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Sociedad

Destituyen y detienen al juez Ordoqui

Manuel Ordoqui está acusado de integrar una asociación ilícita que comandaba su colega César Melazo para liberar zonas a bandas d delincuentes, entre otros delitos.

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Por Néstor Llidó

El ex juez del Tribunal de Casación bonaerense Manuel Ordoqui fue detenido, luego de ser destituido de su cargo por un jury y quedar acusado de integrar la asociación ilícita, cuyo liderazgo se atribuye al magistrado de Garantías de La Plata, César Melazo, y que se dedicaba a cometer robos, “liberar zonas” y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y otros funcionarios del Poder Judicial.

Ordoqui fue aprehendido durante un operativo en su domicilio de la localidad platense de Manuel Gonnet, a pedido de la fiscal Betina Lacki, quien ahora lo indagará por los delitos “cohecho pasivo, tráfico de influencias y asociación ilícita”.

En forma simultánea, se inició el juicio contra el ex juez César Melazo y otros 14 imputados, entre ellos el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn, el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena y el teniente primero Marcos Chiusaroli, ante el Tribunal Oral Criminal Nro. 2 de La Plata.

También están en el debate los acusados Javier Ronco, Angel “Pipi” Yalet, Adrián “Quichua” Manes, Carlos Bertoni, Carlos “Macha” Barroso Luna, Jorge “El Fiscal” Gómez de Saravia, Héctor “Pepe” Vega, Martín “Gaucho” Fernández (ex barrabrava de Gimnasia Esgrima de La Plata, Enrique “Quique” Petrullo (ex jefe de la barra de Estudiantes de La Plata), Rubén “El Tucumano” Herrera, y Claudia Edith Giunta.

Al momento de elevar la causa a juicio, el ahora ex juez Manuel Ordoqui era investigado como acusado de otorgar arrestos domiciliarios a cambio de dinero, pero no pudo ser procesado porque poseía fueros, mientras avanzaba el jury que culminó con su destitución.

Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Lacki, los procesados integran una asociación ilícita que cometía robos bajo la modalidad de escrache, robo de autos, su posterior reducción, adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas.

Además, precisó que algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial y el ex juez Melazo se presume brindaba protección a la banda.

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CABA

Larreta vuelve a criminalizar la protesta: esta vez contra los vecinos y una ONG

El Gobierno porteño reactivó la causa judicial abierta en 2013 contra la organización Basta de Demoler, dedicada a la preservación del patrimonio histórico, en la cual demandó el pago de casi $24 millones por daños y perjuicios tras frenar, a través de un amparo, la construcción de una estación de subte que iba a afectar una plaza del barrio de Recoleta.

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El Gobierno porteño reactivó la causa judicial abierta en 2013 contra la organización Basta de Demoler, dedicada a la preservación del patrimonio histórico, en la cual demandó el pago de casi $24 millones por daños y perjuicios tras frenar, a través de un amparo, la construcción de una estación de subte que iba a afectar una plaza del barrio de Recoleta.

La avanzada de la administración local se dio el 7 de septiembre a través de una presentación de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 6 de la Ciudad de Buenos Aires para que “se reanuden los plazos procesales” del caso que arrancó en noviembre del 2013.

Puntualmente, por entonces SBASE pidió que se condene a Basta de Demoler “a abonar en forma solidaria $23.772.489,40 por los daños generados a causa del ejercicio abusivo del derecho a solicitar el dictado de la medida cautelar que paralizó la obra de ampliación de la línea H de subterráneos”.

El proyecto oficial contemplaba trabajos en la Plaza Intendente Torcuato de Alvear, diseñada por el paisajista Carlos Tahys en 1897, e incluía el retiro de árboles y movimiento de la tierra.

De acuerdo con el expediente, en la presentación contra la organización no gubernamental se argumentó que durante “la ejecución de la obra en cuestión, los demandados promovieron una acción de amparo alegando una supuesta destrucción de espacios verdes adyacentes”.

“En el marco de dicha causa se concedió la medida solicitada por los amparistas y se paralizaron las obras”, indicaron, y agregaron que ello generó costos a los que “debieron adicionarse los correspondientes a la restitución de los espacios verdes en cuestión y a los intereses” dado que la plaza quedó excluida de la obra original y la estación fue relocalizada.

Santiago Pusso, uno de los demandados junto a Basta de Demoler, y Sonia Berjman, dijo desconocer las razones que llevaron al Gobierno porteño a reanudar la causa que, a su entender, “estaba dormida”.

No sé a qué obedece esto, quizá esté vinculado a los plazos judiciales que estén por caer, aunque también puede estar vinculado a la participación de Basta de Demoler en algunas acciones”, señaló.

El por qué de la demanda de 2013

Consultado por el impacto que causó la demanda millonaria años atrás, recordó que “fue una acción gravísima del Gobierno de la Ciudad sobre el derecho legítimo de los ciudadanos de reclamar ante la Justicia y en el caso en cuestión tuvo como resultado la relocalización de la estación”.

“A todas claras, la acción judicial del 2013 tuvo una intencionalidad de acallar y amedrentar la voz de los ciudadanos”, remarcó.

Según expresa en su sitio oficial, Basta de Demoler nació en 2007 como una asociación que trabaja por «la conservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, recurso no renovable en peligro de extinción».

«Está formada por un grupo de vecinos preocupados por la creciente destrucción del patrimonio y tiene como objeto de defender el patrimonio urbanístico», agregaron.

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