La estrategia del FdT en el juicio político a la Corte
La comisión tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen que propondrá para establecer la admisibilidad de las acusaciones por los fondos coparticipables e “irregularidades, incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
El Frente de Todos (FdT) prepara en la Cámara de Diputados su estrategia para enfrentar una de la etapas cruciales del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, que es la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La comisión de Juicio Político que conduce la legisladora oficialista Carolina Gaillard tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen que propondrá el FdT para establecer la admisibilidad de los pedidos de juicio político.
En la primera reunión, realizada el jueves pasado, el oficialismo logró quorum propio para iniciar el debate pese al intento de los representantes de Juntos por el Cambio (JxC) de boicotear el inicio de las sesiones. El quórum fue posible gracias a una bancada abroquelada detrás de la postura de impulsar el proceso de remoción de los cuatro ministros del máximo tribunal del país.
Tras amagar con ausentarse cuando se anunció la presentación del proyecto del oficialismo, los legisladores del interbloque opositor terminaron asistiendo al debate en la comisión y esto fue leído desde el FdT como una legitimación del procedimiento de juicio político a los integrantes de la Corte, que impulsa el Gobierno nacional con el apoyo de gobernadores.
La primera reunión de la Comisión marcó el pulso que tendrá este proceso legislativo, que desde su arranque se caracterizó por los fuertes cruces que mantuvieron los representantes del oficialismo y del JxC.
El oficialismo descuenta la presencia mayoritaria de sus 16 diputados en todas las reuniones, y voceros del FdT aseguran que eso es lo que sucederá el próximo jueves, a partir de las 11, cuando se presenten los autores de los 14 proyectos formulados para remover a los cuatro integrantes del alto tribunal.
En tanto, desde la Coalición Cívica se buscará solo la destitución de Lorenzetti, quien fue denunciado en varias oportunidades por la fundadora de ese espacio político, la exdiputada Elisa Carrió.Los miembros de la Corte Suprema denunciados a juicio político.
Las acusaciones por el juicio político
El oficialismo promueve el juicio político contra los cuatro jueces con el impulso del presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en la causal de mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2×1” para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
Otro de los causales son una serie de “irregularidades, incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
Un dato de cómo será el proceso lo marcó el oficialismo cuando anunció -ante una consulta de la oposición- que el proceso se hará mediante el mecanismo de plenario y no a través de una subcomisión como ha sucedido en el pasado, según explicó el presidente del bloque del FdT, el santafesino Germán Martínez.
Para que se abra la investigación deberá ser aprobada primero la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político, algo el oficialismo tendría asegurado con la mayoría que ostenta en la Comisión.
A partir de la apertura del sumario, el oficialismo impulsará el pedido de documentación y diagramarán la citación a los testigos.
El FdT quiere convocar al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; a mandatarios provinciales; a Silvio Robles -vocero y mano derecha de Rosatti-, y a Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño que se encuentra en uso de licencia.
A fines del año pasado trascendieron en los medios de comunicación una serie de chats intercambiados a través de la aplicación Telegram que fueron atribuidos a D’Alessandro, y en varios de esos mensajes había intercambios del funcionario porteño con Robles.
En esas conversaciones, el colaborador de Rosatti le sugería al ministro porteño distintas estrategias que debía llevar a cabo el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante el litigio que la ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
El oficialismo pretende que esos chats sean también motivo de análisis en la comisión de Juicio Político, como parte del proceso de remoción a los actuales magistrados de la Corte.
La comisión tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen.
También serán convocados como testigos los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Ricardo Quintela (La Rioja); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Sergio Ziliotto (La Pampa); Raúl Jalil (Catamarca); Mario Arcioni (Chubut) y Gildo Insfrán (Formosa).
La lista se completará con abogados expertos en Derecho constitucional y organismos de derechos humanos, entre otras entidades.
A partir de allí habrá otra compulsa entre el oficialismo y la oposición sobre las potestades que tendría la comisión de Juicio Político al momento de citar de forma obligatoria a los testigos.
El reglamento establece que los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer a testimoniar ante la Comisión.
“Cuando la Comisión hubiera dispuesto la comparecencia de alguna de estas personas a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas, a los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia”, establece el reglamento.
Para la segunda sesión del próximo jueves está prevista la exposición de los diputados del FdT Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, por los tres expedientes tramitados por el oficialismo.
En el primer caso se analizarán denuncias contra Rosenkrantz, y luego dos presentaciones contra los cuatro integrantes del máximo tribunal.
En tanto, la diputada de la Coalición Cívica (CC) Paula Oliveto expondrá sobre denuncias impulsados por la CC contra Lorenzetti.
La senadora Juliana di Tulio, del FdT, hará lo propio en relación a los dos expedientes que impulsa: uno contra los cuatro miembros de la Corte y otro concentrado en Rosatti.
También asistirán a esta reunión la Asociación Argentina de Juristas, que solicitó juicio político contra los cuatro magistrados, al igual que la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, que lo hizo contra Rosenkrantz y Lorenzetti.
Los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos en relación al pedido que realizaron contra los cuatro integrantes, mientras que el abogado Pablo Llonto junto a Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados en relación al desempeño de Rosatti en relación a las causas por crímenes de lesa humanidad.
La joven que ayer murió tras caer de un departamento del sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, por el que está detenido un empresario vinculado al agro, tenía 26 años y era de nacionalidad brasileña, y los investigadores intentan determinar si fue víctima de un homicidio o si sufrió un ataque de nervios que la llevó a arrojarse al vació tras discutir con el dueño de casa.
Fuentes policiales y judiciales aseguraron a Télam que el empresario Francisco Sáenz Valiente permanecía hoy detenido y el juez de la causa, Martín Del Viso, quien subroga el Juzgado en lo Criminal y Correccional 31, y el fiscal que inició la investigación, Santiago Vismara, aguardaban una serie de peritajes para indagarlo como sospechoso de “homicidio”.
Según lograron reconstruir los pesquisas mediante el relato de testigos, la noche del miércoles último Sáenz Valiente concurrió a cenar con un grupo de amigos, entre los que se encontraba una joven con la que mantiene una amistad desde hace cuatro años y que estuvo presente ayer cuando ocurrió el hecho.
Esta joven, cuyas iniciales son J.M.M., también de nacionalidad brasileña y de 37 años, llevó como invitada por primera vez a ese tipo de cenas a Emily Rodríguez (26).
Los investigadores establecieron que esa noche el grupo de amigos cenó en Gardiner y, luego, concurrió a tomar algo a un bar de Palermo.
Ya de madrugada, el empresario, junto a su amiga J.M.M., Rodríguez y una tercera mujer también amiga del grupo que había concurrido a cenar, se dirigieron al departamento del sexto piso del edificio de la calle Libertad 1542, en Retiro, a metros del shopping Patio Bullrich.
Según los investigadores, tras una noche de excesos, aparentemente Rodríguez cerca de las 9 de la mañana sufrió un ataque de nervios tras una discusión con el dueño de casa, tras el cual la mujer comenzó a correr por el departamento.
Se cree que a esa altura, la tercera mujer que había concurrido ya se había retirado, por lo que en el departamento quedaban Sáenz Valiente, su amiga y Rodríguez.
De acuerdo a la reconstrucción que lograron elaborar los investigadores policiales y judiciales, la joven brasileña se mostraba muy agresiva e intentó abrir una ventana que da al frente del edificio, pero como no pudo, llegó a una ventana de una habitación que da al pulmón de manzana y se arrojó.
Esa versión, ahora deberá ser corroborada en base a pruebas científicas, entre ellas la autopsia, y recién después se espera que pueda ser indagado Sáenz Valiente.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que la amiga del empresario, la mujer identificada con las iniciales J.M.M., presentaba una serie de lesiones en las manos y rasguños.
“Son signos de pelea. En principio, el dueño de casa no tenía lesiones, pero también se ordenó un peritaje para que se establezca si también presentaba lastimaduras producto de algún forcejeo”, dijo a Télam un investigador.
Vecinos del edificio llamaron al 911 y personal de la comisaría Vecinal 1A se dirigieron al lugar y constataron el cuerpo de Rodríguez en una zona de difícil acceso.
Una ambulancia del SAME auxilió a la víctima y la trasladó a un hospital Fernández, pero llegó fallecida.
Los policías de la comisaría hallaron a Sáenz Valiente en su departamento y a J.M.M. en el hall del edificio, por lo que ambos fueron demorados aunque, luego el juez Del Viso ordenó la detención del empresario y liberó a J.M.M.
Fuentes de la investigación aseguraron que la declaración de esta mujer es clave para determinar la posible responsabilidad de Sáenz Valiente en un supuesto crimen.
“Tanto el juez como el fiscal aguardan una serie de peritajes claves, entre ellos la autopsia, para poder escuchar la versión del empresario sobre los hechos”, dijo a Télam una fuente judicial, que además aclaró que “hay que establecer si la mujer se tiró o la tiraron, y si lo hizo ella, en qué contexto tomó esa decisión”.
Otra fuente policial comentó a Télam que la víctima llegó al edificio en una camioneta Jeep Compass Longitude gris, modelo 2022 y patente AF 548 MZ, que quedó estacionada en la vía pública y que ayer fue revisada por los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) de la Policía de la Ciudad.
El vehículo está radicado en el partido bonaerense de Lanús y tiene tres infracciones de tránsito en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, los investigadores también buscaban a la tercera mujer que estuvo en el departamento de Sáenz para tomarle declaración testimonial.
Distintos vecinos que fueron entrevistados por los pesquisas contaron que eran frecuentas las fiestas en el departamento del empresario y que se realizaban cualquier día de semana, que duraban toda la noche y que eran habituales lo gritos.
Los policías de la comisaría que revisaron el departamento hallaron botellas de bebidas alcohólicas, pero en principio no encontraron drogas, dijeron las fuentes.
“El departamento tenía varias habitaciones y en todas ellas había ropa de mujer, especialmente ropa interior. Varios amigos contaron que era habitual que el empresario llevara a su casa a sus amigas y que ellas se quedaran a dormir”, contó un investigador, quien agregó que “de hecho, todas las piezas tenían la cama deshecha, como si hubiesen sido usadas recientemente”.