso por considerarse una de las víctimas de las maniobras.

“Llegado el momento de resolver la cuestión traída a estudio, se considera que resultan atendibles los argumentos esgrimidos por la doctora Capuchetti”, consideró el magistrado en la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Con esta decisión, Martínez De Giorgi quedó al frente de la causa en las que es querellante la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner como víctima de maniobras de espionaje ilegal realizadas sobre su persona y sobre la sede del Instituto Patria.

También se investiga una asociación ilícita “constituida desde el propio aparato del Estado Central, en especial, el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia y también desde el Servicio Penitenciario Federal” según la acusación que habría cometido maniobras de espionaje ilegal contra referentes políticos, dirigentes sociales y detenidos en cárceles federales.

Desde ahora Martínez De Giorgi quedará a cargo de la investigación, que ya fue remitida a los Tribunales Federales de Retiro, pese a que está pendiente un recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, quien interviene en la causa en condición de querellante.

Por otro lado, la instancia de apelación a las decisiones de Martínez de Georgi será a partir de ahora la Cámara Federal porteña. Capuchetti había sido designada para quedar a cargo de las investigaciones en las que están procesados el extitular de la AFI Gustavo Arribas y su exsegunda Silvia Majdalani, entre otros, pero se inhibió porque fue una de las “personas cuyos datos personales habrían sido consultados a través de la Dirección Nacional de Migraciones, por la Agencia Federal de Inteligencia” durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019).

La jueza motivó su decisión de rechazar ocuparse de la investigación que tramitaba en la Justicia Federal de Lomas de Zamora y fue derivada a los Tribunales de Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación en su “condición de damnificada”.

Esto podría afectar “el ejercicio normal e imparcial de la función jurisdiccional”, planteó. Precisamente por estos hechos hay abierta desde 2017 otra causa judicial en el juzgado federal 2 a cargo de Sebastián Ramos, también en los tribunales de Retiro, quien se excusó de intervenir y derivó el caso a Martínez De Giorgi, pero este último rechazó el apartamiento de su colega y ahora decidirá la Cámara Federal porteña.

En esta pesquisa se investiga presuntos accesos irregulares a las bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones en busca de información de movimientos de entrada y salida del país de diferentes víctimas, entre ellas jueces federales.

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Por eso en un principio Capuchetti se excusó de intervenir cuando comenzó a subrogar el juzgado federal 6 donde estaba radicada la causa, tras la jubilación del ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Ahora el caso continúa radicado en el juzgado de Ramos y es la Cámara la que definirá si sigue allí o pasa también a Martínez De Giorgi.

Ramos se excusó de intervenir porque sospecha que fue objeto de las maniobras investigadas en base a informes llegados desde Migraciones “respecto a las consultas de movimientos migratorios que obraran en sus registros, en relación a jueces, fiscales, legisladores, etc”. Pero Martínez De Giorgi rechazó los argumentos y agregó que su nombre también aparecería en el listado de buscados.