La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Provincial por la Memoria elevaron una nota al gobernador Axel Kicillof para reclamar que el Ministerio de Seguridad bonaerense “cese con una vieja y repudiable práctica que consiste en trasladar a policías sospechados a otra dependencia” ante episodios de violencia institucional.

En tal sentido, se hizo referencia a lo sucedido en Laprida, cuando la joven Daiana Abregú fue hallada muerta en un calabozo de la comisaría de esa ciudad, montándose una trama de encubrimiento en torno a un suicidio, cuando en una posterior autopsia demostró que resultó asfixiada.

Tanto el comisario inspector Marcelo Amaya, como el comisario Cristian Barrios, los dos jefes de esa seccional, fueron trasladados a dependencias del partido de Tres Arroyos, sin haber sido separados preventivamente de sus cargos. “Ambos resultan ser, cuanto menos, responsables funcionales de la fuerza que estuvo a cargo de la aprehensión y custodia de Daiana Abregú, que luego fue víctima de un gravísimo hecho”, denunciaron.

Por otra parte, Amnistía Internacional exigió a través de un comunicado que se avance en la investigación por la muerte de Daiana Abregú «sin demoras ni irregularidades«, al mismo tiempo que reiteraron su acompañamiento al reclamo de la familia de la joven.

“Acompañamos el reclamo de sus familiares para que se garantice una investigación imparcial y urgente que esclarezca los hechos y la participación de todas las personas involucradas en la detención de Daiana, su muerte e intento de ocultamiento de los hechos«, manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

«El mensaje de la Justicia debe ser urgente y contundente: no más impunidad y no más muertes por violencia institucional en Argentina«, concluyó Amnistía Internacional.