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Espionaje ilegal: Melo, abogado y ex espía se negó a declarar

El juez Auge los acusa de utilizar la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia para practicar espionaje político de un gran y variado número de personas, algunos de ellos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política.

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El abogado y ex espía Facundo Melo se negó a declarar este viernes en el inicio de una nueva ronda de indagatorias de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje político ilegal protagonizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

El exagente de la AFI aprovechó la audiencia para denunciar supuestas irregularidades en el peritaje de su teléfono celular y en el comienzo de la causa inspirado en la confesión del narcotraficante Sergio «Verdura» Rodríguez; y se negó a responder preguntas.

melo fue imputado por participar de al menos ocho maniobras de inteligencia ilegal entre las que se encuentra el espionaje a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, lo había citado a ampliar su indagatoria a instancias de los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona que lo imputaron por participar de al menos ocho maniobras de inteligencia ilegal entre las que se encuentra el espionaje a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Melo, junto a otros exagentes, está acusado de haber participado también en el espionaje contra el diputado Waldo Wolff, los ex diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó, los dirigentes sindicales Pablo y Hugo Moyano, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli y el empresario Salvatore Pica y su pareja Florencia Macri, hermana del ex presidente.

«ahora te vamos a nominar para el premio espía marzo de 2018», fueron algunos de los wasapp encontrados en las pericias TELEFÓNICAS entre el grupo «super mario bross».

La audiencia, que se concretó por la plataforma virtual Zoom, fue la primera de 24 indagatorias que concluirán en octubre con las declaraciones del secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, Darío Nieto, y de los ex jefes de la central de espías, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Melo ingresó a la AFI mientras también se desempeñaba como abogado de un barrabrava del Club Atlético Independiente, Damián Lagaronne, que ese encontraba detenido por la causa conocida con el nombre de ese club de fútbol en la que la fiscalía apuntaba a involucrar a Pablo y Hugo Moyano.

A pesar de haber denunciado que fue forzado a direccionar las declaraciones de su defendido en contra de los Moyano, los fiscales de la causa de espionaje detectaron diálogos de Melo con otro de los espías que integraban el grupo de whatsapp «Súper Mario Bross» donde le festejaban sus aportes con frases como «joya amiguito, bárbaro, un espectáculo, ahora te vamos a nominar para el premio espía marzo de 2018».

Durante la audiencia, Melo cuestionó el supuesto adelantamiento de la extracción de información de su teléfono celular: su defensa dijo que estaba prevista para el 3 de septiembre -fecha para la cual contaba con un perito de parte, aunque había pedido postergación, porque debía permanecer aislado por Covid- y que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, por orden judicial, adelantó la apertura de sobres para el lunes pasado.

El otro de los puntos cuestionados por la defensa del imputado fue el origen del expediente: su abogado asegura que existen contradicciones en la declaración del narcotraficante «verdura» Rodríguez ante el primer juez del caso, Federico Villena, quien dijo que Melo lo contactó para pedirle que coloque un explosivo al frente de un edificio ubicado en la avenida Callao donde se presumía que residía el ex funcionario del ministerio de Defensa, José Luis Vila.

A pesar de su negativa a ampliar su indagatoria, Melo ya había aceptado declarar antes en este expediente y también lo había hecho ante la comisión bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia, oportunidades en las que aportó información sobre cómo fue el espionaje ilegal realizado desde la AFI durante el gobierno de Macri.

En sus declaraciones, como lo hicieron también otros exespías, Melo había apuntado a la responsabilidad de quien fuera el jefe de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz, a quienes los ex agentes le endilgaron un vínculo directo con la ex cúpula de la AFI.

La ronda de indagatorias continuará la semana que viene que arrancará el lunes con la citación al exespía Leandro Araque y el martes al exagente Jorge «Turco» Sáez, sindicado como quien reclutó a la mayoría de los integrantes del grupo «Súper Mario Bross».

La nueva ronda implicará las ampliaciones de indagatorias de unos veinte ex agentes de la AFI, la de la ex empleada de la dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo; las declaraciones de Arribas y Majdalani; y la primera convocatoria al secretario de Macri, prevista para el 6 de octubre.

A todos se los acusa de «haber conformado una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia» desde la cual llevaron a cabo actividades de inteligencia ilegal en distintos períodos y en diversas jurisdicciones, según surge de la imputación que les fue remitida a las partes.

«Se utilizó la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia para practicar espionaje político de un gran y variado número de personas, algunos de ellos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política», sostuvo el juez Augé en el texto en el que detalló cómo fueron las maniobras que tuvieron como víctimas a la vicepresidenta Cristina Fernández y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

Tanto los fiscales como el juez ubicaron a Arribas y Majdalani en lo más alto de la estructura del espionaje ilegal, en tanto que el magistrado especificó que «el objetivo de estas tareas de inteligencia ilícita fue, a partir de la información recolectada, influir en la situación institucional, política y social del país».

«Las órdenes que (Arribas y Majdalani) impartieron a sus agentes y las actividades que ellos realizaron fueron justamente las que la propia ley prohíbe realizar, esto es, obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción», sostuvo el juez.

Debajo de ellos se habrían ubicado el ex jefe de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz, y el ex director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, quienes habrían oficiado de canal funcional para dar las órdenes a los espías que llevaban a cabo las tareas en el territorio, según surge del expediente judicial.

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Casación confirmó que la causa de la mesa judicial bonaerense pase a Comodoro Py

La causa de la «mesa judicial bonaerense», iniciada en La Plata, es aquella en la que se investiga un supuesto armado del que habrían participado directivos de la AFI macrista, funcionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y empresarios para lograr la persecución por medios ilegales del sindicalista platense Juan Pablo «Pata» Medina, hasta lograr su detención.

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La Cámara Federal de Casación Penal ratificó hoy el paso de la investigación de la denominada «mesa judicial bonaerense» desde los tribunales federales de La Plata hacia los juzgados porteños de Comodoro Py, informaron fuentes judiciales.

La causa de la «mesa judicial bonaerense», iniciada en La Plata, es aquella en la que se investiga un supuesto armado del que habrían participado directivos de la AFI macrista, funcionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y empresarios para lograr la persecución por medios ilegales del sindicalista platense Juan Pablo «Pata» Medina, hasta lograr su detención.

La confirmación de que el caso tramitará en Comodoro Py corresponde a la Sala IV del máximo tribunal penal al declarar «inadmisible» el recurso de Casación que había interpuesto la querella de Medina, en contra del fallo de la Cámara Federal porteña que había dispuesto el paso del expediente a los tribunales federales de Retiro.

«La decisión aquí recurrida, por principio, no cumple con el requisito de impugnabilidad objetivo previsto por el artículo 457 del C.P.P.N. Es que las resoluciones que deciden cuestiones de competencia, por regla general, no constituyen una sentencia definitiva ya que su dictado no imposibilita la prosecución de las actuaciones», sostuvo el juez de Casación Mariano Borinsky en el fallo emitido hoy.

«Esta Cámara podría intervenir si el recurrente demostrara que, en el caso, se encuentra en juego un agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genere la decisión dictada por el a quo, lo que llevaría a equipararlo un pronunciamiento de carácter definitivo», sostuvo Borinsky, para luego señalar que tal agravio no había sido demostrado.

El fallo lleva también la firma de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

El caso, conocido también como «Gestapo antisindical», se inició a partir del hallazgo de un video en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que correspondía a una reunión celebrada en la sede porteña del Banco Provincia el 12 de junio de 2017, en la que se destacaba por su rol el ministro de Trabajo del Gobierno de Vidal, Marcelo Villegas.

En aquella reunión se habló, según consta en los registros, de cómo hacer para lograr la detención del «Pata» Medina y de qué acciones desarrollar para provocar la reacción del sindicalista, con ese objetivo.

El paso de la causa a Comodoro Py había sido ordenado por los jueces de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah, quienes sostuvieron que debía tramitar junto con el expediente que tiene bajo análisis el espionaje ilegal realizado por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri.

En aquel fallo, los camaristas sostuvieron que existen cuestiones de «conexidad» que fundamentarían que ambos expedientes tramiten juntos en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, tal como había reclamado la defensa de uno de los investigados al pedir que dejara de intervenir en el caso el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.

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