Por Néstor Llidó

El problema principal de los juicios por delitos de lesa humanidad son las demoras, la falta de celeridad que se da en los Tribunales Federales de todo el país y con una Corte Suprema que con su lentitud para resolver beneficia a los genocidas”, analiza Pablo Llonto sobre la coyuntura de las causas pendientes por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Periodista de origen y abogado penalista especializado en la temática de Derechos Humanos, Llonto es un reconocido luchador del campo nacional y popular, representando a decenas de víctimas en los juicios por lesa humanidad y una voz autorizada para referirse a la situación de los procesos, tanto los que están en curso como los demorados. Y en esa tarea cotidiana, en cada “batalla” diaria, los cuestionamientos al “sistema judicial” surgen como consecuencia de esa inacción que no es antojadiza.

“Por ejemplo, se anuncian fechas de inicio de juicios, como la causa Puente 12, que era en octubre de 2022, luego la pasaron para febrero de este año y ahora nos notificaron que sería en abril, con la incertidumbre de no saber si arranca o no. Y son causas que ya vienen demoradas. Como otras en que demoraron dos años en fijar las fechas, como sucedió con el que se está haciendo ahora de las brigadas por el Pozo de Quilmes, Banfield y El Infierno”, cuenta Pablo Llonto a El Argentino.

Enumera “causas pendientes”, sin disimular el malestar, lanza: “Está el juicio de apropiación de bienes de los detenidos-desaparecidos de la ESMA, que está hace mucho tiempo elevado a juicio, pero el Tribunal Oral Federal N° 5 no pone fecha”.

“Otra muestra de la falta de celeridad es que se fijan audiencias, donde nosotros pedimos que se pongan tres por semana, pero ponen una sola y en casos, hasta una cada 15 días. De esa manera, todo demora mucho más”, agrega. Para el autor de libros como La Noble Ernestina, La Vergüenza de Todos y El Juicio que no se vio, hay una postura clara, al considerar que “estos juicios de lesa humanidad no son prioridad para el Poder Judicial, que nada hace para nombrar a los jueces que faltan para constituir los distintos tribunales que deben encargarse de los juicios, entre otras cuestiones”.

Según calcula, “a 20 años de reiniciados los juicios, hay un 60% aproximadamente de procesos pendientes. En mi listado de las víctimas que yo represento, sólo un 40% tuvo un juicio y el resto todavía no. Estas cuestiones demuestran que la falta de celeridad en los juicios es el tema más grave porque lo que trae como consecuencia es que mueren testigos, víctimas, sobrevivientes, familiares y los imputados también. Entonces, la Justicia se transforma en una fantasía”.

La cuestionada Corte Suprema de Justicia de la Nación es el eje para resolver estas cuestiones y en tal sentido, recuerda que “como estos reclamos llevan años y años de demandas, en 2009 decidieron al recibir este cúmulo de quejas sacar una acordada donde decide la creación de la Comisión Interpoderes. Allí reúne a representantes de los tres poderes del Estado, se invita a las partes involucradas. Las fiscalías, defensas y querellas se plantean los problemas y se buscan soluciones, pero esto que mínimamente funcionaba, dejó de funcionar“.