Por Mara Laudonia

El «corralito» marcó el inicio del fin del gobierno de Fernando De la Rúa, y si bien se diseñó para intentar salvar el modelo de la Convertibilidad, basado en la paridad 1 a 1 del peso con el dólar, frenar la caída de las reservas, y evitar un default, sus efectos ocasionaron todo lo contrario.

El final gobierno de De la Rúa, aquel 20 de diciembre, marcó el fin de una era económica, signada por la Ley de Convertibilidad y las políticas del Consenso de Washington y el comienzo de una etapa caracterizada por una flotación «administrada» del tipo de cambio combinadas con medidas más heterodoxas.

Pero en la transición al nuevo modelo se desarrolló por medio de una secuencia de medidas económicas que significaron un ola de quiebras y un duro golpe al bolsillo de los ciudadanos, ahorristas, consumidores, inversores y lasa arcas del Estado.

El denominado «corralito» marcó el inicio del fin del gobierno de Fernando de la Rúa, y si bien se diseñó para intentar salvar el modelo de la Convertibilidad (basado en la paridad 1 a 1 del peso con el dólar) frenar la caída de las reservas, y evitar un default, sus efectos ocasionaron todo lo contrario.

El sábado 1 de diciembre, luego del cierre de una semana llena de versiones, corridas bancarias y un clima generalizado de desconfianza en la City porteña, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaba el congelamiento de los depósitos en dólares existentes en los bancos, que sumaban 16.000 millones de dólares en cajas de ahorro y alrededor de 42.000 millones en plazos fijos.

Con el «corralito» se buscó ponerle un tapón a la fuga de depósitos que había comenzado en octubre de 2000, en medio de la crisis política que generó en la administración de La Alianza con la renuncia del entonces vicepresidente, Carlos ‘Chacho’ Alvarez.

La fuga de divisas pasó por una efímera recuperación gracias al anuncio del «blindaje», y luego volvió a incrementarse a partir de marzo de 2001, con la renuncia del ministro de Economía, José Luis Machinea.

Con el propósito de aferrarse a su promesa de mantener la convertibilidad y evitar una devaluación, De la Rúa acudió a Cavallo, «el padre de la criatura» y mentor de esa norma que, en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem había establecido que, por cada dólar que ingresara a las reservas, se emitiría un peso.

En sus primeros meses de gestión, Cavallo logró un aparente respiro, cuando en junio del 2001 la salida de depósitos se aminoró en función de la reprogramación de la deuda pública conocida como «megacanje», pero sus beneficios tuvieron un corto alcance.

La última corrida comenzó en julio de ese año, y fue tomando velocidad. En agosto, el secretario del Tesoro de EEUU John Taylor, visitó la Argentina «preocupado» por la volatilidad de los depósitos bancarios.

Una vez más, la Argentina acudió al FMI para solicitar una ampliación del acuerdo de «stand by» pero tampoco así se frenó la fuga, como tampoco lo hizo un nuevo canje de deuda en dólares «compulsivo», por préstamos garantizados bajo ley nacional, a fines de noviembre, para las AFJP y bancos, entre otros. El ultimo manotazo de ahogado resulto entonces el «corralito», que estableció el 2 de diciembre de 2001, un límite de 250 pesos semanales para el retiro de fondos bancarios.

Hacia fines de ese año, los gobiernos provinciales, escasos de dinero, comenzaron a instaurar las denominadas cuasimonedas para pagar sueldos y contratos a proveedores. Eran una especie de bonos, que se usaron como moneda corriente para intercambio de bienes.

Entre 2001 y 2003 se habían emitido cuasimonedas por el equivalente a 2.500 millones de dólares, que fue finalmente el costo del rescate que pagó el Gobierno nacional para terminar con esos instrumentos, de los cuales el más difundido fue el Patacón, emitido por la provincia de Buenos Aires.

Cuando el puntano Adolfo Rodríguez Saá fue designado presidente (cargo en el que permaneció durante ocho días), el 23 de diciembre por la Asamblea Legislativa, se declaró la cesación de pagos de la deuda externa y, de esta forma, el país ingresó al default.

La medida afectó inicialmente a U$S 61.803 millones en bonos y títulos públicos bajo legislación extranjera, y a otros U$S 8.030 millones de otras obligaciones. En cambio, se mantuvieron los pagos con organismos multilaterales -U$S 32.400 millones- y los recientemente emitidos préstamos garantizados U$S 42.260 millones emitidos a bancos en el país y AFJP locales.

El 3 de enero de 2002, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, quien resultó el quinto presidente en menos de 15 días, se anunció que «la devaluación estaba descontada», y el encargado de implementarla fue el entonces ministro de Economía, Remes Lenicov.

Duhalde confirmó la devaluación apenas un día después de haber pronunciado su memorable frase en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa: «El que depositó dólares recibirá dólares».

En tanto, las reservas del Banco Central eran de 9 mil millones de dólares, regían 14 tipos de cuasimonedas (el 65 por ciento del dinero circulante) y los bancos se encontraban «destruidos», según reconocía el propio Remes Lenicov.

Protestas ahorristas que perdieron ahorros de toda su vida. (Foto: Alejandro Belvedere)
El 6 de enero de 2002 se derogó la Ley de la Convertibilidad, que había estado en vigencia desde 27 de marzo de 1991.

En febrero de 2002, el Gobierno de Duhalde decidió convertir compulsivamente a pesos los depósitos bancarios en moneda extranjera, a una tasa de $1,4 por dólar.

Adicionalmente, se instauró el denominado «corralón», por el cual los depósitos a plazo constituidos hasta fines de 2001, incluyendo los pesificados y los originalmente pactados en pesos, fueron transformados en depósitos de plazo extendido, con vencimientos parciales que llegaban hasta 2005, lo que desató una ola de protestas ante las Justicia.

Asomó así una nueva economía, que tardó tiempo en ordenarse, y que le costó una deuda adicional al Estado argentino de casi 30.000 millones de dólares, en entre 2002 y 2005. Paradójicamente en este tiempo, el FMI pasó de ser prestamista de última instancia a cobrador de primera instancia.

En abril el 2002 tomaba la posta en Economía, Roberto Lavagna, quien negoció con el organismo un nuevo acuerdo bajo la presidencia de Néstor Kirchner y concretó tres años después la primera reestructuración de la deuda en default.

El nuevo modelo económico basado en la flotación administrada, comenzó a dar frutos a partir de 2003, cuando se logró, por un lado, algo inédito en la historia argentina reciente: el pago total de la deuda con el FMI, concretado a fines del 2005 por iniciativa de Kirchner.