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Argentina

Cerruti planteó preocupación por el pueblo mapuche, los alquileres y la carne

La portavoz de la Presidencia adelantó que se analizan en «una mesa de trabajo» los conflictos en la Patagonia y desestimó los supuestos «cruces entre ministros».

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La portavoz de la Presidencia adelantó que se analizan en «una mesa de trabajo» los conflictos en la Patagonia y desestimó los supuestos «cruces entre ministros». Además, señaló que habrá novedades en relación a la carne y manifestó que existe preocupación por los valores de los alquileres.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró heste jueves que «es el turno de avanzar con el tema del precio de la carne», que registró alzas en los últimos días y, en ese sentido, adelantó que «habrá novedades próximamente».

El precio de la carne

«Va a haber novedades próximamente. Están los ministros (de Desarrollo Productivo) Matías Kulfas y ( (Agricultura) Julián Domínguez, junto con el secretario (de Comercio Interior) Roberto Feletti, trabajando en mucha armonía para tomar mejores medidas. Serán anunciadas por el Presidente (Alberto Fernández) cuando haya que comunicarlas», señaló Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada.

Explicó que el Gobierno «está trabajando ahora en el tema», al que calificó como «primordial en estos días», y adelantó que «se están viendo todas las alternativas sobre la mesa en un clima de mucho trabajo y de mucha consulta con los diferentes actores del sector agroindustrial».

«Es un tema complejo porque no solo tiene que ver no solamente con la producción en Argentina sino con el especial momento de los precios de los alimentos en el mundo, que sabemos cómo ha escalado después de la pandemia, con lo cual no es una sola medida la que va a resolver la cuestión», observó Cerruti.

La vocera subrayó que «se ha trabajado y avanzado sobre el control de la inflación en cuanto a los precios cuidados y a los consumos en los supermercados y se avanzó todavía más ayer hablando con los mayoristas y con los supermercados» y recordó lo hecho con el sector de los «medicamentos», acuerdos alcanzado con los laboratorios.

La cuestión mapuche

Cerruti afirmó que el Gobierno nacional busca «prevenir y resolver» situaciones de violencia en la Patagonia, tras la muerte del joven Elías Garay y agregó que la intención de las autoridades provinciales y nacionales, es armar una «mesa de trabajo» en este sentido.

«Anoche hablé con el ministro (de Seguridad) Aníbal Fernández sobre el tema. Él está en conversaciones con la gobernadora (de Río Negro, Arabela Carreras) permanentemente. Se estuvieron enviando efectivos, se trabajó en la zona de la provincia donde hay conflictos», recordó Cerruti en una conferencia de prensa brindada esta mañana en Casa de Gobierno.

En el mismo sentido, la portavoz añadió que hay «un espíritu en conjunto tanto de la gobernadora y del Gobierno, y del ministro de (Seguridad), en avanzar hacia una suerte de mesa de trabajo, o de cooperación, para prevenir este tipo de situaciones y resolver además las que se están desarrollando».

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«La Gendarmería estuvo en la ruta 40 y en las diferentes localidades para prevenir estos conflictos el fin de semana largo y fue eficiente ese accionar», analizó. En ese sentido, agregó: «Estamos hablando de que hay pérdidas de vida humanas y ese el principal dolor de este Gobierno».

La muerte de Garay ocurrió el domingo pasado en el paraje Cuesta del Ternero, cercano a El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron a un predio, donde la comunidad mapuche Quemquemtreu sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio que consideran como «ancestral».

Cerruti también sostuvo que «no hay cruces entre ministros, sino un trabajo conjunto y valioso», y afirmó que hay en la prensa «un exceso de vocación por charlas contadas en off de récord, pero no es la realidad del Gobierno».

Remarcó que se trabaja con «mucho espíritu de armonía» y destacó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, es quien «lidera la confección del plan plurianual en conversaciones con todos sectores del Gobierno y el Parlamento, y con el staff del FMI».

Plan Plurianual Económico

Luego de ese segmento, la portavoz abordó una agenda temática amplia, desde la confección del plan plurianual económico, la reforma de la ley de alquileres y el precio de la carne, hasta la situación de los pueblos originarios en la comarca andina.

Sobre el primero de esos temas, afirmó que Guzmán es quien «lidera la confección del plan plurianual en conversaciones con todos sectores del Gobierno y el Parlamento, y con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI)».

En ese sentido, reiteró que será presentado «en los primeros días de diciembre», que en él se incluirán los puntos en los que haya avanzado la negociación con el FMI y que será derivado al Congreso y al Consejo Económico y Social para su análisis.

En lo que respecta a la marcha de la economía, la portavoz señaló el crecimiento interanual de los distintos índices «apalancados desde las pymes» y sostuvo que el Gobierno nacional «tiene como temas de preocupación centrales los precios y los alquileres». Al respecto, confirmó que se «está trabajando en una nueva ley de alquileres» dado que la implementación de la actual «no tuvo los efectos esperados».

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En tanto, sobre la situación de los pueblos originarios en la Patagonia, recordó que el Gobierno nacional prorrogó la ley que ordena a las provincias llevar adelante los censos, dijo que se trata de «un conflicto que tiene muchísimas dimensiones» y señaló que Río Negro -donde se han registrado los mayores incidentes- es una de las provincias que registra mayores retrasos en el relevamiento mencionado.

El debate sobre los alquileres

La portavoz de la Presidencia además afirmó que el Gobierno nacional “tiene como temas de preocupación centrales los precios y los alquileres” y confirmó que se está trabajando en una modificación a la ley de alquileres, tal como adelantó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Con respecto a los resultados en el mercado inmobiliario que tuvo la nueva ley de alquileres que fue impulsada durante el Gobierno anterior y sancionada el año pasado, la portavoz sostuvo que “la implementación de la ley en el momento de la aplicación no trajo los resultados que se esperaban”.

“Los precios de los alquileres, como todo aquello que forma parte de lo que tiene que pagar una familia, es una de las preocupaciones centrales de la Argentina”, enfatizó.

Al respecto, Cerruti concluyó: “Estamos en un momento de enorme crecimiento económico y necesitamos que ese crecimiento llegue a las familias y por eso vamos a seguir trabajando en tema precios y alquileres”.

Este miércoles, al participar del acto por el Día de la Construcción en el edificio de la Confitería del Molino, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, consideró necesario “discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprendimiento noble que tiene a lo largo y ancho del país”.

“En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, y que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”, reseñó Massa, en referencia a la norma impulsada durante el macrismo.

La ley de alquileres fue sancionada por el Senado en junio de 2020, pero había recibido el aval de la Cámara de Diputados en noviembre del año anterior, durante la administración de Mauricio Macri.

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Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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