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Jujuy: Morales instaló una «empresa de espionaje ilegal»

Así lo denunció la Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos.

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El-Argentino-Gerardo Morales

La Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos denunció hoy el funcionamiento de «una empresa de espionaje ilegal» en Jujuy, con participación de la justicia en el «armado de causas con hipótesis delictivas» y con infiltraciones de la policía en las organizaciones sociales, lo cual «están vulnerando las garantías y derechos constitucionales de la democracia».

En tal sentido, presentaron una denuncia penal en la fiscalía federal de Jujuy contra el ministro de Seguridad de la provincia, Luis Alberto Martín; el jefe de Policía, Héctor Herbas Mejía; el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía provincial, Marcelo Rodríguez; el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Diego Funes y del juez de Control en lo penal y Delitos contra la Administración Pública de Jujuy Rodolfo Fernández «por la presunta comisión de delitos de acción pública, por hechos violatorios de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional».

«La primera acción de esta empresa de espionaje fue infiltrar, ese es el primer hecho que denunciamos, la infiltración (en marchas y movilizaciones). Acá se persiguen a todos los opositores, no hay nadie en particular, se los persigue a todos», dijo a la prensa la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, en la CTA de Jujuy.

«Cometida la infiltración, el fiscal Funes solicita allanamientos, que también constan en la denuncia, y con eso va construyendo hipótesis delictivas de las que el juez de control toma intervención tres meses después», precisó.

Detalló que «se violaron dos leyes federales, por eso la competencia es federal y no pueden desestimarla», dado que «se realizaron tareas de espionaje ilegal sin denuncias previas que vinculen la comisión de una actividad criminal».

«Estas tareas de espionaje ilegal según los hechos y las pruebas que constan en esta denuncia fueron encomendadas a la Agencia de Delitos Complejos provincial», apuntó.

Consideró que «es importante que la población entienda cómo funciona esta estructura judicial policial que estamos denunciando; definitivamente una empresa de espionaje ilegal». Añadió que obedece a «una estrategia» del Gobierno para «el aniquilamiento del que piensa diferente, donde (el gobernador Gerardo) Morales debe ser también el garante de que se cumpla la Constitución Nacional en la provincia, con los debidos procesos, tratados internacionales, así como en todas las jurisdicciones del país».

Carpinetti indicó que toda esta estructura «constituyó una empresa de espionaje ilegal» y la fiscalía «debe investigar los hechos, abrir a prueba e iniciar con las testimoniales».

La denuncia se realizó en el marco de la cuarta visita de la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos a Jujuy con participación de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.

Durante su permanencia en Jujuy para hacer un relevamiento sobre vulneración de derechos, la Comisión visitó Tilcara y San Pedro de Jujuy y advirtió la presencia de un policía que los estaba espiando mientras tomaban las denuncias, dijeron.

«En San Pedro recepcionamos muchísimas denuncias de pequeños productores muy preocupados porque les están iniciando causas, algunos ya imputados, debido a que tienen una orden de desalojo de la tierra que ocupan para la agricultura familiar», relató la abogada del Ministerio de Justicia de la Nación Daniela Verón, integrante de la Comisión.

«Sufrimos un acto de espionaje ilegal, infiltración, en particular lo puedo comentar porque lo sufrimos, era un oficial de policía vestido de civil que también es ayudante de un fiscal», afirmó y dijo que «tras advertirle se retiró».

El referente del Movimiento Evita de Jujuy José Zurita indicó que la práctica del espionaje la «observan continuamente» a través de «la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy que va a las casas de los compañeros y compañeras y le pregunta a los vecinos si los conoce, qué hacen, de qué vive y trabaja».

También esto ocurre, dijo, en los comedores y merenderos donde hay niños y adultos mayores.

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«No voy a ser candidata a nada en 2023, señor Magnetto»: disparó Cristina tras el veredicto

La Vicepresidenta respondió a través de sus redes sociales el veredicto y se refirió a la mafia de los jueces que responden a Clarín y el escandaloso viaje a la estancia de Joe Lewis.

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La vicepresidenta Cristina Fernández respondió a través de sus redes sociales el escandaloso veredicto que la condenó a 6 años de prisión y la inhabilitó de manera especial permanente para ejercer cargos públicos: «Esto es un Estado paralelo y mafia judicial».

La ex mandataria señaló que la «confirmación» de esa situación fue la filtración de un viaje de ex funcionarios, magistrados y ex agentes de inteligencia a Lago Escondido, y sobre el cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia ayer lunes por cadena nacional.

En el último tramo de su descargo público, al dirigirse en su mensaje al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, Cristina expresó: «El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa».

«No voy a ser candidata a nada en 2023 señor Magnetto», disparó Cristina respecto al veredicto en una de las frases más contundentes con las que cerró su trasmisión.

La Vicepresidenta aseguró además que «la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos», porque «condenan el modelo económico» del peronismo.

«El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos», afirmó la Cristina.

Al responder el veredicto, la vicepresidenta también señaló este martes que cuando era presidenta de la Nación no tenía «manejo de las leyes que son aprobadas» por el Poder Legislativo y marcó que «el presidente de la república tampoco administra el presupuesto».

«Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto», indicó Fernández de Kirchner a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.

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