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Pericia clave: el teléfono del presunto parricida y su actividad en el momento del doble crimen

Las pericias al celular del acusado por los homicidios de sus padres en Vicente López demostraron que mintió en su indagatoria sobre su uso.

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Los investigadores del doble crimen de Vicente López lograron “abrir” los dos teléfonos celulares secuestrados al imputado Martín Santiago Del Río y establecieron que “en el horario crítico” del día del hecho, el acusado no contestó mensajes, ni mails, tal como lo aseguró en su declaración indagatoria.

De acuerdo a lo trascendido en la tarea que vienen desarrollando los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, “en una primera revisión que se hizo del teléfono celular que usaba con frecuencia Martín Del Río, se comprobó que su coartada es falsa. La tarde del 24 de agosto en la franja horaria clave del doble crimen, no envió ningún correo electrónico«.

Cabe recordar que al ser detenido y en su primera indagatoria, el imputado explicó que tras una reunión que culminó a las 16 en un bar de Palermo, caminó hasta el Hipódromo y allí se tomó un taxi, para volver a la zona de Nuñez, donde había dejado estacionada su camioneta. Y en ese lugar, permaneció hasta las 18.30 contestando mensajes de WhatsApp y mails.

Durante las 16.50 y las 18.30, que en parte es el período en el que el «caminante encapuchado» quedó filmado yendo y volviendo de la escena del crimen se abrió el mail de Del Río y se chequeó que ese día, no envió ningún correo«, se indicó.

«Tampoco durante ese horario usó el teléfono, ni con datos, ni con GSM«, agregaron, en relación al uso de alguna aplicación de mensajería o a las llamadas de línea común que se hacen o reciben por antena.

En tal sentido, se verificó la hipótesis de los fiscales, sobre que Martín Del Río dejó «vivo», es decir, encendido en su camioneta su celular para tener coartada, no ser geolocalizado y despistar, mientras iba y volvía de la casona de la calle Melo al 1100 de Vicente López, para cometer el doble parricidio.

Dos fueron los celulares peritados, el primero y más importante por ser el que usaba el día del doble crimen y el que arrojó estos datos, es un Samsung Galaxy A80 que le fue secuestrado a Del Río el día de su detención, el 7 de septiembre, cuando llegaba a su casa del barrio Barrancas del lago del country Nordelta.

El otro, es un Samsung Galaxy S8+, que fue secuestrado en el allanamiento en un departamento que alquilaba en el edificio «Forum Alcorta» del barrio porteño de Belgrano, y que ya se determinó que usó en algún período, pero solo como «backup».

Más allá de esta primera inspección que hicieron los técnicos y los fiscales, los dos aparatos ya fueron peritados con un dispositivo universal de extracción forense, un software con el que los fiscales pudieron hacer una copia de todo el contenido que tengan sobre llamadas entrantes y salientes, tráfico de datos, mensajería, fotografías, audios y cualquier archivo que esté alojado en su memorias internas o tarjetas SIM.

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CABA

Larreta vuelve a criminalizar la protesta: esta vez contra los vecinos y una ONG

El Gobierno porteño reactivó la causa judicial abierta en 2013 contra la organización Basta de Demoler, dedicada a la preservación del patrimonio histórico, en la cual demandó el pago de casi $24 millones por daños y perjuicios tras frenar, a través de un amparo, la construcción de una estación de subte que iba a afectar una plaza del barrio de Recoleta.

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El Gobierno porteño reactivó la causa judicial abierta en 2013 contra la organización Basta de Demoler, dedicada a la preservación del patrimonio histórico, en la cual demandó el pago de casi $24 millones por daños y perjuicios tras frenar, a través de un amparo, la construcción de una estación de subte que iba a afectar una plaza del barrio de Recoleta.

La avanzada de la administración local se dio el 7 de septiembre a través de una presentación de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 6 de la Ciudad de Buenos Aires para que “se reanuden los plazos procesales” del caso que arrancó en noviembre del 2013.

Puntualmente, por entonces SBASE pidió que se condene a Basta de Demoler “a abonar en forma solidaria $23.772.489,40 por los daños generados a causa del ejercicio abusivo del derecho a solicitar el dictado de la medida cautelar que paralizó la obra de ampliación de la línea H de subterráneos”.

El proyecto oficial contemplaba trabajos en la Plaza Intendente Torcuato de Alvear, diseñada por el paisajista Carlos Tahys en 1897, e incluía el retiro de árboles y movimiento de la tierra.

De acuerdo con el expediente, en la presentación contra la organización no gubernamental se argumentó que durante “la ejecución de la obra en cuestión, los demandados promovieron una acción de amparo alegando una supuesta destrucción de espacios verdes adyacentes”.

“En el marco de dicha causa se concedió la medida solicitada por los amparistas y se paralizaron las obras”, indicaron, y agregaron que ello generó costos a los que “debieron adicionarse los correspondientes a la restitución de los espacios verdes en cuestión y a los intereses” dado que la plaza quedó excluida de la obra original y la estación fue relocalizada.

Santiago Pusso, uno de los demandados junto a Basta de Demoler, y Sonia Berjman, dijo desconocer las razones que llevaron al Gobierno porteño a reanudar la causa que, a su entender, “estaba dormida”.

No sé a qué obedece esto, quizá esté vinculado a los plazos judiciales que estén por caer, aunque también puede estar vinculado a la participación de Basta de Demoler en algunas acciones”, señaló.

El por qué de la demanda de 2013

Consultado por el impacto que causó la demanda millonaria años atrás, recordó que “fue una acción gravísima del Gobierno de la Ciudad sobre el derecho legítimo de los ciudadanos de reclamar ante la Justicia y en el caso en cuestión tuvo como resultado la relocalización de la estación”.

“A todas claras, la acción judicial del 2013 tuvo una intencionalidad de acallar y amedrentar la voz de los ciudadanos”, remarcó.

Según expresa en su sitio oficial, Basta de Demoler nació en 2007 como una asociación que trabaja por «la conservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, recurso no renovable en peligro de extinción».

«Está formada por un grupo de vecinos preocupados por la creciente destrucción del patrimonio y tiene como objeto de defender el patrimonio urbanístico», agregaron.

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