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Argentina

El ENRE arranca con las audiencias públicas por el aumento de las tarifas de Edenor y Edesur

El martes comenzará el debate para definir una tarifa de «transición» para la distribución eléctrica. La idea del Gobierno nacional es lograr un equilibrio entre los incrementos y la preservación del poder adquisitivo de los hogares.

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El martes comenzará el debate para definir una tarifa de «transición» para la distribución eléctrica. La idea del Gobierno nacional es lograr un equilibrio entre los incrementos y la preservación del poder adquisitivo de los hogares.

Por Ignacio Ortiz

La definición de una tarifa de transición para la distribución eléctrica de las empresas Edenor y Edesur, concesionarias en el AMBA, comenzará a tratarse el martes en audiencia pública con la premisa ya manifiesta por parte del Gobierno nacional de reconocer incrementos que preserven el poder adquisitivo de los hogares, es decir, lejos de las pretensiones de recomposición que presentaron las compañías.

La nueva instancia de participación convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se desarrollará el martes a partir de las 8 y de manera virtual, mientras que el lunes se realizarán las audiencias por las tarifas del transporte eléctrico de alta tensión, lo que alcanza a las empresas Transener, Transba, Districuyo, Transnea, Transnoa, Transpa, Transco y Epen.

Vale destacar que el ENRE viene llevando a cabo un proceso de renegociación en virtud de las conclusiones a las que arribó en la auditoria técnica, jurídica y económica, de la cual concluyó que «la Revisión Tarifaria Integral (RTI) no se realizó teniendo en cuenta la realidad social y económica del país, ni fue razonable ni prudente en su diseño y aplicación».

De acuerdo con esa auditoria, los cuadros tarifarios adoptados durante la gestión Cambiemos no sólo implicó «un aumento irracional de la factura», pasando de un incremento nominal de 2015 a 2019 de 3.200% en las tarifas de los usuarios residenciales», sino que si hoy se continuara con ese esquema a partir del 1 de abril se debería disponer un aumento del 168% en las facturas.

Cuadros tarifarios de transición

Con las audiencias de lunes y martes se complementarán las instancias de análisis de los cuadros tarifarios de transición que el Gobierno aplicará hasta 2023, plazo durante el cual prevé abordar una nueva RTI para los segmentos de generación, transporte y distribución de los servicios de electricidad y de gas por redes.

En las jornadas previas al debate, las dos distribuidoras eléctricas que se encuentran bajo órbita federal y el ente regulador expresaron sus diferencias en torno del pedido de incrementos tarifarios que realizaron las empresas, en el informe obligatorio que antecede a la audiencia.

En ese sentido, mientras Edenor y Edesur aseguraron que sus requerimientos de aumentos en las tarifas de los usuarios residenciales serán del 28% y 34% promedio, respectivamente, el ENRE afirmó que los pedidos en realidad son de hasta 157% y 81% ya que se afectan especialmente al alza las tarifas de los segmentos residenciales R1 y R2, que concentran el 80% de los usuarios.

Los documentos elevados al ENRE por las distribuidoras reflejan en el caso de Edenor un pedido de incremento del valor agregado de distribución (VAD) -que es el componente de la factura que se le reconoce a las empresas por el servicio- del 109% al pasar de $29.000 millones en 2020 a más de 60.000 millones en 2021.

En el caso de Edesur, el aumento de VAD solicitado respecto de 2020 es de 253%, pasando de $16.000 millones a $54.000 millones.

«Esto es inviable en el contexto en que estamos saliendo de una crisis económica y tenemos la intención de que haya un crecimiento de las familias, de las industrias y los comercios», afirmó en la semana la interventora del ENRE, Soledad Manin, en una entrevista con Télam en la que aseveró que «no se puede pensar en acompañar la economía y su recuperación si se está hablando de estos montos».

En la renegociación con las empresas también se suma el reclamo que las distribuidoras hacen por los ingresos no percibidos tras dos años de congelamiento tarifario y durante el cual se mantuvo vigente la RTI de 2016, y las deudas que a su vez las mismas mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) por el suministro eléctrico no abonado en una virtual compensación por la falta de ajuste tarifario.

El debate agrega los niveles de calidad que el ENRE requerirá a las distribuidoras y el sendero de reducción de cantidad y duración de cortes, dos valores que se utilizan como referencia para valorar la prestación del servicio, lo que se vincula con las inversiones en infraestructura de red comprometidos como parte de la RTI.

En ese sentido, Manin también anticipó que la actualización tarifaria de las distribuidoras Edenor y Edesur será «semestral», en función del «análisis de los costos, el flujo de fondos y el cumplimiento de las inversiones» de las compañías, y destacó la importancia de que el Estado recupere «su rol planificador en materia de infraestructura eléctrica», al reconocer que el sector público podría hacerse cargo de algunas obras fundamentales del sistema.

De la misma manera, el subsecretario de Electricidad, Federico Basualdo Richards, definió en la semana que «el Gobierno no va a tomar una política de ajuste tarifario como es la propuesta (de las empresas) sino que en función del programa económico va a adecuar las tarifas de manera tal de que no va a afectar el poder adquisitivo de los salarios».

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A la definición del nivel de incremento tarifario a decidir, también se sumará el análisis de incorporar al sector de la distribución eléctrica un margen de subsidios que permita acotar los incrementos que deberán hacer frente los usuarios.

Hasta hoy, el precio de la energía eléctrica en promedio en el país está subsidiado en un 52%, por lo cual los usuarios pagan 48% del costo de generación, y si bien la distribución no está subsidiada como tal en la factura final, el Gobierno entiende que si se toma la deuda que las empresas mantienen con Cammesa, el Estado en 2020 cubrió un 37% del Vad de Edenor y un 55% del de Edesur.

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Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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