José Pedro Potocar fue el primer jefe que de la Policía de la Ciudad y fue a juicio oral acusado de integrar una asociación ilícita que en 2016 cobraba sumas de dinero a comerciantes de los barrios porteños de Núñez, Saavedra y Coghlan. En el mismo proceso fueron condenados otros cuatro efectivos, entre ellos un comisario, a penas de entre 3 y 5 años y medio de prisión.
Fuentes judiciales informaron que el fallo fue dictado esta tarde por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 16 porteño, que condenó a solo cuatro de los once policías que llegaron a juicio oral por cobros de coimas que engrosaban la denominada “caja negra” de la entonces comisaría 35a.de la Policía Federal.
En una audiencia que se llevó a cabo de manera virtual como medida de prevención por la pandemia de coronavirus, el tribunal absolvió a Potocar, quien había llegado a juicio en libertad acusado de los delitos de “asociación ilícita y concusión de funcionario público”.
“Es un momento de mucha emoción, necesitaba el testimonio reivindicatorio del fallo del tribunal oral, lo cual me puso muy feliz. No tengo rencor”, señaló el ex comisario, quien estuvo preso por este caso “durante cien días que transcurrieron con mucho dolor”.
El hecho que se le imputaba a Potocar ocurrió meses antes de que fuera nombrado como jefe de la Policía de la Ciudad, el primero que tuvo esa fuerza creada en enero del 2017.
Además de Potocar, el TOC 16 absolvió al entonces comisario Guillermo Calviño, jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA; a la ex comisario inspector Susana Aveni; a los ex subcomisarios Marcelo Stefanetti y José Codaro; y a los efectivos Adrián Paul Otero y Hernán Antonio Kovacevich, quienes también llegaron a juicio acusados de integrar la asociación ilícita.
En tanto, los jueces condenaron a 5 años y medio de prisión al ex comisario de la entonces seccional 35ta., Norberto Villarreal, el único de los acusados que llegó preso al debate y que fue acusado de ser “el jefe de una asociación ilícita y concusión de funcionario público reiterada”.
Según el fallo, los jueces Gustavo González Ferrari, Inés Cantisani y Claudia Moscato fijaron como vencimiento de la condena para el ex comisario el 24 de octubre del 2023 y le fijaron cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
En tanto, también fueron condenados los policías Alberto Quiroga Marciano, Sergio Gabriel Ríos y Alejandro Malfetano a 3 años y 4 meses de prisión como integrantes de la “asociación ilícita y la concusión de funcionario público”.
Durante los alegatos, el fiscal del juicio Fernando Fiszer había pedido las absoluciones de Potocar y de Calviño, pero había solicitado condenas para el resto de los acusados, entre ellos para la ex comisario inspector Aveni, quien era la jefa de la Circunscripción VII al momento de los hechos.
La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida en 2016 en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que alertaba sobre el presunto cobro de coimas por parte de efectivos de la seccional 35a. a partir de la llegada de Villarreal en enero de ese año, cuando dicha dependencia aún dependía de la PFA. Así es que, tras la denuncia, se abrió una causa penal que llevó adelante el fiscal de Distrito Núñez-Saavedra, José María Campagnoli.
Luego, se allanó la comisaría, donde se encontró un cuaderno en el que supuestamente estaban registrados los pagos y se mencionaba a la DCG (Dirección General de Comisarías) y a la SSM (Superintendencia de Seguridad Metropolitana), por donde pasó Potocar, como reparticiones receptoras de los pagos.
Además, en los comercios afectados se hallaron comprobantes de aportes a la “Asociación Amigos de la Comisaría 35”, que habría sido una de las formas de canalizar las coimas, entre otras pruebas.
Sin embargo, durante la instrucción del caso, la Cámara del Crimen sostuvo en uno de sus fallos que el cuaderno “si bien tiene alto valor indiciario, no resulta concluyente a la hora de decidir un auto de procesamiento con prisión preventiva por la figura escogida”.
También se cuestionó a Campagnoli porque no le había tomado declaración a los dueños de los locales supuestamente afectados ni había efectuado otras medidas.
Por su parte, todos los imputados estuvieron presos durante algún tiempo y posteriormente fueron logrando la excarcelación, excepto Villarreal.
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