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Argentina

Agricultura suspendió a 12 exportadoras de carne por no liquidar divisas y falsificar documentos

La Dirección General de Aduanas también había denunciado a 19 frigoríficos que realizaron supuestas operaciones fraudulentas de exportación de carne, imponiendo multas por alrededor de US$ 6 millones.

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La Dirección General de Aduanas también había denunciado a 19 frigoríficos que realizaron supuestas operaciones fraudulentas de exportación de carne, imponiendo multas por alrededor de US$ 6 millones.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendió la operación de 12 empresas exportadoras de carne por no liquidar divisas o consignar domicilios falsos, entre otras imputaciones, a la vez que procedió a interdictar más de 220.000 kilos de carne vacuna, se informó oficialmente.

«Ya son 12 las empresas suspendidas o dadas de baja, según el informe presentado por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, y otras 5 firmas se encuentran intimadas para presentar requisitos faltantes», indicó el Ministerio de Agricultura.

En estas actuaciones se «interdictaron más de 220.000 kilos de carne» como resultado de la política de ordenamiento y control del mercado de exportación de carnes.

De hecho, el viernes pasado se «procedió a suspender o inhabilitar para exportar a seis empresas por irregularidades tales como no liquidar divisas o haber consignado domicilios falsos, entre otras imputaciones».

Esas firmas comercializaron casi 7.000 toneladas, lo que representó el 21% del volumen exportado por firmas que no tiene plantas de procesamiento propio.

«El trabajo realizado a través del registro nos ha permitido tener una descripción exhaustiva de las firmas, y detectar inconsistencias que perjudican al normal desarrollo de la actividad», expresó Luciano Zarich, director de Control Comercial Agropecuario.

Asimismo, Zarich agregó que «con estas acciones conjuntas se busca eliminar la competencia desleal en el mercado de exportación de carne congelada, que también era un pedido de todo el sector».

El informe de la Dirección de Control Agropecuario informó que también se produjo la interdicción de «1.087 cajas de carne congelada que pertenecen a la empresa Alpha Estudio Aduanero, la cual ha sido suspendida del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) por una serie de irregularidades detectadas, y de 28 cajas de carne congelada pertenecientes a la empresa Agrop Negocios».

En otro operativo realizado en el puerto de Buenos Aires, se interdictaron cuatro contenedores con carne congelada, tres de los cuales pertenecen a la empresa Alpha Estudio Aduanero, y el restante a la empresa Agrop Negocios, que presuntamente operaba en el mercado con domicilio falso y comprobada insolvencia de sus titulares.

También, mediante el mismo mecanismo, se prohibió la comercialización de «60 toneladas de carne bovina congelada perteneciente a la firma Mocho Pampa, la cual se encuentra suspendida por haberse detectado maniobras de triangulación».

En busca de transparentar el mercado de comercialización de carnes se anticiparon asimismo avances con dos denuncias penales contra operadores que presentaron graves irregularidades.

Por su parte, la Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a 19 frigoríficos que realizaron supuestas operaciones fraudulentas de exportación de carne.

«Las multas totales impuestas por el organismo de control y fiscalización que depende de la AFIP alcanzan un monto cercano a los US$ 6 millones», indicó el organismo.

La pesquisa permitió detectar que los 19 frigoríficos denunciados declararon mercaderías en forma incorrecta, con el objetivo de reducir la carga tributaria y subfacturar ventas.

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Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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