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Argentina

Guzmán reclamó «más autocrítica» del FMI

El ministro de Economía remarcó que con los US$ 45.000 millones que el FMI le otorgó al gobierno de Mauricio Macri “alrededor de US$ 21.000 millones se destinaron para pagar una deuda insostenible y US$ 24.000 millones para generar activos externos”.

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El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que en el FMI “debió haber más autocrítica” en el informe en el que analizó el crédito por US$ 45.000 millones otorgado en 2018 a Mauricio Macri y señaló que en el acuerdo que busca con el organismo los pagos de deuda de capital recién comiencen en 2026.

Además, señaló que el FMI entendió que «se debería haber entendido mejor el fenómeno inflacionario en la Argentina y que no se podía pensar que sólo con la política monetaria y al tasa de interés se podía resolver» como propuso el gobierno del por entonces presidente Mauricio Macri.

«El FMI reconoció que la plata se utilizó para pagar deuda insostenible a acreedores privados, que era un salvataje a acreedores que habían entrado a hacer una apuesta en 2016, y que se utilizó para financiar la formación de activos externos», afirmó Guzmán en una entrevista con C5N en la que apuntó que «alrededor de US$ 21.000 millones se destinaron para pagar una deuda insostenible y US$ 24.000 millones para generar activos externos».

Por otra parte dijo que la evaluación demuestra que «el Fondo está mostrando un mayor entendimiento, planteando que hay que atacar las múltiples causas de la inflación y que también tienen un rol los acuerdos de precios».

«La evaluación dijo que debería haber habido una reestructuración de deuda y medidas para regular la salida de capitales, es decir, controles de capitales antes para que no pase lo que efectivamente pasó», afirmó Guzmán.

Entre otros aspectos que se apuntaron en el documento publicado esta tarde, el Directorio del FMI, que integran representantes de las principales potencias económicas del mundo, reconoció que hubo pronósticos demasiado optimistas, que hubo una inconsistencia en el programa para abordar los profundos problemas estructurales de Argentina y que el préstamo generó riesgos financieros y de reputación considerables para el Fondo.

Aún así, el propio comunicado deja expreso que existen diferencias entre algunos de los directores -sin especificar a qué países representan- sobre la evaluación del crédito y los errores que se cometieron en su diseño e implementación.

Sobre este punto Guzmán dijo que es claro que «hay un conjunto amplio de países que están de acuerdo que acá hay algo que fracasó abruptamente pero que hay alguno que no son tan autocríticos». «Lo de hoy ayuda, no es suficiente, pero es un paso adelante», dijo el ministro, más allá de que consideró que tendría que contener más «autocrítica».

Sobre el futuro programa, que será de Facilidades Extendidas y con un plazo de 10 años de extensión, dijo: «Lo único que vamos a firmar -aseguró- es un acuerdo que en el corto plazo nos ayude a ir despejando el horizonte financiero e ir construyendo más certidumbres, pero tranquilizar la economía argentina y curar las heridas que se hizo con el endeudamiento que tomó Juntos por el Cambio en moneda extranjera va a llevar no menos de una década».

Respecto al diseño de ese nuevo programa dijo que se está trabajando para conseguir los apoyos entre distintos países en el mundo para reducir las sobretasas de interés que pesan sobre la Argentina que le insumen una carga de unos US$ 1.000 millones al año.

«Hacen falta más apoyos en foros internacionales para que esas sobretasas puedan modificarse y seguimos trabajando para ello. El mundo es difícil y es un mundo al que nos han dejado expuesto Juntos por el Cambio», afirmó.

Sin embargo, aunque se alcance un acuerdo de Facilidades Extendidas -que implicaría empezar a pagar capital recién en 2026- el problema del enorme peso de la deuda «sigue ahí» ya que, por ejemplo, «habría que pagar más de 20.000 millones de dólares en 2028», lo que equivale a casi el doble del superávit comercial de 2021.

«Esto muestra que los pagos del FMI tienen una concentración tal que vamos a tener que seguir dando pasos, por eso incluimos una cláusula en la cual si en el futuro el FMI cuenta con un tipo de préstamos mejor que se pueda pagar en más años que nos permitan trasladar parte de la deuda argentina a un nuevo programa y poder distribuir estos pagos en el tiempo», dijo el ministro.

El ministro se anticipó también a las críticas de «la derecha» -como se refirió a la oposición- ante los efectos de un acuerdo con el organismo sobre el índice del Riesgo País y la brecha cambiaria: «el Riesgo País va a bajar pero no se va a restaurar el acceso a los mercados internacionales de un día para el otro porque los mercados saben que el problema que dejó Juntos por el Cambio es muy grave y que va a llevar tiempo resolverlo».

«Nosotros vamos a ver qué implica para la economía real y para la generación de trabajo o la baja de la inflación», aseguró.

De cara a resolver el problema de la inflación y el crecimiento económico sostenido señaló: «Hay que entender de una vez por todas en la Argentina que la estabilización es una tarea colectiva, que conduce el Gobierno, pero una tarea donde todos tienen una responsabilidad, el sector público y privado».

Hizo referencia al respecto a una reunión que tuvo  con empresarios de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que apoyaron la marcha de las negociaciones con el FMI a la vez que destacaron la fuerte recuperación argentina, que «es el momento de quedarse e invertir en la Argentina» y resaltaron la necesidad de coordinar las expectativas de precios y salarios.

Guzmán aseguró que se crearon 422 mil puestos de trabajo en el tercer trimestre y que otros otros datos de crecimiento de la economía -exportaciones, inversión, actividad manufacturera, entre otros- ratifica que «la economía financiera hoy va por un carril distinto que el de la economía real».

Durante el encuentro, José Urtubey, miembro de la Comisión Asesora del Instituto de Educación y Productividad en Argentina de OEI, sostuvo que «hay que invertir en el país» y que «debe darse un acuerdo sostenible y no de ajuste con el Fondo Monetario Internacional».

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Mientras que Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, precisó que la compañía duplicó sus exportaciones el año pasado y que está prevista la fabricación de 27.000 nuevas unidades. «Hay que seguir invirtiendo en el país en momentos cruciales», señaló Herrero.

Por su parte, Martin Cabrales, vicepresidente de Cabrales, expresó que «vemos un buen año, con una reactivación fuerte en el sector alimentos, en especial en el consumo interno».

En la reunión estuvieron presentes Alejandro Simon, CEO Grupo SANCOR; Fabián Castillo Presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA); Juan Carlos Mosquera Presidente de Aseguradores del Interior de la República Argentina (ADIRA); Luis María Scasso, Director de la Oficina de Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); Mara Bettiol Presidenta de la Union de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART); Marcelo Figueiras Presidente de Laboratorios Richmond; y Pablo Peralta Presidente Grupo ST (Grupo de Servicios y Transacciones S.A.).

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Economía

¿Que debería incluir la nueva ley de alquileres?

Otro ítem en el que sí están de acuerdo es que la nueva ley debe incluir estímulos fiscales y crediticios para ambas partes.

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La Unión Argentina de Inquilinos (UAI) y las entidades del sector inmobiliario coinciden de manera general en la necesidad de una nueva ley de alquileres, pero las diferencias aparecen al discutir las parámetros que tendría que contener la potencial norma ya que los inquilinos postulan que en la actualización anual debe haber poca o nula incidencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que los propietarios pretenden un ajuste semestral o acuerdos específicos entre las partes.

Otro ítem en el que sí están de acuerdo es que la nueva ley debe incluir estímulos fiscales y crediticios para ambas partes.

La Ley 27.551 de alquileres aprobada por el Congreso en 2019 prevé contratos con una duración máxima de 3 años, actualizaciones anuales y, en el caso de rescindir el contrato, un preaviso de 3 meses para no tener que abonar una indemnización, entre otras cuestiones.

La actualización anual del índice por el cual se hace el ajuste anual la ley prevé en su artículo 14 que debe estar constituido por partes iguales entre la variación mensual del IPC y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

Al respecto, el presidente de la Cámara de Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, sostuvo que una nueva ley de alquileres debería «volver a los dos años de contrato con un ajuste cada seis meses como máximo ajustado por un coeficiente valor salario (CVS)».

En ese sentido, manifestó, que el nuevo índice de actualización no debería contener el IPC al lado porque «es una incógnita para todas las partes y obliga a negociar constantemente».

Por otro lado, Bennazar dijo que para que pueda haber un descenso de precios en el mercado son necesarios incentivos para que aumente la oferta de inmuebles acompañado por «la vuelta al acceso al crédito, como política de Estado de acceso a la vivienda y al suelo».

«Lo último que hemos incorporado son la compra de viviendas usadas para el blanqueo con dos condiciones, uso del bien propio o para su familia, y en el caso de invertir es aumentar la locativa habitacional por el término de 10 años», afirmó.

En enero en la ciudad de Buenos Aires los aumentos en los precios de alquileres -respecto a diciembre pasado- fueron de 6,2% en los monoambientes, 2,6% en los departamentos de dos ambientes y 4,3% en los de tres ambientes, según un relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

En tanto, el acumulado de 12 meses de 2022 fue de 102,9% para los monoambientes porteños; 105,1% en las unidades de dos ambientes y 100% en los de tres ambientes.

Estos números cotejan con la suba de 94,8% que marcó el IPC a lo largo del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UIA), Ricardo Botana, dijo que una nueva ley de alquileres tendría que «fomentar que vuelvan al mercado inmobiliario las viviendas que ya no están con incentivos fiscales, de ese tipo, para que la gente construya».

«En algunas grandes ciudades, algunos barrios, también pasó que se fueron volcando mucho a las plataformas de alquileres transitorios, lo que hizo también que se retiraran muchos inmuebles», sostuvo Botana al referirse a la falta de oferta de inmuebles en las ciudades, lo que hizo impulsar los precios de alquileres de viviendas de uso permanente.

Además, indicó que en una nueva ley el cálculo del aumento tendría que tener más preeminencia el Ripte -la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino- sobre el IPC para fijar el índice.

Por último, señaló que la ley de alquileres vigente si bien «trajo consigo nuevos derechos para los inquilinos», falló el artículo 14 donde se plasma el cálculo del índice por el cual se calculan los aumentos anuales «con aumentos de 83%, aproximadamente, desbarajuste dándole al inquilino los primeros 4 o 5 meses».

En tanto, el presidente de la Fundación Vocación Inmobiliaria, Hernan Iradi, enfatizó que lo que están reclamando es que «el plazo sea por dos años y que haya acuerdo de partes como siempre fue. Hoy los alquileres comerciales se alquilan por debajo de precios de la vivienda».

«La actual ley está mal porque está atada a la inflación con aumentos anuales, en febrero los aumentos van a superar el 85%, Argentina tiene inflación muy alta, masivamente se retiraron inmuebles del mercado cuando el plazo lo cambiaron a 3 años», dijo el representante inmobiliario.

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