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Argentina

Se viene el juicio: así fue el crimen de Fernando Báez Sosa perpetrado por los rugbiers

Fue asesinado el 18 de enero de 2020. Tenía 18 años. Lo mataron a golpes de puños y patadas al ser atacado frente a un boliche en Villa Gesell.

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Las principales instancias del caso de Fernando Báez Sosa, cuyo homicidio será juzgado a partir de este lunes:

  • 18 de enero de 2020: Báez Sosa (18) es asesinado a golpes de puños y patadas al ser atacado cerca de las 4.40 frente al boliche «Le Brique», situado en Avenida 3, entre Paseo 102 y Avenida Buenos Aires, en pleno centro de Villa Gesell.

Horas más tarde, la Policía allana una casa ubicada a pocas cuadras de la escena del crimen y detiene a diez rugbiers que pasaban allí sus vacaciones: Máximo Thomsen; Lucas, Ciro y Luciano Pertossi; Ayrton Viollaz; Alejo Minalesi; Juan Pedro Guarino; Matías Benicelli; Blas Cinalli; y Enzo Comelli.

En la ciudad de Zárate, detienen al sospechoso número 11, un remero llamado Pablo Ventura, presuntamente señalado por alguno de los rugbiers.

  • 20 de enero: Los diez rugbiers se niegan a declarar ante la fiscal de la causa, Verónica Zamboni; mientras que Ventura asegura ser inocente y que nunca estuvo en Villa Gesell cuando ocurrió el crimen.

Los restos de Fernando son inhumados en el cementerio de Chacarita.

  • 4 de febrero: El juez de garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, dicta el sobreseimiento de Ventura.
  • 10 de febrero: La fiscal Verónica Zamboni pide la prisión preventiva para ocho de los diez rugbiers y el cese de la detención para Milanesi y Guarino, quienes quedan libres.

Se conoce que, entre las pruebas, hay un mensaje en el que Lucas Pertossi dice a sus amigos que Fernando «caducó», mientras que Ciro Pertossi ordena a los miembros del grupo no que hablen del tema con «nadie», lo que la fiscal interpreta como el inicio de un «pacto de silencio».

  • 14 de febrero: El juez Mancinelli dictó la prisión preventiva de los ocho rugbiers y le sumó el agravante de alevosía al homicidio premeditado que les había adjudicado la fiscal. En el escrito, el magistrado consideró que los detenidos «ejercieron especial violencia sobre Fernando, exteriorizando un claro accionar dirigido a concretar su muerte».
  • 15 de abril: Una serie de cotejos de ADN realizados determinó el hallazgo de sangre de Fernando en la camisa de Benicelli, y material genético compatible con Cinalli en la uña del dedo meñique de la víctima, lo que «denota que al defenderse durante la agresión lastimó» a ese imputado.
  • 17 de julio: Una pericia escopométrica estableció que una huella identificada durante la autopsia en el rostro del joven asesinado correspondía con la impronta del calzado secuestrado a Thomsen.
  • 14 de enero de 2021: El presidente Alberto Fernández recibió, en su despacho de la Casa Rosada, a Silvino Báez y Graciela Sosa, padre y madre de Fernando.
  • 4 de febrero: El juez Mancinelli eleva a juicio oral la causa con Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Alejo Milanesi como acusados. Juan Pedro Guarino es sobreseído.
  • 7 de abril: La Cámara de Apelación y Garantías de Dolores sobreseyó Alejo Milanesi y confirmó que los otros ocho rugbiers acusados por el homicidio deberán continuar detenidos a la espera del juicio oral, tras rechazar una serie de nulidades que habían sido planteadas por la defensa.
  • 20 de mayo: Sortearon al Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC) 1 de Dolores que juzgará a los ocho rugbiers.
  • 15 de octubre: Fijan para el 2 de enero de 2023 el inicio del juicio.
  • 18 de enero de 2022: Los padres de Fernando visitaron por primera vez el lugar del crimen, donde rezaron una oración en su memoria en el horario en el que dos años antes mataron a su hijo y donde desde entonces numerosos visitantes colocan ofrendas al pie de un árbol en su memoria.
  • 4 de octubre: La Suprema Corte de Justicia Bonaerense confirmó la elevación a juicio y las prisiones preventivas de los ocho rugbiers acusados del asesinato.

Buenos Aires

AFIP detectó un 33% de empleo no registrado en comercios de puntos turísticos

Desde principios de año se realizaron 2.395 controles y se labraron 263 actas de infracción por incumplimientos en los sectores de gastronomía, guarderías náuticas, recreación, ventas de productos regionales, cervecerías, bares, balnearios y proveedores de bienes y servicios.

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó hoy que detectó un 33% de trabajo informal en comercios de venta de bienes y servicios de 47 localidades de mayor movimiento turístico del país, durante relevamientos realizados en el marco del Operativo Verano 2023.

En total, los inspectores del organismo detectaron inconsistencias en el 33% de los 3.487 trabajadores que se desempeñaban en los comercios fiscalizados.

«Las principales irregularidades consistían en la falta de alta de los empleadores y diferencias en las declaraciones juradas», señaló el organismo que conduce Carlos Castagneto en un comunicado.

Desde principios de año se realizaron 2.395 controles y se labraron 263 actas de infracción por incumplimientos en los sectores de gastronomía, guarderías náuticas, recreación, ventas de productos regionales, cervecerías, bares, balnearios y proveedores de bienes y servicios.

Las acciones también incluyeron a festivales de música celebrados en el interior del país, y eventos masivos y fiestas electrónicas en la Costa Atlántica, con controles en la venta de entradas y de bebidas.

«Los inspectores verificaron la correcta facturación de los comercios, la utilización de los sistemas de pago electrónico y de los controladores fiscales de nueva tecnología y el relevamiento del personal que se desempeñaba en los comercios visitados«, agregó la AFIP.

El principal incumplimiento detectado por los inspectores fueron las normas de facturación, por la falta de emisión de la factura correspondiente y la ausencia de controladores fiscales actualizados con la nueva tecnología.

Los procedimientos fueron realizados de manera conjunta por la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), con la colaboración de distintos Organismos Nacionales y provinciales y fuerzas de seguridad de las distintas provincias.Imprimir

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