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CABA

CABA: Secretaría de DDHH de Nación intervendrá ante la violencia institucional a personas en situación de calle

El dictamen se produjo luego de que la Secretaría de DD.HH. presentara un amparo «ante las reiteradas denuncias de violencia institucional» recibidas, según explicó el funcionario.

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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue habilitada este viernes por el Ministerio Público Fiscal para exigir el cese de las situaciones de violencia institucional contra personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, tras una denuncia presentada por el titular de ese organismo, Horacio Pietragalla Corti.

«El @MPFCABA dictaminó que la @SDHArgentina tiene legitimación para exigir el cese de las situaciones de violencia institucional contra las personas en situación de calle de la CABA», explicó Pietragalla Corti a través de su cuenta de Twitter.

El dictamen se produjo luego de que la Secretaría de DD.HH. presentara un amparo «ante las reiteradas denuncias de violencia institucional» recibidas, según explicó el funcionario.

También destacó que la jueza Andrea Danas, al recibir el documento, «ya había resuelto que la gravedad de los hechos denunciados ameritaban habilitar la feria judicial».

«Ayer recibimos a diputadxs nacionales, legisladorxs de la Ciudad de Buenos Aires y comunerxs, para comentarles las novedades de la acción de amparo y coordinar acciones para enfrentar esta problemática», continuó Pietragalla Corti en un hilo de Twitter.

A la vez, explicó que «distintas organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de calle ratificaron la violencia denunciada y expresaron su intención de adherir al amparo».

Inicialmente, la Secretaría había planteado un habeas corpus colectivo que luego fue reformulado como amparo y el pasado 19 de julio recayó en el Juzgado Nº 20 del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, pero que en tiempos de feria tramita el Juzgado de Feria Nº1.

Además de llevar la firma del secretario Pietragalla Corti, la demanda estuvo suscripta por el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski.

El miércoles pasado, la Justicia porteña había habilitado la feria judicial para que tramite, sin demoras, la causa.

En el habeas corpus inicial, Pietragalla Corti y Przybylski, dijeron que actuaban «en favor de las personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los graves hechos de violencia institucional que han sido denunciados ante esta Secretaría».

«Está habiendo una política de hostigamiento y amenaza sistematizada por parte del Gobierno porteño a través del Ministerio de Espacio Público acompañado por la policía local», había declarado a Télam Przybylski.

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Argentina

Marcha contra Larreta y su plan de cambiar el casco histórico

Sobre calle Defensa había carteles de color celeste con la frase «Paren de arruinar nuestra calidad de vida» y «No al patio de comidas en las calles del casco histórico».

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Vecinos de los barrios porteños de Montserrat y San Telmo se movilizaron esta tarde en contra de la iniciativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de modificar el casco histórico porteño e instalar un polo gastronómico.

«Esto genera perjuicios no solo en el aspecto edilicio sino que también afectan la calidad de vida», dijeron a Télam algunos de los asistentes.

La movilización comenzó a las 14.30, cuando los vecinos se agruparon sobre la avenida Independencia, en intersección con la calle Defensa, en el barrio porteño de San Telmo.

En algunos de balcones de edificio de la calle Defensa había carteles de color celeste con la frase «Paren de arruinar nuestra calidad de vida» y «No al patio de comidas en las calles del casco histórico».

Asimismo, algunos vecinos repartieron volantes a los transeúntes, y otros, en cada cambio de semáforo, mostraron un cartel en el que se leía «salvemos al casco histórico de San Telmo y Montserrat».

Los vecinos remarcaron que la instalación de numerosos locales gastronómicos en la zona causó un aumento de la contaminación ambiental, por la acumulación de basura y la contaminación auditiva, a causa del elevado volumen de los parlantes instalados en los negocios.

Jonathan Valdivieso, fundador del Observatorio del derecho de la Ciudad y vecino del barrio de San Telmo, señaló a Télam que «el gobierno de la Ciudad quiere llevar a cabo una modificación del casco histórico, pero esta área no puede modificarse porque es el área de protección numero uno, es decir el área de protección patrimonial más importante» que tiene la ciudad.

Según el vecino, el Gobierno porteño «no convocó a la ciudadanía a participar, a pensar cuáles son las prioridades y necesidades de que tenemos en el barrio histórico».

Valdiviezo remarcó que, para el desarrollo de esta iniciativa, el Gobierno porteño «no hizo los estudios de impacto ambiental necesarios para ver cuáles son las mejores medidas y cómo mitigarlas porque este plan de renovación va a implicar la intervención de entre 72 cuadras del barrio histórico».

Los vecinos enfatizaron que esta obra afectará no solo a la circulación de transporte público en el barrio, sino también a la recolección de residuos.

Valdiviezo agregó que el martes presentarán una acción judicial cuestionando «el plan de renovación en el caso histórico, justamente por falta de estudios de impacto ambiental y falta de participación y por estar violando el patrimonio».

Por su parte, María Eva Koutsovitis, integrante del movimiento Barrios Históricos Vivos consideró necesario «defender y preservar nuestra identidad e historia, porque lo que está en riesgo es nuestro patrimonio cultural e histórico».

Koutsovitis remarcó que los enormes polos gastronómicos destinados fundamentalmente al turismo generan a largo plazo «la expulsión de los pequeños comerciantes y familias que habitan en estos barrios».

Emma, una histórica vecina del barrio, criticó al Gobierno porteño debido a que «no cuida al patrimonio histórico y no invierte para preservar las calles ni los adoquines, que son un patrimonio de todos los vecinos».

La vecina remarcó que «el objetivo del Gobierno porteño es expulsarnos del barrio, debido a que si se aprueba la modificación impulsada por el gobierno de la CABA, ni autos, ni transporte público podrán circular y esto perjudica sobre todo a las personas que tienen alguna discapacidad».

Emma destacó que muchos vecinos debieron abandonar el barrio a causa de los problemas que generan los locales gastronómicos.

«Tengo 78 años, y de viernes a domingo no puedo dormir porque los bares ponen la música a todo volumen y es un peligro salir a la mañana para nosotros, porque siempre queda alguna persona en estado de ebriedad que sigue de largo. Además esto está mal iluminado, la verdad, lo que hicieron para beneficiar al turismo gastronómico fue arruinarle la vida al vecino del barrio».

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El plan de obras del Gobierno porteño prevé intervenir más de 70 cuadras del casco histórico con trabajos que incluyen el reemplazo de calles asfaltadas por un adoquinado, el retiro de los desniveles entre la vereda y la acera y una ciclovía.

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