La Defensoría del Pueblo porteña abrió un expediente para «analizar y esclarecer» el accionar de la Policía de la Ciudad el pasado sábado, en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad de Buenos Aires.

En un comunicado, la Defensoría informó hoy que durante el sábado 27 de agosto dispuso un operativo de observación integrado por personal del organismo, que tuvo como objetivo «recorrer la zona donde se estaba desarrollando la manifestación» y así poder «verificar el dispositivo de seguridad dispuesto y en particular, la actuación del personal de la Policía de la Ciudad».

«En virtud de los acontecimientos observados, y de acuerdo a las distintas versiones vertidas informalmente desde el Gobierno de la Ciudad, la Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, inició un expediente de oficio a fin de requerirle al Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro, que informe las razones en las cuales se fundamentó la decisión de colocar vallas y restringir la circulación en al menos 4 cuadras alrededor del domicilio de la vicepresidenta», se explicó.

«También se está requiriendo sobre el inicio de una investigación administrativa tendiente a investigar la actuación del personal policial, en especial determinar responsabilidades en relación a los hechos de público conocimiento», sostuvieron desde el organismo.

Asimismo, la Defensoría solicitó las características del operativo de seguridad desplegado, cantidad de personal policial afectado como el equipamiento que portaba y el utilizado y la cantidad de personas aprehendidas con indicación de la autoridad judicial interviniente.

La Defensoría del Pueblo porteña dijo que «ratifica una vez más su compromiso para continuar trabajando en el monitoreo del accionar de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires».

«La Policía de la Ciudad es una institución que forma parte del Estado de Derecho y es depositaria del poder coercitivo del Estado. Cada uno de sus integrantes detenta innumerables atribuciones que deben ejercerse en el marco de los límites legales a fin de no cometer abusos ni excesos que lesionen derechos», concluyó el comunicado.