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Espionaje

Procesan por espionaje ilegal a ex jefes de la AFI del gobierno de Macri

Es en el marco de la causa en la que se investigan las escuchas ilegales a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

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El-Argentino- ARA San Juan

Dos ex jefes de Contrainteligencia de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri fueron procesados Este martes en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, informaron fuentes judiciales.

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, los procesó como responsables de la «realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de participes secundarios» y les trabó embargos hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos, según surge del fallo de 98 páginas.

Con la resolución de este mediodía ya son 11 los exfuncionarios de la AFI y exagentes de la casa de espías por el supuesto seguimiento ilegal a los allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan, como así también del buque «El Repunte» y del buque “Rigel”; mientras aún resta resolverse la situación procesal del expresidente Macri.

Macri fue indagado por el juez Bava por espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan.

El magistrado entendió que Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, quienes fueron Directores de la Dirección Operacional de Contrainteligencia durante el período investigado, posibilitaron que las acciones prohibidas continuaran desarrollándose durante al menos un año.

El juez Bava recordó en su fallo que el llamado a indagatoria de los ex directores de Contrainteligencia de la AFI fue motivado por la referencia efectuada por el imputado extitular de esa agencia Gustavo Arribas -en su indagatoria- cuando dijo que los imputados debieron controlar las acciones ilegales llevadas adelante desde la Delegación Mar del Plata.

«Fueron deliberadamente estériles los mecanismos de control internos que dispuso la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante la investigación de las conductas ilícitas en las que tomaron participación activa las máximas autoridades de la Agencia», sostuvo el juez Bava.

«Lo dicho no absuelve a los imputados de su responsabilidad de velar por legalidad del trabajo llevado adelante por las dependencias que estuvieran a su cargo. Por el contrario, a raíz de la información incorporada en esta investigación, no quedan dudas de que los imputados permitieron que se continuaran realizando las conductas ilícitas investigadas en autos por el lapso, por lo menos, de un año», agregó sin embargo.

Bava responsabilizó principalmente por el espionaje ilegal a Arribas y a su exsubdirectora Silvia Majdalani y remarcó que Dalmau Pereyra y Coste «permitieron que continuaran realizándose tareas de inteligencia ilegales sobre los familiares de los buques pesqueros referidos y, en particular, sobre los allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

“Otro aspecto que corresponde poner de resalto en el marco del análisis de responsabilidad de los imputados guarda relación con la ausencia de medidas de contrainteligencia llevadas adelante por ambos imputados en relación a la denuncia pública de las víctimas en la época de los hechos”, sostuvo el juez.

Finalmente, el magistrado se preguntó: “¿Cómo puede ser que en un tema de la enorme importancia institucional como el hundimiento del ARA San Juan, hayan tenido lugar estos sucesos y que la Dirección Operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia lo desconociera?” y se respondió: “Es imposible sostener que las máximas autoridades de la AFI y del Gobierno nacional hayan estado al margen de estos sucesos”.

En esta causa se investiga la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos.

De acuerdo con la acusación, con el espionaje ilegal se buscaba “influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”.

Todas estas tareas de inteligencia ilegal “no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en la opinión de esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno que el imputado encabezaba”, según surge del expediente.

En tanto, la querella de familiares de tripulantes del submarino San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, destacó los nuevos procesamientos de dos imputados en la causa y sostuvo que «el juez logra probar en esta etapa que el gobierno de ese momento no podía desconocer las tareas de espionaje ilegal».

«Justamente es la tarea incansable de esta querella la que cita la primera denuncia de pinchadura de teléfonos realizada por este puñado de mujeres en absoluta soledad fue el 25/4/2018. Pero va más allá y describe el accionar del ex ministro de defensa (Oscar Aguad) que detrás de esta querella realiza denuncia en idénticos términos», sostuvo Carreras.

«También queda demostrado que uno de los procesados explicó que era imposible denunciar nada, pues en la agencia y el gobierno los más altos cargos eran parientes entre sí o amigos íntimos», afirmó la abogada que, desde la querella, vaticinó que «falta un procesamiento más, el del expresidente Macri quien se benefició al menos con esta información e hizo uso de ella».

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Argentina

Diputados en vivo: juicio político a la Corte

Se debate si se abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores.

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La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició hoy el análisis de los expedientes para resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en «mal desempeño» en varios de sus fallos.

La comisión que preside la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard (Entre Ríos) se reúne desde pasadas las 11 y con la presencia de los bloques opositores, para comenzar a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Al iniciar la reunión, la diputada del FdT precisó que el jueves 2 de febrero, los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos, en tanto que el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.

«Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdicciones que si tienen la justicia», afirmó la diputada oficialista al abrir la reunión en la sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Precisó que «una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso».

En ese marco, Gaillard afirmó que «en caso admisibilidad sea favorables estaríamos en condiciones de aprobar la admisibilidad que iría al recinto» y leyó el resumen de cada de los 14 expedientes que se van a analizar.

El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.

La intención del oficialismo es comenzar hoy con el análisis de los expedientes y definir el esquema de trabajo ya que el primer paso de la comisión será establecer si son admisibles los pedidos de juicio político y allí el oficialismo tiene mayoría para imponer su criterio.

Al iniciar la reunión, la diputada del FdT precisó que el próximo jueves 2 de febrero, los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos, en tanto que el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.

«Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdicciones que si tienen la justicia», afirmó la diputada oficialista al abrir la reunión en la sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Precisó que «una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso».

En ese marco, Gaillard afirmó que «en caso admisibilidad sea favorables estaríamos en condiciones de aprobar la admisibilidad que iría al recinto» y leyó el resumen de cada de los 14 expedientes que se van a analizar.

Luego, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica (CC), vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, anticipó que ese espacio va a proponer «una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque las últimas causales son claramente discutibles».

Desde el oficialismo, le respondió el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, quien aclaró que siempre la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas».

Ante una consulta del diputado del PRO, Álvaro González, sobre si se conformaría una subcomisión para que continúe con el proceso, el jefe del bloque del FDT aclaró que «la intención del bloque oficialista es que los elementos sean analizados en conjunto por parte de toda la comisión».

«No vamos a formar subcomisiones para el análisis de admisibilidad», advirtió el titular del bloque del FdT de la Cámara baja.

Por su parte, el diputado del PRO, el mendocino Omar De Marchi dijo que se niega a «analizar esto (el pedido de juicio político a la Corte) como si formara parte de la agenda central de la Argentina».

El legislador consideró que se trata de «una puesta en escena que nos ofrece hoy el Presidente (Alberto Fernández) que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario».

«No venimos a montar ningún circo. Venimos a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución Nacional. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer», afirmó Martínez, al señalar que «no andamos en conciliábulos nocturnos. Para eso está Lago Escondido, no venimos a eso», aseveró el jefe de la bancada del FdT.

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En tanto, el diputado del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, anticipó su rechazo a este proceso, al sostener que «no vamos a entrar en la descalificación».

«No me parece que, por señalar que porque pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros. Es la anulación de cualquier respeto por la posición política», remarcó.

Rodríguez cruzó asimismo al diputado nacional del FdT Rodolfo Tailhade, quien había cuestionado al legislador del interbloque Federal por su posición a través de los medios y le dijo: «Te lo digo a vos, que dijiste que hago política por miedo. No te tengo miedo».

También desde el oficialismo, la mendocina Marisa Uceda, rechazó los cuestionamientos de la oposición, al afirmar que las «sesiones extraordinarias se inician no sólo con este proyecto, sino con un montón de temas que la misma coalición a la que pertenece se niegan a tratar».

En esa misma línea, el sanjuanino José Luis Gioja rechazó las acusaciones de la oposición en torno a la decisión del oficialismo de impulsar el juicio a la Corte Suprema y cuestionó el fallo de la Corte sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires y se preguntó: «¿Qué circo es este de darle tantos millones de pesos a Rodríguez Larreta?» y agregó que «son menos escuelas para mi provincia».

Por su parte, el diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos) sostuvo que «hay movimientos sociales, de derechos humanos, feministas, campesinos que están clamando para que en la Argentina haya una Corte que falle a favor de los que menos tienen como debería ser pero por lo menos que sea independiente».

Desde la Izquierda, Miriam Bregman advirtió que «esto tiene mucho montaje, en esas ganas de buscar un motivo de despolarización aparece esta iniciativa que le conviene a JXC».

«Causa gracia escuchar al diputado de Mendoza (por el el PRO Omar De Marchi) hablar de ajuste», dijo.

A su turno, el diputado nacional del FDT Leopoldo Moreau rechazó las acusaciones de De Marchi sobre la existencia de un «circo mediático» por parte del oficialismo y dijo que «estamos ejercitando una facultad constitucional».

«Acá no hay ningún tipo de circo, se dice circo porque los pitonisos adelantan que no vamos a tener los dos tercios. Este juicio no se hace a la Corte sino a sus integrantes», sostuvo Moreau.

Posteriormente, se estima que en 15 días comenzará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se prolongará hasta fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.

El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.

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