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Este viernes se celebra el primer Día de Acción por la Salud de las Mujeres desde la legalización del aborto

Organizaciones feministas y de lucha por la igualdad de oportunidades convocaron a celebrar esta jornada, la primera que se realiza desde que se convirtió en Ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la Argentina, proyecto que había sido presentado por primera vez el 28 de Mayo de 2005.

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Organizaciones feministas y de lucha por la igualdad de oportunidades convocaron a celebrar este viernes el primer Día de Acción por la Salud de las Mujeres desde la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la Argentina, proyecto que había sido presentado por primera vez el 28 de Mayo de 2005.

La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) señaló a través de un comunicado que «la salud es un derecho inalienable para todas las personas independiente de su edad, identidad de género, lugar de residencia y cualquier otra variable. Y por eso, después de este gran paso, tenemos que insistir en asegurar que este derecho se garantice para niñas, mujeres, personas trans y con discapacidades, indígenas, afrodescendientes y migrantes».

«Del mismo modo, es importante reiterar el reclamo del derecho de niñas y mujeres a la salud sexual y reproductiva, que implica el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos, el ILE así como a la efectiva interrupción del embarazo ahora garantizado por la ley de IVE», añade la nota.

«En esta segunda ola de la pandemia en el país, debemos estar alertas y exigir a las autoridades y a todos los funcionarios de los distintos sectores como las fuerzas de seguridad, prestadores de salud y otros para que se implementen las políticas y estrategias necesarias para garantizar a todas las personas estos derechos, especialmente a poblaciones más frecuentemente ignoradas o con menor posibilidad de acceder a estos servicios de salud, ya sea por barreras geográficas, económicas y/o socioculturales, lingüísticas o por cualquier otro motivo», completa el comunicado de FEIM.

FUSA Asociación Civil emitió un comunicado en el que destacó que «en diciembre del 2020, Argentina legalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a través de la Ley 27.610 de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto. Esta ampliación de derechos implica nuevas obligaciones y responsabilidades de los equipos de salud».

«Uno de los desafíos se relaciona con cómo se redefinen los roles en función de la atención y la necesidad de disponer de información clara, veraz y accesible; Asimismo, acontece en un contexto sanitario particular, atravesado y desgastado por la pandemia de COVID-19, donde parte de los esfuerzos y recursos se encuentran abocados al abordaje de esta emergencia sanitaria», añade la nota.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, afirmó que «la salud sexual y reproductiva es un derecho clave en el desarrollo de toda niña y mujer. Está demostrado que penalizar y restringir el aborto no lo impide, solo lo hace menos seguro y genera riesgos y consecuencias fatales».

«En todo el mundo, se estima que cinco millones de mujeres son hospitalizadas cada año para el tratamiento de complicaciones relacionadas con el aborto y unas 47.000 mueren. Por todo esto, no descansaremos hasta que todas las personas en nuestra región puedan tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos», añadió Belski.

En 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Rsmlac), hizo la propuesta de instaurar un día de acción global a favor de la salud de las mujeres, y en 1988 se conmemoró el primer 28 de Mayo con el lanzamiento de la Campaña para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna, coordinada por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, RMMDR, y la Red de Salud.

Esta red subrayó que las muertes a causa de la gestación eran y continúan siendo uno de los indicadores más dramáticos de la inequidad en salud, en tanto afectan abrumadoramente a mujeres de los países más pobres para quienes ser madres a menudo es un riesgo de vida.

En 1996, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos inició un proceso de evaluación de esta Campaña para ampliar su enfoque temático a la luz de nuevas problemáticas que afectan negativamente la salud de las mujeres.

Las organizaciones latinoamericanas y caribeñas se reunieron en Cuenca, Ecuador, y decidieron desde entonces impulsar en la región la Campaña por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, bajo la coordinación de la Rsmlac.

Hoy la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propone un nueva modalidad para conmemorar esta fecha histórica y emblemática, iniciando a partir de 2011 una Campaña (Permanente) por la Salud Integral y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Mujeres y Niñas la cual, como lo dice su nombre, enfatizará en la salud integral de las mujeres, tomando en cuenta la definición holística e inclusiva de la Organización Mundial de la Salud que señala: «El derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar».

El 28 de mayo de 2005 se lanzó en Argentina la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que juntaría firmas que serían entregadas en el Congreso de la Nación en paralelo a una gran marcha con presencia de personas de todo el país.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada por el Congreso argentino el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021. Establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana catorce inclusive, manteniendo la vigencia del derecho al aborto en casos de violación y riesgo para la vida o salud de la madre, sin límite de tiempo.

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Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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