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CABA

VIDEO: Así allanaron un local que vendía matafuegos truchos

Entre otras irregularidades, tenía uno con fecha de fabricación para diciembre de 2022.

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El lunes último se realizó un allanamiento, en un local dedicado a la venta y recarga de matafuegos en el barrio de Flores de esta ciudad. Como resultado se pudo constatar que la mayoría de los matafuegos se encontraban con documentación apócrifa, ya que las obleas de seguridad al ser escaneadas redireccionaban hacia páginas ajenas a la Agencia Gubernamental de Control.

La causa se inició por denuncias de una empresa recargadora. En el operativo determinaron que los matafuegos tenían documentación apócrifa, con etiquetas falsificadas impresas que no coincidían con los números grabados en los matafuegos. Además, se estableció que los responsables del comercio no aceptaban matafuegos vacíos.

En el procedimiento secuestraron 73 matafuegos con las obleas de la AGC impresas apócrifas, 54 stickers para ser colocadas, 110 etiquetas supuestamente de la Provincia de Buenos Aires y un matafuego con fecha de fabricación diciembre de 2022.

Asimismo, secuestraron cuatro celulares, una impresora para la producción de los autoadhesivos, 68 marbetes (el anillo plástico que certifica que el extintor fue cargado), precintos de diferentes colores, pegamento instantáneo y documentación relevante para la investigación.

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Análisis

Legisladores y organizaciones populares construyen protocolo contra la violencia institucional en CABA

La Defensoría del Pueblo denunció a organismos de CABA por ejercer violencia física y verbal contra personas en situación de calle. 

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Representantes del Frente de Todos en la Legislatura porteña convocaron a visibilizar las situaciones de violencia institucional hacia personas en situación de calle que ejerce el gobierno de Rodríguez Larreta.

Fotos: Eloísa Molina

El Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario de la jornada para construir un protocolo contra la violencia institucional. “Algunas políticas se empiezan a parecer demasiado a lo que fue hace algunos años la UCEP”, dijo Laura Velasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos al iniciar el encuentro. 

Velasco se refería a la Unidad de Control del Espacio Público creada por Mauricio Macri en el 2008, cuando era Jefe de Gobierno porteño. Algunas de sus funciones eran: “mantener el espacio público libre de usurpadores; colaborar operativamente en mantener el orden; decomisar y secuestrar materiales, mercaderías acopiadas”. La Defensoría del Pueblo denunció el accionar de este organismo por ejercer violencia física y verbal contra personas en situación de calle. 

Todos los legisladores del bloque del Frente de Todos estamos a disposición y queremos trabajar con las organizaciones porque creemos que es por ahí por donde podemos avanzar. El Gobierno de la Ciudad ejerce esa violencia y también invisibiliza las problemáticas de las personas en situación de calle”, agregó Velasco.

Victoria Montenegro expresó que “se trata de articularnos, poner en común el trabajo de las organizaciones, el rol de los comuneros y organismos del Estado como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”. 

Desde la Comisión de Protección y Uso de Espacio Público, el legislador Manuel Socias planteó que “se percibe un reordenamiento del espacio público que el gobierno de la Ciudad lleva adelante en forma muy violenta, cruel, arbitraria, discriminatoria y selectiva. Son muy condescendientes con el sector privado que ocupa el espacio público pero son muy eficientes para maltratar a la gente, a la población más vulnerable. El espacio público es un espacio común que no puede ser administrado con violencia”.

La propuesta hacia las organizaciones populares es construir un protocolo de intervención que le ponga un límite al accionar de las fuerzas de seguridad y preserve los derechos de la personas en situación de calle.

Es fundamental la participación de quienes cotidianamente se organizan para enfrentar estos niveles de violencia institucional. Se trata de proponer, sumar fuerzas e ir generando logros hasta que podamos cambiar este paradigma. Se trata de avanzar en propuestas concretas, crear un proyecto de Ley que contenga un protocolo que obligue al gobierno de la Ciudad a intervenir sin violencia institucional”, dijo la legisladora Cecilia Segura. 

Marina Joski y Julieta Goldsman del Movimiento Popular La Dignidad contaron la experiencia de la organización y expresaron que “si bien muchas veces la violencia institucional es ejercida por las fuerzas de seguridad, hay vulneraciones de derechos previas como el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna, todos derechos constitucionales que no se cumplen, que son violados permanentemente. Para tener un abordaje común hay que tener una mirada integral de este proceso. Construir políticas que puedan garantizar todos los derechos postergados”.

Horacio Ávila de Proyecto 7 manifestó: “Hay un montón de situaciones violentas, perversas y represivas. Desde el legislativo hay que ordenar al ejecutivo qué puede y que no puede hacer. No puede ser que desalojen una ranchada de manera violenta y sin razón. La mayoría de los organismos a los que las personas en situación de calle tienen que asistir ejercen violencia. Estar en la calle es una situación de violencia. Hay que trabajar en conjunto para frenar la represión a compañeros y compañeras que están en la calle”. 

Integrantes del Centro Educativo Isauro Arancibia expresaron que “hay que ponerse en el lugar de esos pibes que sufren violencia y que las denuncias y el protocolo tienen que construirse desde el territorio”.

Se realizará una nueva convocatoria para avanzar en la confección del protocolo y proyecto de Ley. “Necesitamos construir un espacio de trabajo para elaborar una estrategia y herramientas que enfrenten el ordenamiento del espacio público que está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad. Tenemos que crear protocolos de intervención que nos permitan regular la forma de actuar en el espacio público”, concluyó Claudia Neira.

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