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Movimientos Sociales

Potenciar Trabajo: una cooperativa de La Matanza consolida su planta de alimentos y vende a precios populares

El emprendimiento cuenta con el respaldo del dirigente social y presidente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Luis D´Elía. En principio contará con 80 trabajadores y con posibilidad de ampliar a 180, todos beneficiarios del programa social.

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El-Argentino-Luis Delia

Por Marcelo Cena

Una fábrica para la producción de alimentos congelados a precios populares llamada Unidad, Solidaridad y Organización (USO) será inaugurada en los próximos días en la localidad de Laferrere, del partido bonaerense de La Matanza, y contará en principio con 80 trabajadores, con posibilidad de ampliar a 180, todos beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

La alimenticia USO -que se pondrá en movimiento el próximo 22 de agosto- es gerenciada por Fabio Crucianelli, comerciante y emprendedor matancero, y cuenta con el respaldo del dirigente social y presidente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Luis D´Elía.

Crucianelli destacó el apoyo del Gobierno nacional, de organismos del estado y del Municipio de La Matanza para avanzar con la puesta en marcha de la planta alimenticia y sostuvo que emprendimientos «cooperativos como estos son una gran herramienta para pelearle a la falta de empleo».

«Los alimentos congelados tienen vencimiento algunos a los 180 días, otros a los 360 días y están destinados a los sectores de la sociedad que no tienen acceso a todos los productos alimenticios de las góndolas de los supermercados, donde los alimentos están carísimos. Nosotros queremos generar trabajo, producir productos de calidad y a precios populares», explicó el comerciante

La fábrica funcionará en la sede de la cooperativa ubicada en la calle Tres Cruces 4.161, en Laferrere, partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Para ello, se montó un edificio a nuevo, con todo el equipamiento necesario para la elaboración de los productos congelados, como una máquina que elabora 1.800 unidades de medallones de pollo por hora, otra que produce hamburguesas de carne, veganas y vegetarianas. También producirán pizzas, canelones, filete de pescado, y cuatro clases de empanadas congeladas con los «correspondientes estándares de seguridad», explican.

En un comienzo, en la fábrica trabajarán 80 personas, que pueden llegar a ser 180, cuando se implementen dos turnos de producción de alimentos. «El lugar está preparado para 24 horas de movimiento, con todas las máquinas y herramientas necesarias: grupo electrógeno de potencia, torre de enfriamiento, cintas transportadoras, cisternas de agua, todo para una producción a gran escala», explica Crucianelli.

Los empleados de la fábrica son beneficiarios del Potenciar Trabajo, el programa nacional de inclusión socioproductiva y desarrollo local, que busca mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.

«Los empleados continuarán en el plan Potenciar Trabajo y se completará un salario de convenio del gremio que corresponde, con lo producido por la cooperativa. Ya está en marcha la firma de convenio con la Cámara de Industria de La Matanza y el Ministerio de Desarrollo Social», afirmó Crucianelli.

Por su parte, D’Elía destacó que se trata de una «iniciativa muy importante en el camino de transformar los planes Potenciar Trabajo en trabajo industrial y en blanco».

«Gobernar es crear trabajo, decía el general Perón y el Presidente está en ese camino. Así como Perón y los sindicatos fueron el eje de la economía industrial de la post guerra, Alberto Fernández va camino a ser el presidente de la economía popular de la Argentina», sostuvo el dirigente.

Y agregó: «Siempre defendimos al trabajo como ordenador social y con la profundización de las políticas del Presidente y sus ministros vamos a dar vuelta la tortilla de la dura realidad social que significa el jefe de familia sin trabajo».

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Argentina

Organizaciones de personas sordas reclamaron el reconocimiento de la Lengua de Señas

«Nuestros derechos lingüísticos son nuestros derechos civiles», destacaron.

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Más de medio centenar de asociaciones e instituciones de personas sordas del país se movilizaron esta tarde frente al Congreso de la Nación para reclamar el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Argentina (LSA) como su idioma natural en todo el territorio argentino.

En el Día Internacional de las Lenguas de Señas y tras montar un escenario frente al Congreso, asociaciones de todas las provincias se hicieron presentes, junto con intérpretes, diversos grupos de jóvenes y familias, que levantaron pañuelos azules exigiendo por «reconocimiento y respeto». «Nuestros derechos lingüísticos son nuestros derechos civiles», destacaron.

Según la Federación Mundial de Sordos, a nivel global existen 70 millones de personas usuarias de lengua de señas como primera lengua, y en Sudamérica sólo dos países no cuentan con ley de señas con reconocimiento oficial: Guyana y Argentina.

Lucas Larroca, vicepresidente de la Confederación Argentina de Sordos (CAS), dijo a Télam que para la elaboración de este proyecto participaron 50 asociaciones de y más de 500 instituciones: «Estamos convocando a todo el pueblo sordo para llamar la atención y visibilizar el reconocimiento de la lengua de señas. Eso implica la identidad y el patrimonio lingüístico cultural de las personas sordas», remarcó.

Natalia, una persona sordociega integrante de la CAS, detalló que quienes tienen esa condición «se mezclan en escuelas con todas las discapacidades en donde tienen protáctil, que es como la lengua de señas pero táctil».

«Hay que separarlos de esa educación con discapacidad y que puedan vincularse con la educación para sordos», sostuvo.

En diálogo con Télam, Natalia manifestó que es «magnífico que haya tantas personas presentes con sordoceguera. La ley puede ser un puente de comunicación, un vínculo más allá del braille».

Analía Rosales, de Río Grande -que viajó a Buenos Aires para apoyar la movilización- dijo a Télam que en Tierra del Fuego «se preocupan por conseguir intérpretes para los turistas que hablan en inglés», mientras que «los turistas sordos del mundo viajan y no tienen accesibilidad».

Ayer, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados acordó que se buscará la unificación de los proyectos existentes sobre el reconocimiento de la LSA, trabajando en conjunto con las asociaciones.

La norma que se procura aprobar busca «eliminar las barreras comunicacionales y remover las actitudinales facilitando el acceso a la comunicación e información por parte de las personas que, por su discapacidad, se comunican en LSA en su interacción con el entorno», informó la Cámara baja.

Carla Petrosino, de la Asociación Argentina de Sordos (ASO), y Cecilia Maltez, intérprete del Poder Judicial, manifestaron que las personas sordas se enfrentan con muchas dificultades, la más importante es el acceso a la salud.

«Ir a un hospital o a la Policía debe ser accesible para nosotros», explicaron a Télam.

«Siempre tenemos que llamar a algún familiar para que nos acompañe. Yo soy sorda nada más, soy autónoma y necesito accesibilidad», dijeron.

Según la CAS, el 86% de las personas sordas asisten o asistieron a escuelas donde no pueden o pudieron comunicarse con sus docentes.

Carolina Argüello y Maricel Rollo son docentes de la Escuela Especial 513 de sordos e hipoacúsicos en La Matanza, provincia de Buenos Aires, y dijeron a Télam que las personas sordas necesitan intérpretes en todos los ámbitos.

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